El Salvador sigue sin ser contundente ante las denuncias de que altos oficiales de su Policía han creado grupos criminales que, desde el seno de la institución, se han embarcado en ejecuciones extrajudiciales, agresiones sexuales e incluso extorsiones.
Estos casos volvieron a adquirir relevancia pública en El Salvador tras una investigación periodística de la Revista Factum que reveló cómo cuatro policías miembros de la las Fuerzas Especiales de Reacción El Salvador (FES) supuestamente participaron en tres asesinatos extrajudiciales, agresiones sexuales a dos adolescentes y al menos un caso de extorsión.
El reportaje también ahonda en la existencia de redes internas de comunicación, vía mensajería celular o redes sociales, en la que decenas de policías de alta intercambian información que podría estar ayudando a facilitar asesinatos de pandilleros o a la contaminación de escenas del crimen para hacer pasar ejecuciones como muertes por intercambio de disparos.
Tras la publicación, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, anunció el arresto de los cuatro policías involucrados y la apertura de un expediente administrativo interno; también dijo que había avisado a la Fiscalía General de la República sobre las investigaciones. El lunes, el fiscal general Douglas Meléndez anunció había abierto expedientes, pero no especificó si acusaría a los policías de algún crimen.
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En una resolución de medidas de protección para los periodistas salvadoreños que participaron en la investigación —quienes empezaron a recibir amenazas desde sitios de Internet controlados por policías o incluso gestionados desde el Organismo de Inteligencia del Estado, pocas horas después de la publicación—, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos estableció que las revelaciones sobre el grupo de exterminio incrustado en la FES coinciden "con hallazgos de investigaciones independientes que la Procuraduría […] ha realizado en los últimos años sobre la actuación de la PNC y la actuación de algunos de sus miembros en […] ejecuciones extrajudiciales."
No es la primera vez que los titulares de la Policía y la Fiscalía dicen que abrirán expedientes por este tipo de casos. Pero si es la primera vez que un caso así involucra directamente a la FES, la unidad élite de la PNC creada por la administración del presidente Salvador Sánchez Cerén, con el mandato explícito de combatir a las pandillas; y es la primera vez que un caso arroja serias dudas sobre los alcances de la cadena de mando en actividades ilegales.
Autoridades de la PNC han explicado a InSight Crime que la cadena de mando de la FES incluye al jefe de la fuerza de reacción y al subdirector de áreas especializadas de la Policía.
Hasta ahora, las investigaciones abiertas no han culminado en condenas judiciales firmes o en la destitución definitiva de agentes u oficiales involucrados en los delitos.
Los primeros señalamientos contra la PNC durante la administración de Salvador Sánchez Cerén llegaron en julio de 2015, cuando El Faro publicó un amplio reportaje sobre una masacre perpetrada en la finca San Blas, en el central departamento de La Libertad, por miembros de la Policía.
Luego llegaron más denuncias periodísticas, de La Prensa Gráfica sobre otra matanza en Panchimalco, en las afueras de la capital; y también de Factum sobre el asesinato a manos de Policía en la zona montañosa de Zaragoza de un hombre discapacitado.
En todos esos casos la respuesta del Estado salvadoreño fue muy vaga.
Análisis de InSight Crime
La sombra de los grupos de exterminio lleva mucho tiempo posada sobre la administración de Salvador Sánchez Cerén, del Frente Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que inició su periodo en 2014 con una política pública hacia el problema de las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, que incluyó diálogos secretos con líderes de ambas agrupaciones.
Algunas de esas conversaciones, según han revelado InSight Crime, Factum y El Faro, incluueron tratos con líderes pandilleros a los que el sistema político, el partido en el gobierno incluido, ofrecían dinero a cambio favores electorales.
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Muy pronto, sin embargo y sin desechar del todo las pláticas subrepticias con las pandillas, el gobierno optó por la vía de la confrontación directa y la creación de unidades élite de choque para perseguir a los pandilleros en los barrios, pueblos y ciudades sobre las que ambos grupos ejercen control territorial. Una de las principales herramientas para estos fines han sido las fuerzas especiales de la Policía agrupadas, junto a miembros del Ejército, en la FES.
El despliegue de la FES se dio, además, en el marco de las medidas extraordinarias de seguridad impulsadas desde la Asamblea Legislativa, con el empuje del Ejecutivo, las cuales incluyen el uso indefinido del Ejército en labores de seguridad pública, la restricción de beneficios carcelarios, y la ampliación de los plazos de flagrancia en casos relacionados con las pandillas, a las que la Asamblea previamente había declarado organizaciones terroristas.
Poco después del despliegue de la FES empezaron a surgir denuncias de que algunos policías estaban ejecutando pandilleros y, con la anuencia de mandos medios, alterando las escenas del crimen para hacer pasar las ejecuciones por enfrentamientos o tiroteos.
Desde 2015, como producto de esta política, los supuestos choques armados han ido aumentando en El Salvador. Entre enero y el 21 de agosto de este año, 293 pandilleros murieron en 346 intercambios de disparos, según confirmó el director Cotto. Ningún policía falleció en esos enfrentamientos, pero 17 agentes y oficiales han muerto a manos de pandilleros en 2017.
Tras las primeras publicaciones periodísticas empezó a surgir también preocupación en organismos internacionales por la posibilidad de que el gobierno salvadoreño estuviese tolerando o incluso alentando una política de exterminio.
Los funcionarios de la administración Sánchez Cerén siempre dijeron que se trataba de casos aislados y que los grupos de exterminio estaban formados, casi siempre, por civiles a los que apoyaban policías descontrolados. Las autoridades han negado siempre que se trate de una política institucional o, mucho menos, de una política de Estado. El mismo vicepresidente Ortiz repitió la frase este lunes 28 de agosto en un programa de radio.
Pero esta vez las revelaciones son más serias y hablan con claridad de que los supuestos autores de los crímenes denunciados forman parte de un grupo que actúa orgánicamente desde el seno de la Policía; aún más: actúa desde el seno de una unidad élite dotada de recursos extraordinarios y supervisada directamente incluso desde la Presidencia de la República.
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