Venezuela se ha convertido en un centro regional del crimen con profundas consecuencias para América Latina y otras regiones del mundo. Además, con la reelección de Nicolás Maduro las raíces del crimen organizado en el país sudamericano se extenderán aún más.
El régimen chavista se está preparando. Pese a las manifestaciones de 2017, el gobierno de Maduro sobrevivió. La lealtad del Ejército aseguró que el presidente pudiera eludir a la Asamblea Nacional —controlada por la oposición—, reprimir a los manifestantes y montar una elección presidencial absurda en mayo, con lo que obtuvo seis años más en el cargo. El último resquicio democrático se desplomó.
Ahora Maduro se mantiene en el poder gracias a un régimen que, según se sospecha, tiene vínculos criminales. Lo rodean personas involucradas en actividades delictivas, como Tareck El Aissami —exvicepresidente y actual ministro de Industrias y Producción Nacional— y Néstor Reverol —ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz—, ambos sancionados por las Naciones Unidas. En mayo, el gobierno de Estados Unidos añadió a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y figura notoria del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), a la lista de sancionados.
*Este artículo fue originalmente publicado en el New York Times y es republicado por InSight Crime con permiso.
No hay una definición exacta de qué es una mafia de Estado, pero el hecho de que el crimen organizado esté en contacto en la vida cotidiana de los venezolanos y que haya penetrado, al más alto nivel, en las instituciones estatales, permite considerar a Venezuela en esa categoría. El gobierno de Maduro participa poco en la cooperación internacional en la lucha en contra del crimen organizado transnacional, y tiene funcionarios gubernamentales prominentes que facilitan y protegen las actividades delictivas.
Hace tres años, mi fundación, InSight Crime, comenzó a recolectar información sobre los funcionarios del gobierno venezolano involucrados en tráfico de drogas, el llamado Cartel de los Soles. Se le dio ese nombre por las estrellas doradas que los generales de la Guardia Nacional Bolivariana portan en sus hombreras. La Guardia Nacional es responsable no solo de la seguridad interna, sino también de la de fronteras, puertos y aeropuertos, el acceso que cualquier traficante de drogas necesita. Fue la primera institución estatal sobornada de manera sistemática por traficantes de drogas colombianos para permitir el tráfico de cargamentos de cocaína en Venezuela.
Los primeros veinte nombres en nuestra lista fueron fáciles de encontrar. La comparación de datos de archivos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), consultas con agencias antinarcotráfico internacionales y una investigación de campo exhaustiva en Venezuela hicieron que el archivo de personas implicadas aumentara con velocidad. Dejamos de abrir expedientes nuevos cuando llegamos a la información de 123 personas con puestos de alto rango en el gobierno en más de doce instituciones gubernamentales. Se nos acabaron los recursos, mas no las pistas.
La cocaína llega a raudales a Venezuela desde Colombia, su país vecino. La producción de drogas jamás ha tenido un nivel tan alto y calculamos que Colombia está produciendo 921 toneladas de cocaína al año. En 2010, Venezuela lidiaba por lo menos con 200 toneladas. En el pasado, los carteles colombianos dirigían el negocio y sobornaban a los funcionarios venezolanos. Ahora hay evidencia abrumadora acerca de que los venezolanos están participando directamente en el narcotráfico. Uno de los ejemplos más evidentes es que en 2016 condenaron a dos sobrinos de la primera dama venezolana por cargos de tráfico de cocaína en Estados Unidos.
Sin embargo, nos encontramos con que el tráfico de drogas no era la industria ilegal más lucrativa en Venezuela. Nuestros sujetos de investigación tenían un portafolio criminal muy diverso. La gasolina venezolana es la más barata del mundo. Los contrabandistas que la trasladan a través de la frontera hacia Colombia o Brasil pueden ganar mucho más que con un kilo de cocaína, además de que los riesgos son menores. Maduro cerró la frontera con Colombia durante periodos en 2015 y 2016 para “golpear” a las mafias. Esa decisión reforzó el monopolio del Ejército venezolano sobre el contrabando de combustible.
Pero el dinero de verdad se generaba, sin riesgos, a través del saqueo de las arcas del Estado. En el momento en que la transparencia y la rendición de cuentas se acabaron con puestos designados según la lealtad política en vez de la capacidad o la integridad, Venezuela se convirtió en una cleptocracia.
La clave de esta cleptocracia es el sistema artificial de control de la moneda. Actualmente un dólar estadounidense vale hasta 3,4 millones de bolívares venezolanos en el mercado negro. Sin embargo, los privilegiados que tienen acceso a la tasa oficial de cambio pueden comprar un dólar por 120.000 bolívares. Quizá se trata del negocio más lucrativo del planeta. Además de la catastrófica mala gestión económica, esto ha provocado que Venezuela, aún con sus riquezas petroleras, esté al borde de la bancarrota.
Ya casi no hay dinero que robarle al Estado y, sin embargo, la maquinaria de la corrupción todavía está funcionando. Las bases del Ejército ganan aproximadamente el equivalente a veinte dólares al mes, mientras que el salario mínimo es de casi 1,50 dólares al mes. Dado que todos deben aceptar sobornos para sobrevivir, Maduro ha hecho que cada venezolano sea partícipe involuntario de la economía criminal. Si los venezolanos quieren alimentos y medicinas deben recurrir al mercado negro; deben alimentar la corrupción que permea cada organismo estatal y cada aspecto de sus vidas cotidianas.
El Ejército supervisa la distribución de alimentos y medicinas, lo que podría ocasionar que siga siendo leal durante un tiempo, pero ese modelo no es sostenible. El tráfico de drogas es la industria de mayor crecimiento en Venezuela, después de la extracción ilegal de oro. La cocaína se podría convertir en el motor que permita que la maquinaria de la corrupción siga funcionando en el gobierno de Maduro.
Esta situación está afectando a los vecinos de Venezuela. Centroamérica, sobre todo Honduras y Guatemala, es la pista de aterrizaje del tráfico aéreo de cocaína desde Venezuela. República Dominicana es el destino de barcos de cargamentos de droga que recorren el Caribe desde la costa venezolana. Aruba y Trinidad y Tobago se han convertido en centros del contrabando, y la gasolina barata venezolana recorre las fronteras colombiana y brasileña.
Y, en los últimos doce meses, más de un millón de venezolanos han salido de su país en ruinas. Muchos de estos migrantes y refugiados están desesperados; hambrientos y enfermos trabajarían por una comida caliente. A una buena cantidad de ellos los está explotando y reclutando el crimen organizado.
Aislado y en bancarrota, el presidente Maduro se ha rodeado de personajes involucrados en actividades delictivas y, mientras siga en el poder, las credenciales criminales del gobierno se reforzarán aún más.
Venezuela no es capaz de implementar esfuerzos para contener al crimen organizado, pues las fuerzas de seguridad que deben combatirlas dirigen gran parte del negocio. Aunque lo quisiera, Maduro no podría terminar con el cáncer de la corrupción y el crimen organizado, pues estos son los elementos que lo mantienen en el poder.
La comunidad internacional, por su parte, tiene poco margen de maniobra. Maduro no es un actor confiable en la lucha contra el crimen organizado. En todo caso, ha ayudado a convertir a Venezuela en un paraíso de actividades delictivas.
*Este artículo fue originalmente publicado en el New York Times y es republicado por InSight Crime con permiso.
SUSCRIBIRME