Los viajes de un miembro del CJNG y su captura en Brasil

SHARETweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedIn

José González Valencia es un hombre con muchos nombres.

Sus camaradas del Cartel de Jalisco Nueva Generación, uno de los carteles de la droga más poderosos y violentos de México, lo conocen como Chepa, Santy y El Camarón.

También es, supuestamente, miembro del grupo financiero y de lavado de dinero del cartel, Los Cuinis, cuyo nombre proviene de una ardilla mexicana que se reproduce con mucha facilidad.

Pero en Bolivia, donde pasó más de dos años evadiendo la justicia, era conocido como Jafett Arias Becerra, un respetable ganadero.

* Este artículo fue publicado originalmente por Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Fue traducido, editado para mayor claridad y reproducido con autorización, pero no refleja necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.

De esta manera, el poderoso narcotraficante evitó llamar la atención de las autoridades de Estados Unidos, México y Bolivia, aunque el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta US$5 millones por información que condujera a su captura. El hombre obtuvo una cédula de identificación boliviana, compró tierras en un exclusivo complejo residencial y se convirtió en un exitoso productor de ganado Cebú, como lo constató OCCRP.

González Valencia entró y salió de Bolivia por vía aérea varias veces entre 2016 y 2017, lo que lleva a preguntarse por qué le fue tan fácil vivir cómodamente como un rico ganadero, mientras era buscado por Estados Unidos acusado de conspirar para distribuir grandes cantidades de cocaína.

Las autoridades bolivianas culpan a México por ese lapsus, pero también admiten que la fértil región de Santa Cruz, conocida como el “granero de Bolivia”, es un popular escondite de narcotraficantes prófugos. Reconocen que necesitan acorralar a criminales como El Camarón, quienes se refugian allí.

Un cartel en la mira

El Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha alarmado a las autoridades de Estados Unidos y México por sus violentas tácticas y por su rápido crecimiento desde que se conformó en 2011.

Con sede en Guadalajara, la capital del estado mexicano de Jalisco, el CJNG ha cometido algunos de los peores crímenes del narcotráfico en la última década, como la tortura y masacre de 35 miembros de un cartel rival en Veracruz en 2011 y el derribo de un helicóptero militar con un cohete de propulsión en 2015. El cartel incluso utiliza el canibalismo como rito de iniciación de sus nuevos miembros.

El CJNG cuenta con presencia en la mayor parte de México y tiene conexiones en toda Latinoamérica, así como en Estados Unidos, Asia, Europa y Australia. Según el exfiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, el cartel es responsable de traficar cada mes al menos cinco toneladas de cocaína y cinco de metanfetamina en Estados Unidos.

El pasado mes de octubre, Sessions anunció nuevas medidas contra el CJNG, lo que incluye jugosas recompensas por la captura de sus líderes y sanciones económicas contra varios miembros de Los Cuinis. También desclasificó las acusaciones de 11 presuntos miembros del cartel, entre los que se encuentra José González Valencia.

Sessions ha denominado al CJNG como uno de los cinco grupos criminales transnacionales más peligrosos del mundo.

“Les estamos propiciando golpes desde todos los frentes y con todas las armas que tenemos”, dijo en una conferencia de prensa. “Están en nuestra mira. Este cartel es una de nuestras prioridades”.

Al igual que muchas organizaciones criminales, el CJNG es de carácter familiar. José González Valencia —el hombre que vivió como ganadero en Bolivia— es cuñado de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como “El Mencho”.

La evolución y expansión del cartel se deben en gran medida a Los Cuinis, grupo que, según funcionarios estadounidenses, es dirigido por la familia González Valencia.

La esposa de El Mencho, Rosalinda González Valencia, y tres de sus hermanos, José, Gerardo y Abigael, desempeñaron un importante papel en la conformación de Los Cuinis y en sus operaciones, y Abigael ejerció como “El Cuini” —la ardilla mayor—.

En una entrevista con la revista mexicana Proceso en 2015, un funcionario de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration – DEA) se refirió a El Cuini como un inteligente traficante cuya estrategia de diversificación ha llevado a que el CJNG se diferencie de otros carteles.

“El Cuini se enfocó en establecer asociaciones con narcotraficantes y narcoguerrilleros de Colombia y otros países sudamericanos para vender cocaína y otras drogas en Europa, en lugar de Estados Unidos. Aquello marcó una gran diferencia en cuanto a las ganancias”, dijo.

“El Cuini y El Mencho sabían que había más riesgos […] si competían con otros carteles por el mercado estadounidense”, señaló otro funcionario consultado por la revista.

Según el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, una agencia de inteligencia mexicana, José González Valencia se hizo cargo de las finanzas del cartel después de que su hermano Abigael fuera detenido en febrero de 2015. También era presuntamente responsable de brindar seguridad al líder, El Mencho, hacer alianzas con grupos criminales en Asia y Europa, y establecer relaciones con traficantes de armas en Estados Unidos y Centroamérica, según un informe del periódico mexicano La Jornada.

Pero a pesar de su alto perfil, José González Valencia se trasladaba fácilmente entre Guadalajara y Bolivia, país al que entró por primera vez ese mismo año. Su boleto fue un pasaporte mexicano que había obtenido en Guadalajara en 2013 bajo el nombre de Jafett Arias Becerra.

