Por primera vez los fiscales acusaron al expresidente de Brasil Luiz Inácio "Lula" da Silva por su participación directa en una estructura de corrupción de amplio alcance, lo que plantea varias preguntas sobre el grado de participación del antiguo líder en la estafa.
El 14 de septiembre el Ministerio Público de Brasil anunció que Lula está acusado de "organizar y comandar un esquema ilegal de pagos de sobornos en beneficio de partidos y dirigentes políticos y servidores civiles".
Según el comunicado de prensa de los fiscales, el objetivo de la estratagema era "usar parte de las coimas para comprar el respaldo de los partidos en el Congreso y así garantizar la perpetuación de su partido en el poder".
Investigaciones anteriores revelaron que ejecutivos de la estatal petrolera Petrobras expidieron contratos públicos inflados a varias empresas a cambio de comisiones ilícitas, algunas de las cuales se lavaron y canalizaron a campañas políticas. Gran número de directivos de empresas y políticos, incluido el actual presidente de Brasil Michel Temer, se han visto implicados en el escándalo de corrupción.
Anteriormente Lula había estado vinculado a un caso similar de corrupción política, conocido como el "mensalão" o "mensualidades". En ese caso, dirigentes del Partido de los Trabajadores (Partido dos Trabalhadores - PT), de Lula, fueron acusados de usar dineros públicos para la compra de votos de miembros del congreso.
El confidente de Lula por largo tiempo y exministro jefe de la cámara civil José Dirceu fue sentenciado en 2012 a casi 11 años de cárcel por su participación en el esquema de las mensualidades. Este año, Dirceu fue condenado y sentenciado a 23 años de cárcel por su participación en el escándalo de Petrobras.
En una imputación de 149 páginas (pdf) dada a conocer el 14 de septiembre, los fiscales describen los esquemas de las mensualidades y de Petrobras como dos "caras de la misma moneda", alegando que Lula estaba en el "vértice de diversos esquemas criminales", que no solo implicaron a Petrobras, sino también a otros organismos del gobierno.
Según la acusación, Lula usó su posición como presidente entre 2003 y 2010 para nombrar en importantes cargos de gobierno a participantes en el esquema de corrupción. Allí, podían aceptar sobornos para su enriquecimiento personal, mientras canalizaba parte del dinero a un “fondo general" para comprar favores políticos y cubrir los costos del ocultamiento de su origen ilícito.
Uno de los principales indicios que los fiscales señalan como evidencia de la culpabilidad de Lula es la presunta aceptación de un trabajo de construcción por valor de US$1,1 millones en un apartamento frente al mar en el estado de São Paulo, que era propiedad de la firma constructora OAS y fue renovado por ella misma, una de las principales empresas acusadas de participar en el escándalo de Petrobras.
En conexión con el caso de Lula, los fiscales también acusaron a su esposa Marisa Letícia; al director de su fundación de beneficencia, Paulo Okamotto, y al expresidente de la OAS Léo Pinheiro, junto con otros, por sobornos y lavado de dinero.
El mismo Lula enfrenta acusaciones de lavado de dinero relacionadas con denuncias de ocultamiento de la propiedad del apartamento de São Paulo. De manera separada, también se ha acusado al expresidente de obstrucción de la justicia por su presunta conspiración para que un testigo de la investigación de Petrobras limitara su testimonio sobre el esquema de corrupción.
En todos estos casos, Lula ha negado cualquier delito. En cuanto a las últimas acusaciones, sus abogados las describieron como "habladurías" carentes de pruebas, informó Financial Times.
"Es una versión totalmente incompatible con la realidad y con los hechos", afirmó uno de sus abogados, y añadió que Lula y su esposa "no tenían idea, ni siquiera participación, en ningún esquema criminal".
Okamotto, director de la fundación de Lula, también negó los cargos.
El expresidente de la OAS Pinheiro ha admitido la comisión de delitos, y hace poco prometió divulgar los detalles, "sin importar quién haya al otro lado".
El juez federal brasileño encargado de la investigación de Petrobras, Sérgio Moro, debe decidir si acepta o no las acusaciones de los fiscales antes de que avancen. Según las notas de prensa locales, Moro, quien se encuentra en Estados Unidos para dictar una conferencia en la Universidad de Pennsylvania, tomará la decisión esta semana.
Análisis de InSight Crime
La acusación de que Lula creó y dirigió una red de corrupción masiva y multifacética con el objetivo de mantener a su partido en el poder ha ocupado los titulares internacionales. Y parece que hay evidencia convincente de deshonestidad al aceptar presuntamente más de US$1 millón en labores de remodelación en el apartamento de São Paulo. Pero lo que no es tan convincente es el argumento de los fiscales de que Lula fue el autor intelectual del escándalo de Petrobras.
Uno de los periódicos más influyentes de Brasil, Folha de São Paulo, describió las acusaciones relacionadas con la obra de construcción como un "anticlímax" en comparación con la denuncia de haber dirigido un gran esquema de corrupción.
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En una editorial publicada el 15 de septiembre, el periódico escribió que no era "poca cosa ni excusable", si el expresidente aceptó de manera indebida servicios de una firma involucrada en actos corruptos. Pero, proseguía la editorial, "es extraño que, en un esquema descrito con tales hipérboles, la parate del 'comandante máximo’ se reduzca a cantidades menores que las obtenidas por "individuos de menor talla política. Por ejemplo, el recientemente destituido vocero de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha fue acusado de aceptar varios millones de dólares en coimas relacionadas con los contratos de Petrobras.
La editorial del Folha de São Paulo concluía: "Sinceramente, no se sabe qué otras sorpresas tengan los fiscales en el bolsillo. Pero al menos por ahora, da la impresión de que, sin ser capaces de presentar evidencia más sólida contra Lula, la Procuraduría está tratando de llenar ese vacío con retórica".
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