El arresto, en el mes de marzo, de altos funcionarios de la ciudad de Itatí, en la provincia de Corrientes, al norte de Argentina, en límites con Paraguay, permitió descubrir que el flujo de drogas paraguayas ha corrompido a las instituciones locales. Pero las revelaciones en torno a la gran operación de narcotráfico permitieron identificar actividades corruptas mucho más allá de la ciudad fronteriza y en toda la provincia de Corrientes, cuya posición geográfica la han hecho atractiva para el tráfico de drogas hacia el sur, a los mercados de consumo urbano de Argentina.
Entre las 23 personas detenidas durante un masivo despliegue de fuerzas de seguridad el 14 de marzo, se encontraban el alcalde de Itatí, Natividad "Roger" Terán, el vicealcalde Fabio Aquino, y el jefe de la policía, Ocampo Alvarenga.
Los tres funcionarios fueron acusados formalmente el 11 de mayo, junto con otros 25 sospechosos, por su presunta participación en una asociación criminal dedicada al tráfico de marihuana, informó La Nación. Sus casos están en curso.
Según La Nación, la acusación sostiene que el alcalde y el vicealcalde, que supuestamente financiaron su campaña con dineros del narcotráfico, eran los encargados de "coordinar parte de las maniobras destinadas a la movilización de los narcóticos y de oficiar a favor de los miembros de la asociación para lograr su impunidad".
Perfil informó que Terán coordinaba acciones con un narcotraficante local que dirigía la red de Itatí, Luis Saucedo, alias "Gordo", para luego dar órdenes al vicealcalde Aquino, quien ejercía como intermediario con Alvarenga, el jefe de la policía. Sin embargo, en una llamada telefónica interceptada, se escucha que el alcalde le pide directamente al jefe de la policía que libere a los dos narcotraficantes, a cambio de gasolina para las patrullas de la policía.
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La alcaldía y la policía no parecen ser las únicas dependencias contaminadas por la corrupción relacionada con la marihuana. El más importante capo de la zona, Carlos "Cachito" Bareiro, que supuestamente opera desde la cárcel, "le da trabajo a todo el mundo" en Itatí, según un testimonio judicial divulgado por Perfil.
"Tenían todo arreglado" con las fuerzas de seguridad locales y federales que trabajan en la zona, dijo otro testigo, informó Clarín.
Pero la corrupción no se presentó exclusivamente en Itatí.
La investigación que condujo a los arrestos en Itatí realmente surgió a raíz de un operativo en torno a una operación de distribución de drogas al por menor en un barrio popular en las afueras de la capital, Buenos Aires. Las investigaciones se ampliaron a medida que las autoridades siguieron el rastro de la ruta de la marihuana hacia la ciudad en la frontera norte.
Para llegar a los mercados de consumo de las grandes ciudades como Buenos Aires y Rosario (donde el grupo debía lidiar con una de los más infames bandas de narcotraficantes de Argentina, Los Monos), la marihuana debía pasar por gran parte de la provincia de Corrientes.
Y así como la estratégica ubicación de Itatí como punto de entrada de Paraguay a Argentina condujo a la profunda infiltración de los criminales entre las autoridades locales, un creciente cuerpo de evidencia sugiere que el flujo de drogas a través de Corrientes también ha promovido la corrupción en toda la provincia.
Análisis de InSight Crime
La profunda y generalizada corrupción se puede explicar en parte por la magnitud del esquema de tráfico. Situada a pocos kilómetros de las riveras de Paraguay en el río Paraná, Itatí les ofrece a los contrabandistas una conveniente ruta para el contrabando transfronterizo: desde las zonas rurales de Paraguay, el mayor productor de marihuana en Suramérica, a los grandes mercados urbanos de la droga en Argentina.
El río Paraná, una de las principales rutas para el tráfico de marihuana, se extiende a lo largo de Corrientes, desde la frontera hasta los grandes centros urbanos de Argentina. Y a pesar de que Corrientes comparte 320 kilómetros de frontera fluvial con Paraguay, la presencia de las fuerzas de seguridad es escasa y el río Paraná está repleto de pequeñas islas que, según los informes, son usadas por los traficantes para almacenar marihuana. Además, los cargamentos terrestres que parten de Misiones, la provincia adyacente hacia el noroeste, normalmente pasan a través de Corrientes.
