El fallo en el caso de la tregua pandillera ha decidido absolver a los 18 imputados argumentando que en numerosas ocasiones el expresidente Mauricio Funes y el exministro de Justicia, David Munguía Payés, fueron los verdaderos impulsores del acuerdo con las pandillas de 2012.
La lectura del fallo por el Caso Tregua terminó con abrazos y sonrisas entre el exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda, y quienes fueron sus empleados durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes. El juzgado Especializado de Sentencia A decidió absolver, la tarde de este 29 de agosto, a los 18 imputados por los delitos de introducción de objetos prohibidos a centros penales, falsedad ideológica y agrupaciones ilícitas en el marco de la tregua entre pandillas y el gobierno Funes que se mantuvo entre marzo de 2012 y mayo de 2013.
*Este artículo fue editado para mayor claridad y publicado con el permiso de Factum. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.
La Fiscalía General de la República (FGR) había pedido 18 años de prisión para Rauda y el exinspector general de Centros Penales Anílver Rodríguez. Para el exmediador con las pandillas Raúl Mijango, que no se presentó a la audiencia por problemas de salud, la Fiscalía pedía 12 años de prisión. Mijango fue absuelto, al igual que el subinspector de la Policía Nacional Civil (PNC), Roberto Castillo Díaz, para quien el ministerio público solicitaba 14 años de prisión.
Para el juez especializado de Sentencia A de San Salvador, la Fiscalía no pudo demostrar que los imputados actuaron de forma deliberada, sino que lo hicieron, según su fallo, atendiendo a sus labores y deberes como funcionarios del Estado; incluso en el caso del mediador Raúl Mijango, quien obtuvo un cargo especial adherido al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública durante el mandato del general David Munguía Payés. El juez también dijo que se había cometido una injusticia al acusar a los empleados de los consejos criminológicos pues solo cumplían con su deber y pudieron haber servido como testigos en el caso.
La declaración de Carlos Eduardo Burgos Nuila, alias "Nalo", el testigo miembro de Barrio 18 que presentó la Fiscalía durante la vista pública de este caso, no fue desacreditada, pero tampoco sirvió para lograr ni una sola condena. El fiscal general Douglas Meléndez y el exjefe de las unidades especializadas de la Fiscalía ya habían justificado que la declaración de Nalo solo se utilizaría para involucrar a los ya imputados –con lo que obviaban las reuniones entre pandilleros y representantes del Frente Farabundo Martí parala Liberación Nacional (FMLN) y la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA)- y que se reservaría la declaración de Munguía Payés, testigo en el caso, para continuar con una investigación paralela que tiene reserva.
La declaración de Nalo, que apunta a que los partidos le dieron a las pandillas miles de dólares en efectivo en el marco de las presidenciales de 2014, va en la línea de lo descubierto con publicaciones periodísticas hechas por El Faro y Revista Factum.
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Sin embargo, en la lectura del fallo, el juez argumentó a raíz del estudio de la prueba, que la tregua entre pandillas fue una política de seguridad elaborada durante el gobierno del expresidente Funes Cartagena. El fallo definió que la tregua se trataba de un plan elaborado, un diálogo que era corresponsabilidad del ministro de Justicia y el Presidente de la República, por lo que existían lineamientos entre ambos y que fueron "solidarios en ordenar y ajustar la tregua".
Ni Funes, autoexiliado en Nicaragua por una investigación fiscal por delitos de corrupción, ni Munguía Payés, actual ministro de Defensa, han sido acusados por delitos relacionados a la tregua.
¿Qué ocurrió entre junio y agosto de 2013, después del rompimiento de la tregua? ¿Hubo acercamientos con las pandillas antes de 2011? Esta es parte de la información que no fue aportada en el caso y que el juez valoró como decisiva porque el proceso de la tregua, "como acción de seguridad, la invadía al resto de las instituciones de seguridad".
El juzgador también señaló fallas de la investigación fiscal al no esclarecer el papel de la Policía Nacional Civil en la tregua y la falta de información que argumentó el entonces director de la Policía Nacional Civil, el general Francisco Salinas, quien fue presentado como testigo por la Fiscalía.
"¿Si los subordinados cumplen con dolo o no, las órdenes ejecutivas, qué ocurre con quien dio la orden, si era manifiesta la orden o si fue disfrazada?", pregunta el juez.
"Nelson Rauda Portillo, que era director [de Centros Penales] de la época fue acusado en la corte. Nelson Rauda no era el autor […] aquí el que tenía el dominio funcional, eran los encargados de la línea estratégica de la política de gobierno que se creó", añadió
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En este contexto, el juez dijo que "habría que determinar qué fue lo que ocurrió con esta línean con el director de la Policía de las épocas, qué órdenes había antes de la existencia en 2011 y posterior a junio de 2013. Son líneas de investigación que la representación fiscal debe investigar".
El representante fiscal aseguró que cuentan con documentación para arrojar la hipótesis planteada por el juez sobre la tregua urdida por Munguía Payés, el exministro de Justicia y actual ministro de Defensa. También declaró que no podrían hacer una evaluación jurídica antes de tener la sentencia escrita que se entregará el 21 de septiembre.
*Este artículo fue editado para mayor claridad y publicado con el permiso de Factum. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.
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