Desde 2013 Venezuela es el país latinoamericano donde más personas civiles mueren como consecuencia del estallido de granadas. La corrupción en el ejército hace que soldados sean al mismo tiempo la causa y las víctimas de esta tendencia.
2015 fue un año récord para Venezuela en muchos aspectos. En cuestiones de seguridad ciudadana fue reportada la mayor cantidad de homicidios de la historia republicana, con 27,875 víctimas según el Observatorio Venezolano de la Violencia. Esto da una tasa nacional superior a los 90 por cada 100.000 habitantes. La segunda más alta del mundo, solo superada por la correspondiente a El Salvador.
En segundo término, hubo por lo menos 47 fallecimientos como consecuencia del estallido de granadas. Esto supera en 193,7 por ciento la cifra total de muertes por esta misma causa para los años 2013 y 2014, según lo recabado en un reporte de la Oficina de las Naciones Unidas para el Desarme en América Latina y el Caribe (UNLIREC). Aunque no existe una cifra consolidada que permita comparar este total de Venezuela con el resto de los países del área, se presume que sea la más elevada, toda vez que ya en 2014 ocupaba el primer lugar, y solamente hubo 13 casos con muertes reportadas (pdf).
El crecimiento en las muertes provocadas por granadas ha llamado la atención de la opinión pública y de los organismos internacionales, que han intentado trazar algunas explicaciones. Las primeras conclusiones de oficiales venezolanos apuntan a una responsabilidad directa de militares corruptos en la transferencia de parte de sus arsenales a las bandas delictivas. Esto incluye no sólo granadas fragmentarias. También hay fusiles, municiones y granadas de mortero. Todo esto sugiere que el poder de fuego de las bandas criminales va en aumento.
Esto suma 84 casos durante todo 2015. Un promedio de 7 al mes. Sin embargo, se debe anotar que la frecuencia de casos se incrementó a 9,6 durante el último semestre.
Las detonaciones de granadas también ocasionaron heridas en 110 personas en todo este año. La cifra más alta jamás vista en Venezuela. Se desconoce si como consecuencia de estas lesiones alguna persona pudo fallecer luego de las explosiones.
Aunque la información correspondiente a 2016 no permite llegar a una conclusión definitiva, si se atiende a eventos recientes parece muy probable que la frecuencia de muertes por el estallido de granadas se mantenga.
El 6 de abril, por ejemplo, una granada fue accionada en el centro de detenciones de la policía del estado Sucre (en el noreste del país) y perdieron la vida seis reclusos.
El 20 de mayo, una mujer de 25 años de edad, Sandra Zulema Silva, murió al detonar una granada de mortero en el interior de su vivienda ubicada en la comunidad indígena Nueva Esperanza del estado Apure, fronterizo con Colombia. Cuando los militares de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) acudieron al lugar encontraron dos granadas de mano que no habían estallado. (Vea foto abajo)
El origen de las granadas que han ocasionado esta mortandad en el país no ha sido determinado con precisión. Según el exjefe de la División contra Homicidios y exdirector de la Policía de Baruta, comisario Luis Godoy, la posibilidad de individualizar el origen de una granada es remota una vez que ha estallado. Lo máximo que se puede hacer es determinar una marca y la pertenencia a uno de los múltiples lotes que son asignados a los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional.
Según William Godnick de UNLIREC es muy difícil que las granadas usadas por los delincuentes venezolanos hayan entrado al país por contrabando. En su criterio, se trata de inventarios negociados en el mercado negro por militares.
No obstante, el exasesor de seguridad presidencial Anthony Daquin y el general de división retirado Edgar Bolívar (exjefe de Operaciones de la GNB) creen en la posibilidad de que una parte de las granadas usadas por el hampa venezolana hayan sido trasladadas desde Colombia por elementos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El régimen venezolano es acompañante de ambos grupos guerrilleros en las conversaciones de paz con el gobierno colombiano.
Análisis InSight Crime
Los representantes de las fuerzas de seguridad del país se mantuvieron relativamente pasivos ante el creciente número de reportes sobre el uso de granadas hasta que estas armas comenzaron a ser apuntadas hacia los propios policías, los militares e incluso sus cuarteles. Entre el viernes 25 de septiembre y el domingo 27 del mismo mes hubo una seguidilla de cinco casos en todo el país con estas características.
En un ataque fueron lanzadas dos granadas contra un grupo de agentes de la Policía del municipio Baruta que hacían revisiones a transeúntes en el sector de Las Mercedes. Hubo ocho heridos por las esquirlas, uno de ellos fue un agente que quedó en estado vegetativo. El entonces diputado oficialista Freddy Bernal sostuvo que estos ataques eran una respuesta de grupos organizados ante las redadas denominadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP). Pero dos de los objetivos de estos ataques (PoliBaruta y una estación de la Policía de Miranda) no correspondieron a cuerpos de seguridad participantes en la referida operación.
Un informe confidencial de la División de Investigaciones contra el Terrorismo de la policía judicial (CICPC) remarcó que las granadas con las que fueron ejecutados estos ataques eran de similares marca y modelo que las suministradas al Ejército y la GNB. En este documento también se afirmó que durante las prácticas militares “estos artefactos explosivos son sustraídos de forma irregular y posteriormente vendidos en el mercado negro”.
Daquin advirtió que la proliferación de prácticas militares de alcance nacional durante los últimos meses en el país podría incrementar las transferencias de explosivos a grupos civiles. “Qué mejor momento para distribuir este tipo de implementos que con los fulanos ejercicios”, señaló.
El día en que estalló la granada de mortero en la vivienda de la comunidad indígena comenzaban en todo el país los ejercicios militares Independencia II 2016. Posteriormente se llevarían cabo las prácticas llamadas Patria Chavista, que plantean un escenario de resistencia popular ante un desembarco de fuerzas regulares. En ambas actividades, parte de los arsenales es distribuido entre grupos civiles organizados a través de consejos comunales.
Las fuerzas militares del país hacen exhortaciones periódicas entre sus distintas unidades sobre la necesidad de vigilar celosamente los parques o depósitos de armas. Pero la repetición de los casos con estallidos de granadas obligó al comandante de la GNB general de división Néstor Reverol a reconocer en un documento interno que “se han presentado pérdidas de armamento, equipos ópticos y optrónicos, accesorios y munición de diferentes calibres, lo que denota la complicidad de algunos efectivos con personas inescrupulosas”.
Las advertencias parecieran no ser escuchadas por la tropa. El 19 de mayo, por ejemplo, un fusil AK103 fue hurtado de una sede de la GNB en San Fernando de Apure. Luego de varios días de investigaciones, se determinó que hubo complicidad interna por lo menos de tres sargentos, entre ellos el usuario del armamento. Gracias a una oportuna movilización se impidió que fuera entregado a miembros de una banda delictiva en el estado Aragua, en el centro del país.
A pesar de casos como éste, se sospecha que las bandas delictivas ya han rebasado el poder armamentístico que les confería la posesión de granadas de mano. En febrero de este año, por ejemplo, luego de un enfrentamiento con policías se encontró en una camioneta Land Cruiser robada una bazuca antitanque (AT4). Tres personas fueron detenidas en este procedimiento. La pregunta que se hacen en los cuerpos policiales es cuánto tiempo pasará hasta que estos lanzagranadas sean apuntados contra sus propias estaciones.
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