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ANÁLISIS

Los vacíos en el acuerdo entre el gobierno de Colombia y las FARC

COLOMBIA / 25 SEP 2015 POR MICHAEL LOHMULLER ES

El gobierno de Colombia y el grupo guerrillero de las FARC llegaron a un acuerdo sobre justicia transicional y anunciaron que el conflicto más largo en el hemisferio occidental podría terminar en seis meses. Lo cual, aunque es un avance trascendental, no aborda el tema del narcotráfico.

Este 23 de septiembre, el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) emitieron una declaración conjunta en la que detallan su acuerdo sobre justicia transicional y la ley de víctimas.

Este es el cuarto de cinco puntos sustantivos en los que las dos partes han logrado un entendimiento durante las negociaciones que se iniciaron en La Habana, Cuba, en noviembre de 2012, con el objetivo de poner fin a décadas del largo conflicto interno colombiano. En su discurso desde La Habana, el presidente Juan Manuel Santos describió este acuerdo como “tal vez el más difícil y el más complejo de definir”.

Además, el presidente Santos afirmó con optimismo que hacia el 23 de marzo de 2016 se firmará un acuerdo definitivo de paz, seguido de un desarme de las FARC 60 días después de que ello ocurra.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre el proceso de paz en Colombia

Durante el posconflicto, el gobierno de Colombia otorgará la mayor amnistía posible para los crímenes políticos y sus delitos “conexos”, los cuales serán definidos por una ley de amnistía.

Sin embargo, la amnistía no cubre los crímenes de lesa humanidad. Estos incluyen, entre otros delitos, el genocidio, los crímenes de guerra, la tortura, el desplazamiento forzado, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. Estos crímenes serán investigados y juzgados por tribunales de paz, que tendrán bajo su ámbito de competencia a todos aquellos que hayan participado “directa o indirectamente” en el conflicto armado interno, lo cual incluye tanto a las FARC como a las fuerzas gubernamentales.

Quienes reconozcan su responsabilidad en delitos relacionados con el conflicto recibirán entre 5 y 8 años de prisión bajo condiciones especiales —condiciones cuya naturaleza exacta aún no se ha especificado—. Aquellos que no admitan sus crímenes, o que se tarden en hacerlo, recibirán penas de hasta 20 años de prisión.

Ya se han alcanzado acuerdos sobre la reforma agraria, la participación política de las FARC y el tema de las drogas ilícitas.

Análisis de InSight Crime

La declaración conjunta no resuelve uno de los puntos más controvertidos del proceso de paz: si las actividades de narcotráfico de las FARC deben considerarse “crímenes políticos” (o delitos conexos a crímenes políticos), para los cuales el gobierno otorgará los mayores niveles de amnistía.

VEA TAMBIÉN: FARC, paz y posible criminalización

Hay indicios de que el gobierno se inclina por esta decisión. Sólo la semana pasada, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia dijo que el narcotráfico podría interpretarse como un crimen político cuando es utilizado como herramienta para sostener económicamente los fines políticos de la confrontación armada”.

Sin embargo, a las FARC les será difícil demostrar que sus ganancias provenientes de la droga han sido utilizadas para fines puramente políticos. Si bien los ingresos de la droga han contribuido a financiar el conflicto, algunos miembros de las FARC parecen haber utilizado su participación en el comercio de drogas ilícitas como un vehículo para el enriquecimiento personal. Se cree que el grupo guerrillero gana más de US$200 millones por su participación en el narcotráfico.

También está por verse si el acuerdo será aceptado por los tribunales nacionales e internacionales, así como por los ciudadanos colombianos, quienes darán su voto sobre el acuerdo final de paz a través de un referéndum.

La manera como este asunto se resuelva tendrá implicaciones significativas, no sólo para el resultado del proceso de paz, sino también incluso para las relaciones de Colombia con Estados Unidos, donde varios comandantes de las FARC son requeridos por cargos de narcotráfico.

El acuerdo sobre justicia transicional y el anuncio de que un acuerdo de paz final se firmará dentro de seis meses son noticias que representan un momento clave para Colombia, que está cansada de la guerra. Pero aunque el reciente anuncio genera optimismo, el resultado final es aún incierto.

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