¿Qué hay detrás de las últimas reformas policiales en Venezuela?

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A principios de este mes, el presidente Nicolás Maduro anunció una “Revolución Policial” que busca “purificar” los 141 cuerpos policiales del país. El anuncio fue motivado por el reciente asedio en Quinta Crespo y el asesinato de alto perfil de Robert Serra, eventos que han puesto una vez más el abuso policial y la violencia en el centro de la atención pública.

La “revolución policial” podría ser un movimiento superficial que pretende desviar las críticas al gobierno. De hecho, una amplia pero polémica reforma policial dirigida por civiles que comenzó hace cinco años ha sido revertida lentamente por la administración de Maduro.

Aunque también es posible que los más recientes casos de mala conducta policial hayan revitalizado la reforma iniciada hace cinco años por el gobierno de Chávez.

Como parte de la “revolución” Maduro creó una Comisión Presidencial, a la cual llamó a “enfrentar las mafias que se han inoculado en cuerpos de policías”. La comisión tiene desde el 1 de noviembre hasta abril del próximo año para investigar y posiblemente reestructurar la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), y los cuerpos de policía municipales y estatales.

Una versión de este artículo apareció originalmente en el blog Política de Venezuela y Derechos Humanos de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y fue traducido con permiso del autor. Vea el artículo original aquí.

Lo que la Comisión Presidencial ha propuesto hasta ahora no es nada “revolucionario”…

Freddy Bernal, exalcalde de Libertador -el municipio más grande de Caracas- y representante de la Asamblea Nacional, fue nombrado jefe de la comisión. En el pasado Bernal también encabezó la comisión parlamentaria para el desarme de la Asamblea Nacional en 2010.

Bernal era un leal partidario de Chávez y ha sido un miembro activo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Pero, más importante todavía, Bernal sirvió como oficial de alto rango en la Policía Metropolitana y ayudó a organizar el Grupo Ceta, una de las unidad tácticas especializadas.

La experiencia de Bernal como oficial podría tener como objetivo evitar las quejas –frecuentes entre los oficiales- de que los reformistas son idealistas y están fuera de sintonía con la realidad de la policía; y, por lo tanto, podría dar a esta reforma policial la legitimidad que la faltaba a la anterior reforma dirigida por civiles.

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Lo que la Comisión Presidencial ha propuesto hasta ahora no es nada “revolucionario”, si el término se utiliza para referirse a una ruptura radical con el pasado. De hecho, la mayor parte de las estrategias que han sido anunciadas reflejan medidas -profesionalización de la policía, educación y reorganización- que ya habían sido propuestas en la reforma de 2009.

El 12 de noviembre la Comisión Presidencial informó la creación de cinco subcomisiones que se centrarán en estos temas.

Una de las subcomisiones se encargará de revisar, evaluar y simplificar las normas legales y los procedimientos policiales. La subcomisión “Perfil del Policía Bolivariano” revisará el plan de estudios y los materiales educativos utilizados por todas las fuerzas policiales.

Otra subcomisión estudiará la estructura orgánica de la policía. Una cuarta está orientada a la articulación con el “Poder Popular”, la recolección de sugerencias y reclamos de los ciudadanos. Y la subcomisión “Seguridad Integral de la Policía” será la encargada de velar y supervisar por la “seguridad social” y el bienestar de los funcionarios.

Según Bernal, “Queremos  que el policía, así como se arriesga en función de seguridad pública, sepa que hay un Estado Revolucionario que lo va a proteger desde que ingresa a la academia hasta que se jubila”.

Enfocarse en la profesionalización y preocuparse por el uso excesivo de la fuerza es un signo positivo.

La comisión ya ha iniciado sus actividades, comenzando con la evaluación de tres cuerpos de policía (la Policía de Caracas, del municipio Libertador, y dos policías municipales) y determinó que dos policías municipales serán absorbidas por policías estatales. Otras ocho policías recibirán “asistencia técnica” de la comisión.

Según la comisión, esta “intervención” es necesaria debido a la falta de “capacidad, formación e instrumentos para cumplir con el Plan Patria Segura”, el plan de seguridad actual del país. La policía de Libertador actualmente emplea sólo el 4 por ciento de los agentes necesarios para proporcionar un servicio adecuado en la densamente poblada zona. Adicionalmente, cada día hay más oficiales que se desempeñan como guardaespaldas personales (400) que agentes dedicados a patrullar y prevenir (entre 270 y 300).

El hecho de que el gobierno haya respondido a un caso tan visible de violencia policial con planes para investigar y abordar sus profundas causas es prometedor. Como hemos visto en el caso de Ferguson, Missouri, las respuestas oficiales a la brutalidad policial pueden catalizar aún más la violencia y la represión policial.

Y dada la remilitarización de la seguridad ciudadana que se ha visto en los últimos años, enfocarse en la profesionalización y preocuparse por el uso excesivo de la fuerza es un signo positivo.

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Sin embargo, ya han surgido algunas preocupaciones, en particular con respecto al papel de Bernal en la comisión. Bernal ha participado activamente en las iniciativas de desarme dirigidas por el gobierno. Sin embargo, en una rueda de prensa el 6 de noviembre, Richard Arteaga del partido Primero Justicia afirmó que Bernal tiene vínculos con grupos de ciudadanos armados y que no es apto para dirigir una comisión que debe promover el desarme.

El diario Tal Cual cuestionó el nombramiento en un artículo editorial, señalando que durante su mandato como alcalde, Bernal fue el encargado de supervisar a la policía municipal de Libertador, que tiene uno de los peores historiales de Derechos Humanos en el país.

Y, al igual que con la reforma anterior, esta comisión no tiene control en lo que respecta a reorganizar o reeducar a los oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que a menudo cumplen funciones policiales en el país y que están entre los violadores más frecuentes de los Derechos Humanos.

Tal vez la pregunta más urgente es si las recomendaciones que eventualmente serán formuladas por la comisión recibirán un apoyo consistente por parte gobierno, el cual es necesario para una reforma eficaz. Aunque fuertemente respaldada por el gobierno en un principio, el apoyo a la reforma de 2009 atenuó con los años, en parte porque no ha conseguido tener incidencia en el crimen.

El impacto de ésta puede ser visto en las cifras: En 2013, el 10 por ciento de los agentes de la policía de Caracas estaban bajo investigación por mala conducta. Y solo entre 2013 y 2014, 100 oficiales fueron expulsados por “conducta irregular”.

* Una versión de este artículo apareció originalmente en el blog Política de Venezuela y Derechos Humanos de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y fue traducido con permiso del autor. Vea el artículo original aquí.

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