La red de traficantes de Itatí supuestamente utilizaba una flota de barcos para transportar entre seis y 15 toneladas de marihuana por semana, llevándola a siete de las 23 provincias de Argentina. Esto permite suponer que el grupo transportaba cientos de toneladas de marihuana por año y que en el negocio intervenían cientos de millones de dólares, según las estimaciones de los precios de la marihuana en Argentina.
Cecilia Di Lodovico, periodista de la sección de seguridad de Perfil, le dijo a InSight Crime que la corrupción fue fundamental para garantizar el buen funcionamiento del esquema de tráfico.
"La pregunta es: cómo logra pasar la droga todos los controles desde el extremo del país hasta el centro? Las bandas que se asientan en Corrientes, evidentemente, son brazos de otras organizaciones que a asientan en las ciudades, que deben contar con la connivencia de sectores públicos".
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Los organismos de seguridad parecen estar especialmente afectados por esta corrupción generalizada, así como lo está el poder judicial, aunque en menor medida. Hubo elementos corruptos tanto en la policía local de Itatí como en la policía estatal y en destacamentos de las tres fuerzas federales en la zona. Dos policías federales fueron acusados de robar drogas con el fin de revenderlas, informó Infobae. También hay sospechas en torno al juez federal Carlos Vicente Soto Dávila, quien al parecer sistemáticamente retrasó o archivó los procesos judiciales contra algunos sospechosos de la red de tráfico de Itatí. Según La Nación, el juez ha negado todas las acusaciones, pero ha sido retirado de al menos siete casos de narcotráfico.
Los efectos de la corrupción relacionada con el narcotráfico han llegado incluso a la gobernación. El gobernador de Corrientes, Horacio Ricardo Colombi, está siendo investigado por interferir con una operación antinarcóticos en diciembre de 2016 en la ciudad de Goya, que también se encuentra localizada en Corrientes sobre el río Paraná. Colombi viajó más de 200 kilómetros desde la capital de la provincia hasta Goya, con el fin de detener la operación y entrevistar a dos testigos, informó Perfil. Antes de su llegada, Colombi le ordenó a la policía de Corrientes que retrasara la ejecución de órdenes de allanamiento llevadas a cabo por agentes enviados desde la vecina provincia de Santa Fe.
Además de su ubicación geográfica, hay factores socioeconómicos que también puedan estar promoviendo el narcotráfico y facilitando la corrupción en Corrientes. Lucas Manjon, director de la unidad investigativa de la organización sin ánimo de lucro argentina Fundación Alameda, le explicó a InSight Crime que las políticas económicas instituidas por el presidente Mauricio Macri han favorecido el tráfico de cocaína a través de Argentina.
"Las incautaciones en puertos y aeropuertos siguen en niveles muy bajos… Sumando al análisis que el gobierno decidió impulsar un proceso concentrado de exportar alimentos, cereales y productos típicos de Argentina, eso aumento el nivel de circulación en los puertos de barcos, como así también de mercadería legal e ilegal", dijo Manjon.
Añadió que Corrientes tiene una importante industria agrícola y señaló la aparición de nuevas rutas que ubican a Corrientes como un punto de entrada de la cocaína boliviana que pasa por Paraguay, mientras que las rutas tradicionales de la cocaína entran a las provincias del noroeste de Argentina en límites con Bolivia.
Pero a pesar del lucrativo flujo de drogas a través de Corrientes, una alta proporción de la población de la provincia sigue viviendo bajo la línea de pobreza, lo que, según Manjon, favorece la impunidad de los funcionarios corruptos.
"La pobreza lo que genera es un nivel de dependencia estructural de los mas humildes, con los sectores de todos los poderes del Estado, los cuales muchos se encuentran totalmente corrompidos por el crimen organizado. Esto genera que la sociedad no encuentre instituciones que pueda defender sus derechos y castigar a las personas que intentan aprovechar esa vulnerabilidad", dijo.
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