La corte suprema de Venezuela despojó a la Asamblea Nacional de sus funciones legislativas, una señal de que el gobierno trata de consolidar el poder aun cuando el país se sume aún más en el caos, y el crimen y la violencia alcanzan niveles sin precedentes.*
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela anunció el 29 de marzo que asumió las funciones de la Asamblea Nacional. El tribunal declaró a la Asamblea en "desacato" el pasado mes de diciembre, por haber tomado juramento para posesionarse a tres diputados de los estados de Amazonas, acusados de fraude electoral.
"Mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho", dice el anuncio.
Los legisladores de la oposición criticaron duramente la acción, afirmando que esa es otra señal de la intención del presidente Nicolás Maduro de socavar los cimientos democráticos del país.
"Esta [es una] decisión inconstitucional que rechazamos... [y] es otro paso en la desarticulación de la democracia en Venezuela", la coalición de grupos de oposición conocidos como la Mesa para la Unidad Democrática señaló en un comunicado, informó Reuters.
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La polémica decisión del TSJ se conoció un día después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) convocara a una reunión para tratar posibles soluciones a la crisis política y económica en Venezuela. El encuentro se celebró a solicitud de los 18 países miembros, y a pocos días de que el presidente de la OEA Luis Almagro escribiera una mordaz crítica contra la administración de Maduro.
"El estado de derecho no está vigente en Venezuela; ha sido eliminado por un poder judicial completamente controlado por el poder ejecutivo", comentó Almagro en su informe del 14 de marzo. "Hoy en Venezuela, ningún ciudadano tiene posibilidades de hacer valer sus derechos. Si el gobierno desea encarcelarlos, lo hace; si desea torturarlos, los tortura... El ciudadano ha quedado completamente a merced de un régimen autoritario que niega los más elementales derechos".
La reunión de la OEA no arrojó resoluciones concretas, pero una columna publicada en The New York Times afirmaba que esta era sin embargo "profundamente vergonzosa para Venezuela".
Análisis de InSight Crime
La administración de Maduro está reforzando su control sobre todas las ramas del gobierno, pero cada vez es más evidente que el gobierno es incapaz de mantener el orden. Las escaseces crónicas han dejado vacíos los estantes de las tiendas y los gabinetes de medicamentos, mientras la inflación desbocada ha convertido la moneda en papel que vale más por su peso en kilos que por su valor impreso.
Mientras la crisis económica en Venezuela avanza a trancas y barrancas, los fracasos del gobierno no son menos evidentes en el tema de seguridad. El número de delitos comunes denunciados ante las autoridades aumentó 400 por ciento entre 2014 y 2015, y los grupos criminales conocidos como "megabandas" han crecido y se han organizado. La tasa de homicidios en Venezuela, que se ha mantenido en los niveles más altos de Latinoamérica, sigue en aumento. La creciente frustración por el alza en los delitos y la anarquía general pueden verse en el brutal aumento de las denuncias por linchamientos masivos el año anterior.
La respuesta autoritaria dada por el gobierno a la crisis de seguridad no ha hecho más que exacerbar el fenómeno. Grupos de derechos humanos afirman que la campaña contra la delincuencia lanzada en julio de 2015, ha dado lugar a violaciones generalizadas contra los derechos humanos y a ejecuciones extrajudiciales. En enero, Maduro anunció un nuevo paquete de medidas de seguridad, que incluía armar a los civiles, un reconocimiento tácito del fracaso de las medidas ofensivas.
"Solo el pueblo puede salvar al pueblo", exclamó el presidente.
El pueblo no está de acuerdo. La población está saliendo del país en números récord.
Entretanto, los funcionarios del gobierno básicamente han dejado la responsabilidad del control de las prisiones del país a cabecillas criminales conocidos como los "pranes", lo que ha motivado estallidos de violencia en las cárceles. Los enfrentamientos entre pranes rivales fueron la antesala del hallazgo de una fosa común donde se cree que reposan los restos de más de 100 personas en una cárcel del estado de Guarico, en el norte del país.
La ineptitud del gobierno se ha exacerbado con la corrupción extendida. Un reportaje de Associated Press de diciembre de 2016 halló que el ejército, de quienes se sospechó por mucho tiempo que tenían nexos con el tráfico de cocaína en el país, está involucrado ahora en el tráfico de alimentos, mientras gran parte de la población padece de hambre. Los funcionarios del gobierno también han usado estructuras de importación para desviar miles de millones de dólares del tesoro, en un momento en que el país está abocado a la bancarrota.
Mientras Venezuela se desmorona, pareciera que la administración de Maduro cree que la mejor manera de aferrarse al poder es usurparlo a una de las pocas instituciones que cuestionaban su autoridad.
El fallo del TSJ probablemente no es coincidencia. Venezuela ha tomado el hábito de hacer caso omiso de la comunidad internacional en lo que respecta a asumir una postura pública contraria. El ejemplo más impactante se vio el pasado agosto, cuando el gobierno estadounidense hizo pública un acta de acusación contra un alto exoficial del ejército venezolano por delitos de drogas. Al día siguiente, el presidente Maduro designó al oficial en desgracia como su nuevo ministro del interior.
Informe de la OEA del 14 de marzo
* Poco después de la publicación de este artículo, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela reversó su decisión. Nuestro análisis sobre este hecho podrá ser encontrado aquí. El artículo anterior aparece tal y como fue publicado originalmente.
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