A mediados de mayo, los habitantes de La Ruana y otros pueblos en el estado occidental de Michoacán en México, hicieron calle de honor en la carretera para animar la llegada de miles de soldados a su territorio. "Después de tres meses de combates, podemos dormir tranquilos en nuestras casas", comentó entusiasmado el líder de un grupo de gente del pueblo que habían formado un grupo de autodefensa para defenderse de los violentos carteles del narcotráfico que controlan la zona.
Normalmente, la declaración de una ley marcial de facto no sería algo que celebrar. Pero, en la región de Tierra Caliente en Michoacán, los residentes no ven otra opción. La llegada del Ejército Mexicano fue la primera señal en el año que el gobierno estaba haciendo algo para protegerlos.
Hace seis años, después de posesión en diciembre de 2006 del entonces presidente Felipe Calderón, Michoacán vio un despliegue de tropas similar, el comienzo de la dramática expansión a nivel nacional de la participación militar en la seguridad pública, que se vivió bajo el gobierno de Calderón. Las tropas ayudaron a acabar con el Cartel de la Familia Michoacana, el cual dominaba la zona en ese entonces. Pero luego, la mayoría fueron enviados a otros lugares, dejando atrás una policía corrupta y mal entrenada, y un sistema judicial ineficaz y sin fondos. Un nuevo cartel llenó rápidamente el vacío. Abandonadas por un estado totalmente penetrado por el crimen organizado, comunidades enteras fueron objeto de extorsión y actos de violencia diarios.
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Así que una vez más, el Ejército de México sirve como una fuerza policial de facto en Michoacán, patrullando los barrios, dirigiendo los controles de carretera, deteniendo e interrogando a sospechosos y cazando a los líderes del crimen organizado que son considerados "objetivos de alto valor." Parece no haber otras buenas opciones hoy en Michoacán, varios otros estados del país, y gran parte de Centroamérica, el Caribe y los Andes; donde las tasas de crímenes violentos han estado en una espiral ascendente desde los años noventa.
Pero, enviar tropas para hacer el trabajo de la policía o hacer cumplir las leyes contra las drogas es una mala opción. Es un último recurso, el reconocimiento de que el resto de las instituciones del gobierno han fracasado.
Ciertamente, los ejércitos tienen algunas ventajas sobre la policía civil. A diferencia de la abrumada policía, pueden "desplegarse" en los barrios asolados por la violencia, disuadiendo a los criminales son sólo su mera presencia física a través de patrullas y controles de carretera. Los soldados suelen tener una mejor disciplina, inteligencia y poder de fuego.
Pero los militares también traen consigo algunas desventajas a la lucha contra el crimen. La presencia de los soldados puede asustar a los criminales en un área, pero lo que sucede es que generalmente el problema se desplaza a otro lugar. Los soldados de combate no tienen la capacidad para investigar y resolver crímenes de los cuales no fueron testigos ellos mismos. Siendo acuartelados y rotando frecuentemente dentro y fuera, no tienen el conocimiento de las comunidades a las que son asignados para proteger. Ellos suelen carecer de la capacidad de las fuerzas policiales para responder rápidamente a las llamadas de emergencia. Carecen, también, de formación en las reglas de evidencia y el trabajo con el sistema judicial, haciéndolos inútiles para la difícil tarea de desentrañar las complejas redes del crimen organizado.
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En particular, enviar soldados entrenados para el combate para operar al lado de la población civil conlleva un gran riesgo de abuso de derechos humanos. Mientras que la policía está entrenada para proteger y servir a la población con un mínimo de violencia, los soldados están entrenados para derrotar a su enemigo con una fuerza abrumadora. Con este entrenamiento, tener tropas patrullando los barrios, buscando e incautando de bienes, capturando e interrogando a sospechosos y dirigiendo retenes, es invitar a un fuerte aumento en las violaciones de derechos humanos; como homicidios, torturas, agresiones físicas, violaciones y robo a la propiedad. Eso es lo que México ha experimentado desde que el gobierno de Calderón lanzó su primera ofensiva contra el crimen: la Comisión Nacional de los derechos humanos (el equivalente a la Defensoría del Pueblo en otros países) ha registrado un aumento de más de cinco veces en las denuncias de abusos a manos de las fuerzas armadas entre 2007 y 2011.
