Un panorama atroz enfrenta el proceso de paz en Colombia luego de captura de líder de FARC

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La osada captura de uno de los altos mandos de las FARC por cargos de presunto tráfico de drogas ha sacudido el proceso de paz en Colombia, develando los nexos entre un político de las FARC y grupos disidentes criminales que provocan estragos en el campo, y puede ahuyentar a más insurgentes de la reinserción a la vida civil.

El 9 de abril, las autoridades colombianas detuvieron a Seuxis Paucis Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, antiguo jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La detención fue producto de una orden de captura de la INTERPOL con base en un acta de acusación federal estadounidense abierta esta semana, que eleva cargos por presunto tráfico de drogas contra Santrich y varios cómplices.

Santrich y otros tres, todos “integrantes y cómplices” de las FARC, están acusados de conspirar para traficar 10 toneladas de cocaína (por valor de US$200 millones en el mercado estadounidense) hacia Estados Unidos. Los cuatro se encuentran bajo custodia y están requeridos en extradición.

Según una investigación de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia, los sospechosos afirmaron tener laboratorios de procesamiento de cocaína y aviones con matrícula estadounidense para el transporte de narcóticos, y ofrecieron muestras de cocaína a los potenciales compradores.

Santrich al parecer se proveía de la droga con Los Urabeños, guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una violenta disidencia de las FARC dirigida por “Guacho” en la frontera con Ecuador, informó Blu Radio luego de consultar a los investigadores colombianos y estadounidenses. El cartel de Sinaloa de México presuntamente hacía parte del esquema.

Presunta organización narcotraficante que involucraba a Santrich y a los demás acusados Crédito: Fiscalía General de la República de Colombia

Santrich es una de las caras más reconocibles de las FARC, y fue miembro del Secretariado General y de la delegación de negociadores que llegaron a un histórico acuerdo de paz en 2016, que incluyó una amnistía por delitos cometidos antes del acuerdo por los combatientes desmovilizados de las FARC. También protegió a sus miembros contra la extradición.

Luego del arresto de Santrich, el presidente Juan Manuel Santos reiteró que no extraditaría a ningún excombatiente de las FARC por delitos anteriores. Sin embargo, agregó, “Si, cumplido el debido proceso… hay lugar a la extradición por delitos cometidos después de la firma del acuerdo de paz, no me temblará la mano para autorizarla”.

Santos en su pronunciamiento luego del arresto de Santrich

Según el alto comisionado para la paz Rodrigo Rivera, Santrich puede presentar su caso al sistema de justicia transicional creado en el marco del acuerdo de paz, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que decidiría si los delitos fueron cometidos antes o después del acuerdo. Si la JEP determina que Santrich cometió los delitos luego de la firma del acuerdo de paz, quedaría excluido de los beneficios judiciales en los términos del acuerdo.

El acuerdo de paz dispuso 10 escaños en el nuevo congreso —que se estrena en julio— para los excombatientes de las FARC. Antes de la divulgación del acta de acusación, Santrich se aprestaba a asumir uno de esos escaños.

El secretariado de las FARC salió en apoyo de Santrich, al declarar que con el arresto el proceso de paz se encuentra en “su punto más crítico, y amenaza ser un verdadero fracaso”.

Análisis de InSight Crime

Es posible que la captura de una de las caras más visibles de las FARC tenga un efecto negativo en excombatientes que ya tienen dudas sobre el proceso de paz. Esto podría empujar a más desmovilizados a unirse a los grupos criminales de disidentes que están aumentando por todo el país.

Las FARC son penosamente conscientes de su vulnerabilidad en varios frentes. Docenas de excombatientes han sido asesinados en los últimos meses, y las autoridades están revelando nuevos mecanismos de las FARC para el blanqueo de activos, lo que también podría excluir a los miembros del proceso de paz.

Como ya lo había señalado InSight Crime, la amenaza de extradición a Estados Unidos en particular podría ser una línea roja para las FARC. Docenas de exinsurgentes —algunos ya muertos— tienen actas de acusación abiertas a lo largo de años y por ende pueden ser extraditados, lo que incluye al secretariado. Este prospecto puede llevar a muchos desmovilizados a volver a la clandestinidad.

Además, el presunto contacto de Santrich con una poderosa disidencia de las FARC puede generar especulación por los nexos entre combatientes criminalizados y sus antiguos comandantes. Si este no es un hecho aislado, las ambiciones políticas del grupo quedarían devastadas y pondrían bajo mayor escrutinio el proceso de paz, en especial el dinero concedido a los excombatientes de las FARC.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre Paz con las FARC

No es difícil hacer comparaciones con la extradición sorpresa de los comandantes paramilitares desmovilizados hace una década. Tras el acuerdo de desmovilización con el gobierno, los altos mandos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fueron detenidos y extraditados de improviso a Estados Unidos en medio de la noche, supuestamente por reincidir en los delitos. Su acuerdo también había prohibido la extradición, y la maniobra sembró dudas sobre el compromiso del gobierno con ese acuerdo.

Aunque la inminente extradición de Santrich también puede sacudir la confianza en los compromisos del gobierno, esta noticia es solo la última de una serie de golpes recientes a la legitimidad del acuerdo de paz con las FARC. Las autoridades descubrieron una estructura de sobornos en relación con los contratos del acuerdo de paz, un alto funcionario de la justicia transicional renunció, y muchos cultivadores de coca están indecisos sobre mantener o retirar su apoyo al acuerdo.

Los acontecimientos que restan legitimidad al acuerdo y al partido de la FARC bien pueden dar fuerza a la oposición política en las últimas semanas previas a las elecciones presidenciales. El candidato de derecha Iván Duque ya prometió “cambios estructurales” al acuerdo de paz, incluyendo los juzgados de paz, si resulta elegido.

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