En una admisión de culpa extraordinaria que podría darle un vuelco al proceso de selección de un nuevo fiscal general, así como a varias investigaciones penales en curso, las élites más poderosas de Guatemala emitieron una declaración donde ofrecen disculpas por delitos cometidos en la última elección presidencial, incluyendo su participación en el financiamiento ilícito de la campaña del actual presidente.
“Como guatemaltecos, estamos acá dando la cara, asumiendo cualquier responsabilidad que hubiere y conscientes de las consecuencias de nuestras decisiones personales. Reconocemos, con humildad, que, sin saberlo, se cometieron errores”, dijeron ocho de los principales empresarios del país en una declaración obtenida por InSight Crime, que se leyó en voz alta durante una conferencia de prensa.
El comunicado se divulgó luego de otra conferencia de prensa, en la que representantes de la Fiscalía General y de su apéndice —avalado por la Organización de Naciones Unida—, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) revelaron la segunda fase de una investigación de presunta financiación ilícita, por parte de este grupo de empresarios, a la campaña presidencial de 2015 del actual mandatario Jimmy Morales.
Algunos de los firmantes hacen parte del influyente grupo conocido como el “G8”, una élite dentro de la élite que se piensa que desempeña un rol importante en decisiones políticas secretas, incluyendo ayuda en la designación de ministros y otros altos funcionarios de gobierno. Varios miembros del G8 también cumplen papeles destacados en una enorme agremiación industrial multiestamentaria conocida como el Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).
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Según un comunicado de la CICIG, el partido de gobierno al que pertenece Morales, durante la campaña el Frente de Convergencia Nacional (FCN), reportó ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) un gasto por 103.706 quetzales (unos US$14.000) en fiscales electorales, cargo centrado en la verificación de actividades de los votantes y tendencias electorales.
Pero los fiscales hallaron que el FCN gastó en realidad un total de 7.119.300 quetzales (alrededor de US$960.000) en fiscales electorales, lo que indica que el partido dejó de reportar al TSE más de US$900.000 en financiamiento para la campaña presidencial de Morales en 2015, según lo requiere la ley guatemalteca. Al menos una parte de este dinero no declarado provino de estos prominentes empresarios, y en su carta, ellos adujeron que lo hicieron, porque el FCN no tenía observadores electorales que “resguardaran la voluntad de cada voto”.
En un comunicado público, el presidente Morales contraatacó, negando cualquier acusación de financiamiento ilícito de su campaña en su aspiración presidencial de 2015 y atribuyendo las investigaciones a una motivación política.
“Están tratando de hacer que renuncie”, afirmó en una exaltada manifestación el 20 de abril. “Pero no van a hacer que renuncie”.
Es la segunda acusación en este caso. La primera se conoció en agosto de 2017 cuando la Fiscalía General y la CICIG afirmaron que el partido político no reportó ante el TSE otras contribuciones recibidas en la campaña presidencial de 2015. Los hallazgos iniciaron una crisis política en Guatemala durante la cual Morales trató de expulsar del país al comisionado de la CICIG Iván Velásquez, si bien la Corte de Constitucionalidad bloqueó la medida.
La investigación sobre el presunto financiamiento ilícito de la campaña del FCN se derivó del llamado caso “Corrupción y construcción”, que acusa al exministro guatemalteco Alejandro Sinibaldi Aparicio de haber recibido millones de dólares en coimas de empresas de construcción privadas, dinero que se canalizó por medio de empresas fachada, a cambio de tratamiento preferencial en contratos de obras públicas y con el gobierno.
El financiamiento ilícito de campaña ha sido una prioridad para el Ministerio Público y la CICIG en los últimos años. El tema fue central en el caso “Cooptación del estado”, que implicó al entonces presidente Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta Roxana Baldetti. Posteriormento fueron encarcelados y están siendo juzgados por este y otros delitos.
Los fiscales también abrieron una investigación al partido político de izquierda del país, la Unidad Nacional de Esperanza (UNE) y un partido político ahora extinto, conocido como Líder.
Análisis de InSight Crime
Un caso como el que se desarrolla contra el presidente Morales y el FCN podría darle un vuelco al proceso de selección del nuevo(a) fiscal general y tener impacto en las numerosas investigaciones de alto perfil contra élites políticas y empresariales por igual. Un comité de 15 juristas ha elegido seis candidatos para presentar al presidente, quien tendrá la última palabra en los próximos días. El anuncio de la segunda parte de la investigación sobre el financiamiento de la campaña de Morales le recuerda al presidente el riesgo legal que enfrenta.
Morales parece saberlo. En sus primeras declaraciones públicas desde el anuncio de la segunda parte del caso del FCN, Morales dijo que aún hay preguntas sobre si la presencia de la CICIG viola la constitución.
Por su inmunidad como presidente, el caso contra Morales no puede ir más lejos sin aprobación del congreso. Pero es posible que las élites guatemaltecas que participan en corrupción estén tomando nota de la agresividad con la que el Ministerio Público y la CICIG han seguido la investigación sobre el financiamiento de campaña de Morales.
Como lo informó InSight Crime en una investigación reciente, los intereses de la élite ya han estado haciendo sus movidas para influenciar la elección del nuevo(a) fiscal general con la esperanza de designar a alguien menos dispuesto a actuar con dureza sobre la corrupción de alto nivel.
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El Ministerio Público y la CICIG pueden presentar una propuesta para revocar la inmunidad a Morales, pero es improbable que los legisladores la apruebe. Hace solo unos meses, el congreso votó para preservar la inmunidad de Morales luego de la primera ronda de denuncias de corrupción y financiamiento ilícito de campaña en su partido político.
Aunque el Ministerio Público y la CICIG no puedan seguir investigando a Morales, pueden abrir casos contra estos empresarios, entre los que se cuentan Felipe Bosch, presidente del centro de pensamiento más destacado de Guatemala, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA); Guillermo Castillo, jefe de una cervecería guatemalteca fundada hace más de cien años; y Jose Miguel Torrebiarte, secretario de Cementos Progreso.
No está claro si los fiscales tomarán esa dirección, pero la carta firmada por estos empresarios es un claro indicio de que están preocupados. Sin duda, puede ser simplemente una estratagema cínica de intereses corruptos para intentar mitigar las repercusiones de cualquier posible investigación futura o incluso de procesos judiciales en su contra.
Aunque estas personas han hecho ver en público que admiten sus transgresiones y piden perdón por ellas, es posible que se estén dando algunas conversaciones muy serias a puerta cerrada que puedan determinar la dirección que tome Guatemala a medida que se aproxima la designación del próximo fiscal general y las investigaciones penales empiezan a tocarles la puerta.
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