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ANÁLISIS

Lucha entre grupos criminales pone en aprietos a la UPP de Brasil

BRASIL / 8 MAY 2017 POR LEONARDO GOI Y CHARLES ORTA ES

Un nuevo informe sobre estadísticas delincuenciales en el estado brasileño de Río de Janeiro muestra un deterioro en los indicadores de violencia en un periodo de varios años, lo que hace preguntarse nuevamente hasta qué punto han sido efectivas las políticas de seguridad pública en la ciudad.

El Instituto de Seguridad Pública (ISP), entidad independiente asociada al organismo de seguridad del estado de Río de Janeiro, publicó un informe el 28 de abril en el que se detallan las estadísticas de delitos en Río para el mes de marzo, usando datos de las estaciones locales de policía.

Según el estudio, Río de Janeiro ha tenido aumentos importantes en la proporción de homicidios dolosos, robos de vehículos y homicidios derivados de intervenciones policiales en 2017, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Respectivamente, hubo un aumento de 11,6 por ciento, 47,5 por ciento y 96,7 por ciento en estos indicadores en marzo de 2017.

La tendencia se mantiene sin mayores variaciones al comparar los datos de los tres primeros meses de 2017 y 2016, con un aumento de 17,5 por ciento, 37,6 por ciento, y 85,2 por ciento este año en homicidios dolosos, robos de vehículos y homicidios derivados de intervenciones policiales, respectivamente.

El estudio también señala que la mayor frecuencia de estos tipos de delitos respecto al año anterior es representativo de un patrón más amplio en el deterioro de los indicadores de delincuencia, en particular en lo que respecta a robos de vehículos y homicidios derivados de intervenciones policiales.

Los casos registrados de estos dos delitos han aumentado consistentemente en términos generales en Río por lo menos desde enero de 2014; más del doble en el caso de los homicidios derivados de intervenciones policiales.

En relación con esto, las autoridades brasileñas han acusado a los cabecillas de uno de los principales grupos criminales del país, el Comando Vermelho (CV), de ordenar un reciente ataque en Río desde una cárcel. El 3 de mayo, presuntos miembros del grupo criminal atacaron por sorpresa varios puntos de la ciudad, quemando nueve autobuses y saqueando dos camiones.

“Tenemos confirmación de que la orden partió de los jefes del Comando Vermelho, presos fuera de Río”, anunció Carlos Augusto Leba, jefe de la Policía Civil de Río en una conferencia de prensa.

Según El País Brasil, los ataques fueron la respuesta del CV a un gran operativo policial que buscaba evitar la entrada del grupo a Cidade Alta, barrio controlado por un grupo rival conocido como el Tercer Comando Puro.

El operativo tuvo como saldo el decomiso de 32 rifles, 45 arrestos —casi todos sospechosos de pertenecer al CV— y dos muertos. Las autoridades lo anunciaron como un éxito.

“No recuerdo, en 34 años como policía, una operación puntual con tantos decomisos de armas de fuego de ese calibre”, comentó el secretario de Seguridad de Río, Roberto Sá.

Pero la situación en Río sigue siendo crítica. El 3 de mayo, el ministro de Justicia, Osmar Serraglio, anunció que se enviarían fuerzas federales adicionales a la ciudad para ayudar a contener la violencia, informó The Rio Times.

Análisis de InSight Crime

El estudio del ISP ofrece evidencia adicional del continuo deterioro de anteriores avances en seguridad en Río, que se habían atribuido a la estrategia de “pacificación” de la ciudad, entre ellas el envío de fuerzas especiales de seguridad, conocidas como Unidades de Policía Pacificadora (UPP), a hacer presencia en zonas de la ciudad especialmente azotadas por el crimen.

Aunque los resultados iniciales de los esfuerzos de pacificación parecían promisorios, la iniciativa de la UPP se ha visto afectada por la controversia desde su inicio en 2008. Y las críticas a la estrategia han cobrado fuerza en los últimos años.

Al expandirse las UPP a asentamientos informales más grandes y violentos, conocidos como “favelas”, enfrentaron un intenso rechazo de los grupos criminales, que no ha hecho más que exacerbarse con duros recortes de presupuesto y un enfoque insuficiente en programas de desarrollo social.

La visible incapacidad creciente de las UPP como solución duradera a la violencia se acentúa aún más con el dramático aumento en los homicidios como resultado de la intervención de la policía, así lo indica el estudio del ISP. Como había informado InSight Crime, las estadísticas del ISP también muestran que desde marzo de 2016 el número de homicidios cometidos por la policía ha superado la cifra registrada para el mismo periodo del año anterior, un problema que las UPP y otras tácticas de mano dura tienden a exacerbar.

VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de Brasil

Según un informe reciente de Amnistía Internacional, las autoridades en Brasil están ignorando cada vez más el problema y haciendo la vista gorda sobre el abuso de fuerza en la policía de Río.

El anuncio del gobierno de que aumentaría su presencia en Río de Janeiro con el envío de fuerzas de seguridad federales adicionales al área luego de los recientes enfrentamientos entre la policía y las pandillas, indica que las autoridades seguirán dependiendo de políticas de mano dura en la seguridad pública para abordar el delito. El secretario de Seguridad de Río, Sá, indicó recientemente que está abierto a revisar las políticas de seguridad de la ciudad, pero hasta el momento no ha habido señales claras de que se vaya a hacer una revisión.

Es posible que el aumento en los índices de criminalidad lleven a los funcionarios de Río a reexaminar la política de la UPP, en particular a la luz de la evidencia de que los grupos criminales asentados en Río se están haciendo más audaces y violentos. (El día después del ataque del 3 de mayo, cuando se destruyeron varios vehículos, miembros sospechosos de pertenecer a un grupo narcotraficante atacaron una estación de la UPP en la favela Complexo de Alemão).

Sin embargo, cualquier esfuerzo por implementar cambios importantes en la estrategia de seguridad de la ciudad puede verse obstruida por una crisis presupuestaria a la que se ha culpado del aumento de los índices de criminalidad.

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