TLCAN, libre comercio y la guerra mexicana contra las drogas

Sin aportar la menor evidencia, los habituales enemigos del libre mercado montaron una nueva campaña de mentiras acusando al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y en general a las políticas “neoliberales,” —que según ellos Estados Unidos obligó a México a adoptar— como la causa de la narco violencia.

Leí un fragmento del libro de Carmen Boullosa y Mike Wallace por publicarse próximamente titulado Una narco historia: cómo Estados Unidos y México crearon juntos la ‘guerra mexicana contra las drogas,’ cuya tesis es que el TLCAN abrió la puerta de Estados Unidos a las drogas de México al mezclarse con el comercio lícito, lo cual es falso.

Los autores no tienen idea de la dimensión económica del TLCAN, pero repiten todos los prejuicios que los detractores del libre comercio le han venido achacando a ese acuerdo comercial, y los insultos con las que una dogmática y desinformada izquierda suele atacar a la economía de libre mercado.

El texto relata la historia de cómo distintos presidentes de Estados Unidos fueron intensificando su guerra contra las drogas, y el éxito de Ronald Reagan en cerrar la ruta de ingreso de la cocaína desde Colombia por el Caribe y Florida, lo que obligó a los cárteles colombianos a utilizar la ruta mexicana para sus envíos.

El texto sigue la historia de cómo se desarrollaron los cárteles mexicanos que para 1984 controlaban el 90% de la cocaína hacia Estados Unidos que fluía por nuestro país, generando utilidades estimadas en US$ 5 mil millones. Estas cifras, como todas las vinculadas al narco, son más adivinanzas que estadísticas.

Los autores culpan a Reagan de adoptar la infamante obligación de “certificar” a los países por su cooperación con Estados Unidos en su lucha contra las drogas, cuando fue el Congreso quien estableció esa obligación al Ejecutivo. Así, México tenía que ser “certificado” para poder acceder a indispensables créditos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), evitando así el veto de Estados Unidos.

Hay que recordar que en 1982 el país entró en bancarrota gracias a los excesos populistas de Luis Echeverría (1970-76) y López Portillo (1976-82) que el texto ignora, al atribuirle toda la culpa al aumento en las tasas de interés acordado por el Fed para enfrentar su elevada inflación, lo que aportó a la debacle mexicana pero no fue su causa principal.

El pasaje glosado concluye que FMI y BM forzaron un programa de ajuste estructural en México para “privatizar servicios públicos, cortar programas sociales, abrirse a la inversión extranjera, y la cruel demanda de pagar préstamos e intereses. Tal chantaje… postulaba la inherente superioridad de los mercados sobre el Estado.”

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Es claro que los autores de tales disparates no tienen la menor idea que ante un déficit público del 20% del PIB —proveniente de las pérdidas de empresas estatales ineptas y corruptas—, no había otra opción que proceder a vender, cerrar o liquidar justamente las que no ofrecían servicios vitales, y solo drenaban al erario. No se cortaron programas sociales, al contrario, con los recursos ahorrados se fortalecieron.

En cuanto a pagar o no pagar la deuda externa, en esa época hubo dos casos diametralmente opuestos: Perú, con Alan García en su primera presidencia, se negó a pagar mientras México renegoció hasta cinco veces entre 1983 y 1989. El resultado fue mucho peor para Perú, en términos de estancamiento económico e inflación.

Queda claro que “la poeta” y el “historiador radical” —como sus biografías caracterizan a Boullosa y Wallace— no manejan muy bien los números pues ninguno de los que citan es remotamente cierto, como la supuesta pérdida de 800 mil empleos en los años ochenta, cuando en realidad —y a pesar de la crisis— se crearon más de dos millones.

Al observar la migración de trabajadores rurales a las ciudades y a Estados Unidos, los autores no entienden que hoy todavía el 17% de la población económicamente activa (en Estados Unidos es inferior al 2%) se encuentra vinculada al campo produciendo menos del 4% del PIB, lo que garantiza condiciones de miseria graves, por lo que esa migración no solo es indispensable que haya ocurrido sino que debe acelerarse hacia el futuro.

Haber desmantelado —por desgracia, solo parcialmente— el enjambre de subsidios y “apoyos” a los campesinos y permitido que finalmente sean cabales dueños de sus tierras, ha elevado la productividad del campo, que hoy produce y exporta mucho más de lo que se registraba en la era estatista, proteccionista e ineficiente que los autores añoran.

Este escrito repite la falacia que los campesinos maiceros de México fueron devastados por la importación de granos de Estados Unidos. Totalmente falso pues el maíz que se importa es amarillo y se utiliza casi exclusivamente para alimentar ganado porcino, que es una industria que ha florecido de manera espectacular. En México, hoy hay más campesinos produciendo maíz blanco para consumo humano de los que había antes del TLCAN.

Los autores afirman que los sindicatos fueron maltratados, lo que fue falso, y que se “ordenó una ofensiva contra las entidades más militantes,” lo que seguramente se refiere a la detención de Joaquín Hernández (alias La Quina), el corrupto líder del sindicato de trabajadores petroleros que había cometido todo tipo de crímenes y corruptelas que están bien documentadas. Por desgracia, las leyes laborales no se flexibilizaron entonces, como se asevera, sino hasta el año pasado y sólo parcialmente.

Las verdaderas causas de la narco violencia en México no tienen nada que ver con las políticas económicas que elevaron notablemente la competitividad de la economía, y son resultado directo de la prohibición de las drogas y de los regímenes políticos en el gobierno a partir del año 2000 que desmontaron los muy efectivos aparatos de seguridad nacional que mantenían la situación bajo control.

Esta es solo una pequeña muestra de una larga colección de disparates y falsedades que los socialistas repiten como merolicos para difamar la economía de mercado y que fueron a dar todas al texto glosado.

*Manuel Suárez es profesor en la Escuela de Servicio Internacional de American University en Washington DC. Tiene una amplia experiencia en el gobierno de México, donde trabajó como jefe de gabinete del gobernador del Banco de México y como negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la Iniciativa Mérida.