Un presunto testaferro del fugitivo gobernador de Veracruz, Javier Duarte, adquirió una serie de propiedades en un barrio residencial de Houston, Texas, una prueba más de la importancia de Estados Unidos en el blanqueo de las ganancias obtenidas mediante la actividad criminal en México.
Debido a decenas de denuncias criminales contra él y sus subalternos, el exgobernador Duarte abandonó su puesto a mediados de octubre, sólo un par de meses antes de que terminara su período, y posteriormente pasó a la clandestinidad.
Los investigadores se han centrado sobre todo en el posible robo de dinero público por parte de Duarte. El Wall Street Journal informó recientemente que US$2,6 mil millones de transferencias federales a Veracruz continúan desaparecidos. Animal Político informó que las autoridades han identificado a 33 compañías fachada que recibieron cientos de millones mediante contratos del gobierno de Duarte sin haber proporcionado los bienes y servicios prometidos.
Duarte también ha sido acusado de fomentar vínculos con los carteles de la droga, presumiblemente recibiendo dineros de sobornos para permitirles moverse libremente en el estado. Un presunto comandante de Los Zetas le dijo a VICE News este año que Duarte inicialmente negoció un acuerdo con el grupo criminal, pero los traicionó por El Cartel de Jalisco.
En una aparición pública en el estado en el mes de mayo, el expresidente Felipe Calderón acusó a Duarte de darles a Los Zetas el control sobre los departamentos de policía estatal de Veracruz. El 23 de octubre, la revista Zeta informó que dos presuntos conspiradores en los supuestos esquemas de corrupción de Duarte también tuvieron vínculos con el crimen organizado, lo que sugiere que la infiltración criminal de su gobierno puede desempeñar un papel creciente en la investigación que se está adelantando.
Las investigaciones sobre Duarte han permitido identificar un puñado de presuntos testaferros, que al parecer han sido utilizados para esconder activos en México y Estados Unidos sin llamar la atención de la prensa, los funcionarios bancarios o los organismos de seguridad. Según Reforma, un abogado cuya identidad se reserva declaró el mes pasado ante el Departamento de Justicia de México que él participó en la creación de la red de testaferros de Duarte, lo que podría indicar que los funcionarios estarían cerca de descubrir los activos ilícitos del exgobernador.
Dos de esos personajes son el empresario veracruzano José Antonio Bandín Ruiz y su esposa Mónica Babayan. Aunque no son figuras importantes, Bandín Ruiz fue a la escuela secundaria con Moisés Mansur, un viejo amigo de Duarte que al parecer es otro de los testaferros. Esta relación fue al parecer suficiente para que Bandín Ruiz llamara la atención de las autoridades.
Los sitios web contra la corrupción en Veracruz han informado que los funcionarios judiciales mexicanos han iniciado investigaciones sobre los bienes de la pareja, que crecieron enormemente durante la gobernación de Duarte. Además de una mansión en el Estado de México y una casa de cinco dormitorios y 4.600 pies cuadrados en las afueras de Houston, los registros públicos de Texas muestran que Bandín Ruiz y Babayan han fundado casi 30 empresas dentro del estado.
Muchas de estas sociedades de responsabilidad limitada (conocidas en inglés como LLC: limited liability companies) se establecieron como una manera de adquirir propiedades en The Woodlands, el sector en las afueras de Houston donde Bandín Ruiz y su esposa poseen una vivienda a su nombre. Las empresas de bienes raíces tienen nombres que corresponden a sus direcciones; por ejemplo, 83 West Jagged Ridge LLC es la dueña de una casa ubicada en 83 West Jagged Ridge Circle y 87 West Jagged Ridge LLC es la dueña de una casa ubicada en 87 West Jagged Ridge Circle. Parece que todas estas sociedades de responsabilidad limitada fueron conformadas durante la gubernatura de Duarte, que comenzó en el año 2010.
Hay aproximadamente 17 empresas que corresponden a direcciones en The Woodlands. La mayoría son casas de tamaño moderado por valor de unos 100 mil dólares cada una. Algunos documentos relacionados con las compras de las casas están firmados por Bandín Ruiz.
