El nuevo presidente de Estados Unidos Donald Trump ha ordenado la construcción de un muro entre fronteras para impedir el paso de los que ha catalogado como los "vendedores de drogas, criminales y violadores" de México. Pero aunque Trump haya llevado el discurso xenófobo a un nuevo extremo en Estados Unidos, en lo que respecta al crimen organizado en el continente americano, no es el único en la posición de echar la culpa al vecino.
El 25 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva para la construcción de una "barrera física infranqueable" en la frontera entre Estados Unidos y México, informó la BBC.
La orden está diseñada para cumplir una de sus promesas de campaña más polémicas, pero de gran acogida: controlar la inmigración por la frontera sur de Estados Unidos. Durante su campaña, Trump acusó a los inmigrantes mexicanos de diversos males sociales, desde agresiones sexuales hasta desempleo, pero se centró en un aspecto sobre los demás: el crimen organizado.
"Tengo un mensaje para los vendedores de drogas, para los pandilleros y los carteles criminales: sus días están contados", anunció durante un mitin electoral en octubre en la Florida. "Cuando permitamos a ICE y a los agentes de la Patrulla Fronteriza y cuando les demos un hermoso y gran muro… evitaremos que las drogas envenenen a nuestros jóvenes y a otros".
La retórica incendiaria de Trump y lo simplista de su solución replanteó el debate sobre el crimen organizado y la inmigración en Estados Unidos, y no cabe duda de que echó leña al fuego a la aversión a los inmigrantes en el país. Sin embargo, está lejos de ser el único líder regional actual que culpa a la inmigración y a los extranjeros del crimen organizado. En toda la región pueden observarse ejemplos de políticos que dirigen hacia fuera la culpa de sus problemas de seguridad internos.
Justo el día anterior al anuncio de Trump, la ministra de seguridad argentina Patricia Bullrich justificó los nuevos planes de endurecimiento de las restricciones migratorias, culpando a los inmigrantes del narcotráfico y la violencia derivada de aquél, informó La Nación.
"Muchos ciudadanos paraguayos, peruanos y bolivianos trabajan como conductores, mulas y otros eslabones de la cadena del narcotráfico", señaló.
Bullrich también señaló que tanto peruanos como paraguayos van a Argentina y "y se terminan matando por el control de la droga". La ministra al menos le ahorró el estigma a su otro blanco: "Los bolivianos [...] no tanto", añadió.
Los comentarios de Bullrich siguen a varios años de pánico en los medios y la política por el influjo de colombianos al país. En este periodo, se ha catalogado a Argentina como "nido de sicarios" y "dormitorio" y "paraíso" para el crimen organizado colombiano.
Los comentarios de Bullrich y sus planes para la inmigración imitan los planteados por el expresidente chileno Sebastián Piñera hace pocos meses. En noviembre, Piñera también abogó en su campaña por leyes migratorias más estrictas para enfrentar al crimen organizado, según La Tercera. El expresidente aseguró que muchas pandillas en Chile estaban formadas por extranjeros y declaró que la actual política migratoria "termina importando males como la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado".
Sin embargo, el eco que más se ha acercado a los extremos a los que ha llegado Trump de atribuir la culpa a los extranjeros la ha dado por largo tiempo otro populista nacionalista reconocido por desdeñar hechos evidentes: el presidente venezolano Nicolás Maduro.
Desde su llegada a la presidencia en 2013, Maduro ha atribuido la culpa de la crisis de seguridad y la inestabilidad política en Venezuela a su vecina Colombia. Maduro ha acusado a los colombianos de "fascistas" y "paramilitares" por todo, desde el narcotráfico hasta las protestas sociales, y los ha acusado de maquinar asesinatos políticos. En 2015, el presidente incluso recurrió a cerrar la frontera y expulsar del país a migrantes colombianos, en lo que afirmó que era una acción contra los "paramilitares".
Análisis de InSight Crime
El crimen transnacional organizado es por definición un problema que atraviesa fronteras, y por lo tanto algo de cierto hay en las afirmaciones sobre la influencia de criminales extranjeros en muchos países. Es cierto que los carteles mexicanos de la droga operan en Estados Unidos; los grupos armados colombianos mantienen presencia en las regiones fronterizas de Venezuela; y narcotraficantes de Colombia, Paraguay, Perú y Bolivia usan todos a Argentina como ruta de tránsito para el tráfico. Además, no cabe duda de que la porosidad de las fronteras y la laxitud de las políticas migratorias son aprovechadas por el crimen organizado.
Sin embargo, el control de fronteras y de inmigración son apenas una pequeña parte de una combinación de complejos factores y condiciones que determinan las acciones y el éxito del crimen organizado transnacional. Es bastante improbable que las políticas migratorias propuestas por Trump y sus homólogos latinoamericanos tengan un impacto fuerte en las operaciones del crimen organizado, y sería ingenuo creer que este es su principal objetivo al confundir inmigración con crimen.
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Echar la culpa "al otro" en la forma de minorías o extranjeros ha sido por mucho tiempo una táctica recurrente de líderes y movimientos políticos, especialmente nacionalistas, una que se usa muchas veces no solo para aunar respaldos contra un enemigo común, sino también como distractor de los fracasos de un gobierno. Es probable que los casos que hoy en día presentan Trump, Maduro y Bullrich no sean distintos.
En Estados Unidos, por ejemplo, los carteles mexicanos operan no porque las leyes migratorias sean laxas, sino porque Estados Unidos sigue siendo de lejos el mayor consumidor de estupefacientes del mundo, a pesar de décadas de políticas antidrogas represivas, en el país y hacia el exterior. En Venezuela y Argentina, el crimen organizado transnacional ha logrado convertir a estos países en rutas de tránsito para narcóticos y en refugios para criminales más por la debilidad de los organismos de gobierno y los altos índices de corrupción que por la porosidad de las fronteras.
La retórica antiinmigración y el echar la culpa a los otros países no solo disfraza estas fallas nacionales; también resta valor a los complejos e importantes debates sobre cooperación transnacional en materia de seguridad que deberían estarse dando en los países de América a nivel nacional y transnacional. La simple atribución de culpa a una masa de extranjeros socava la cooperación transnacional en materia de seguridad, no tiene mucho sentido desde una perspectiva legislativa y estigmatiza a grupos sociales ya marginados.
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