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Enviar militares para hacer el trabajo de la policía también cuestiona las débiles relaciones entre civiles y militares. Las fuerzas armadas cuentan con un poder mucho mayor de negociación, cuando los civiles dependen de los militares incluso para ser protegidos de sus conciudadanos. Se vuelve mucho más difícil decir "no" a los oficiales militares en temas como presupuestos, castigos a los abusos o corrupción, o impedirles asumir aún más funciones civiles. El equilibrio entre civiles y militares es una razón clave por la cual la ley estadounidense prohíbe estrictamente el uso del ejército para funciones policiales, salvo en circunstancias de emergencia extraordinarias (por ejemplo, los disturbios de Los Ángeles en 1992 o las consecuencias del huracán Katrina en 2005).
Si la policía, no obstante, ha fallado y el ejército es la única herramienta, ¿qué puede hacer México? El país debe primero proteger a sus ciudadanos, por lo que el despliegue de las fuerzas armadas en el muy corto plazo es mejor que no hacer nada. Pero el uso del ejército por sí solo no va a resolver los problemas de seguridad en México - e incluso podría empeorar las cosas en el mediano y largo plazo - si al mismo tiempo no se implementa, y financia, un plan creíble para reemplazarlo. Este plan debería incluir una revisión a fondo de la labor policial, profundas reformas al sistema judicial e impuestos sobre los ciudadanos más ricos para pagar el aumento de los costos, de manera que cuando se retiren las fuerzas armadas, dejen algo más - algo civil - atrás.
¿Tiene el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, quien asumió el cargo en diciembre de 2012, un plana así? Por desgracia, no. Luego de seis meses en el cargo y casi un año después su elección, el nuevo gobierno sólo ha presentado los esbozos de un plan.
Uno de los retos es la división de las responsabilidades de la policía en los niveles federal, estatal y municipal de México: sólo hay una cantidad policía civil que el gobierno central puede controlar. A nivel federal, Peña Nieto ha anunciado su intención de continuar el desarrollo de la fuerza de Policía Federal con 35.000 miembros (actualmente más pequeña que el Departamento de Policía de Nueva York), y la creación de una “Gendarmería” nueva que cuente con un personal de 50.000. Esta nueva fuerza, sin embargo, estará formada por personal que haya dejado el Ejército y la Armada, y no es claro aún cómo van a funcionar o qué tan diferente será su entrenamiento. Mientras tanto, la reforma judicial - más que todo una transición de estado por estado de un sistema escrito a uno de juicio oral - se mueve con gran lentitud, sigue sin obtener los recursos necesarios y en muchos estados es obstaculizada por la corrupción.
Un plan para reemplazar a las fuerzas armadas de México con civiles aún no está sobre la mesa. Tampoco está claro que esté obteniendo los recursos o apoyo político necesarios. Aunque, sin un plan creíble y bien financiado México estará condenado a repetir el escenario de Michoacán durante mucho tiempo. A medida que continúan los repetidos despliegues de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública, los daños ocasionados a los derechos humanos y las relaciones cívico-militares democráticas serán cada vez peores.
*Adam Isacson es el principal asociado para la política de seguridad regional de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Washington Office on Latin America - WOLA), una organización no gubernamental que promueve los derechos humanos, la democracia y la justicia económica y social en Latinoamérica y el Caribe. Este artículo fue publicado originalmente por el blog del Instituto Baker (Baker Insitute Blog), en el James A. Baker III Institute for Public Policy de la Universidad Rice (Rice University). Reproducido con permiso.
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