Las otras empresas de Bandín Ruiz aparecen vinculadas a diversas actividades económicas adicionales. Él y uno de sus socios, llamado Jaime Riverte, fundaron dos empresas aparentemente dedicadas a la construcción— Reban Safety LLC y Reban Construcción LLC. Él y su esposa tienen una serie de empresas similares, entre las que se encuentran Banba LLC, Banba Offices LLC y Banba Land and Development LLC.
Análisis de InSight Crime
Bandín Ruiz, el supuesto testaferro de Duarte, parece haber construido una red de activos en Estados Unidos valorados en millones de dólares. Si las suposiciones de que los activos forman parte de la fortuna presuntamente mal habida de Duarte resultan ser ciertas, sería sólo uno más de un creciente número de ejemplos de políticos mexicanos corruptos y de ganancias provenientes de las drogas que están siendo lavadas en Estados Unidos, especialmente en la región fronteriza.
Uno de los casos anteriores más destacados tiene muchas similitudes con el de Duarte: los fiscales de Texas han dedicado abundante tiempo en los últimos años investigando los activos pertenecientes al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y sus colaboradores más cercanos. Así como Duarte, Moreira ha sido acusado de robar dinero del estado y de aceptar sobornos de Los Zetas. Los fiscales han incautado una casa en San Antonio que pertenece a la suegra de Moreira; un centro comercial y una cuenta bancaria con más de US$2 millones que pertenecen a su extesorero, Héctor Javier Villarreal Hernández; y una cuenta bancaria con US$1,8 millones que pertenecían a Rolando González Treviño, un magnate de los medios de comunicación que movió dineros de Moreira. Villarreal Hernández y González Treviño se han declarado culpables de cargos criminales en Estados Unidos.
Los funcionarios estadounidenses también se han enfocado en dineros vinculados exclusivamente al crimen organizado. En 2012, por ejemplo, las autoridades federales incautaron una hacienda en Oklahoma, que tenía un establo con costosos caballos que habían ganado millones de dólares en carreras en la región fronteriza. Los caballos eran propiedad de José Treviño Morales, hermano del cabecilla de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño, que se encuentra actualmente bajo custodia. Según las autoridades, los caballos eran un mecanismo para lavar ganancias de Los Zetas.
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Estos casos, y muchos otros más que han llamado menos la atención, demuestran la creciente popularidad de Estados Unidos como un lugar para el lavado de dinero mediante activos físicos. Las razones para esta elección son obvias: está lejos de periodistas y funcionarios mexicanos encargados de supervisar a personas sospechosas de ser narcotraficantes y políticos corruptos, y los activos están consignados en dólares, lo que los protege del inestable peso, con la promesa de una sólida tasa de retorno. Además, las laxas leyes estadounidenses les permiten a los grupos criminales hacer uso de empresas fachada que permiten ocultar la verdadera fuente de los dineros sucios.
Las principales ciudades de Texas, como Houston y San Antonio, son algunos de los sitios favoritos debido a su proximidad a México y a la existencia de una élite social rica, lo que significa que la súbita aparición de un testaferro no llama la atención de sus vecinos. Como resultado, a pesar de estos duros golpes y a la mayor atención que Estados Unidos le está prestando a los dineros extranjeros en el sector inmobiliario, es probable que tales esquemas de blanqueo de capitales continúen existiendo.
Este es otro ejemplo de la desconexión entre Estados Unidos y México en materia de crimen organizado. No sólo las drogas pasan al norte, mientras el efectivo y las armas viajan hacia el sur, sino que además algunas de las ganancias criminales se mezclan con la economía legal mediante esquemas de blanqueo de capitales. Un mayor intercambio de inteligencia entre las dos naciones podría reducir las posibilidades de los criminales para utilizar a Estados Unidos para lavar sus ganancias mal habidas, aunque no está claro sí esto sería un uso racional de los recursos. Como InSight Crime lo ha observado previamente, aunque arremeter contra los dineros sucios puede hacer que el crimen organizado resulte menos atractivo para los criminales, no está claro si ayudaría a reducir la violencia, además de que dicho trabajo puede ser muy dispendioso.
Por el contrario, utilizar mejores estrategias de rastreo de las redes financieras ilícitas para dejar al descubierto a los políticos corruptos es un objetivo sin duda loable que podría mejorar la gobernabilidad mexicana y reducir la influencia del crimen organizado en el Estado. Y en casos como el de Duarte y Bandín Ruiz, sus deslices ponen sus activos al alcance de la mano de los funcionarios estadounidenses.
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