No está claro qué hizo para obtener dicho documento, pero este le garantizó años de libertad. En 2016, un año después de su primer ingreso a Bolivia, lo utilizó para obtener una cédula de extranjería boliviana. También se le concedió una estancia temporal válida por un año, y había solicitado una segunda estancia que habría sido válida hasta marzo de 2019.

Los registros judiciales muestran que los funcionarios estadounidenses habían estado al tanto de su alias desde enero de 2016. Pero según las autoridades bolivianas, la Interpol nunca emitió ninguna alerta en torno a “Jafett Arias Becerra”.

González Valencia pudo viajar entre Bolivia y Brasil al menos tres veces sin levantar sospechas: en octubre de 2016, marzo de 2017 y diciembre de 2017, según los registros en la frontera obtenidos por el socio de OCCRP en Brasil, la revista Época.

Ni Interpol ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitieron comentarios al respecto.

El narco ganadero

Como Jafett Arias Becerra, el narcotraficante pudo vivir tranquilamente en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra.

Más tarde les dijo a los funcionarios brasileños que eligió Bolivia porque quería empezar de nuevo en un lugar pacífico, no para esconderse de la ley.

“Quería vivir tranquilo en otra ciudad, en otro país en donde nadie me conociera”, afirmó.

Al llegar, hizo conexiones en una nueva actividad, la cría de ganado, en un lugar donde la carne es un gran negocio.

“Hay cerca de 2,5 millones de habitantes en el departamento de Santa Cruz, por lo que básicamente la cantidad de ganado es tres veces mayor que nosotros”, dice José Alberti, un economista boliviano.

En octubre de 2016, González Valencia compró una propiedad de 1.355 metros cuadrados en Urubo, una exclusiva zona residencial en la capital de Santa Cruz, Santa Cruz de la Sierra, según documentos obtenidos por otro socio de OCCRP, El Deber. Un experto en bienes raíces dice que dicha propiedad, que cuenta con canchas de tenis y una piscina semiolímpica, y que se considera “un incomparable ejemplar arquitectónico”, habría costado alrededor de US$200.000 en ese momento.

Al mes siguiente, según documentos obtenidos por OCCRP, González Valencia se vinculó a la principal asociación boliviana de ganadería, la Asociación Boliviana de Criadores de Cebú (ASOCEBÚ).

Una gran parte del ganado boliviano es cebú, una raza relativamente pequeña con una gran joroba que se desarrolló originalmente en el subcontinente indio pero que se ha adaptado a otros ambientes cálidos. Alberti dice que los potenciales miembros de un gremio como ASOCEBÚ deben presentar una gran cantidad de documentación que los acredite como criadores de ganado, y señala que dichos requisitos son un “filtro” para evitar que el dinero de las drogas ingrese en la industria ganadera de Bolivia.

Los requisitos de admisión incluyen un título de propiedad y un mapa de la finca del ganadero aspirante, así como un certificado de la policía. Los extranjeros deben presentar además un documento de identificación oficial boliviano.

La ubicación de la finca de González Valencia, si es que tiene alguna, se desconoce. Pero en abril de 2017, él mostró cuatro de sus vacas en la Feria Agrícola Internacional de Santa Cruz, la exposición agrícola más grande de Bolivia, como representante de una finca llamada La Luz. Ese año también exhibió ganado en otras dos ferias importantes, y fue considerado como uno de los mejores expositores en dos categorías.

Fernando Baldomar, director general de ASOCEBÚ, confirmó que González Valencia cumplió con todos los requisitos de la asociación, lo que incluye la presentación de un documento de identificación válido del gobierno boliviano. Pero dijo que la asociación no publica información relacionada con las fincas.

No fue posible contactar a González Valencia para que comentara al respecto. Su abogado respondió a las preguntas iniciales sobre el proceso de extradición de su cliente, pero no respondió las llamadas siguientes. Los reporteros no pudieron obtener ningún comentario sobre el negocio de ganadería de González Valencia.

La ganadería como camuflaje

Quizá lo más extraño que hizo González Valencia en Bolivia fue haberse vinculado a ASOCEBÚ.

Alberti, el economista boliviano, dice que rara vez los ganaderos extranjeros de dudosa procedencia se vinculan a las asociaciones de cría o registran su ganado formalmente, pues ello facilita su localización.

Por otra parte, González Valencia no fue precisamente el primero en ocultarse de esta manera. Un agente antinarcóticos boliviano, que habló bajo condición de anonimato por razones de seguridad, dijo que los narcotraficantes extranjeros suelen hacerse pasar por ganaderos en el país. Agregó que por lo general establecen fincas en áreas remotas donde pueden abrir pistas de aterrizaje clandestinas y laboratorios de drogas.

En enero, Mario Morfulis, ciudadano argentino que ha sido buscado por Interpol desde 2013, fue detenido en Bolivia, donde vivía como hacendado. Era miembro del clan Castedo, una organización narcotraficante que operaba en el norte de su país natal. Según las autoridades argentinas, Morfulis era un “nacionalizado boliviano” que usaba documentos falsos para ocultar su identidad.

En 2017, un auto blindado que transportaba 1,3 millones de dólares fue robado cerca de la ciudad de Robore, al oriente de Bolivia. Las autoridades arrestaron a Mariano Tardelli, líder de la pandilla brasileña Primer Comando Capital (PCC), y afirmaron que este se había estado ocultando como ganadero en Santa Ana, ciudad del este de Bolivia, donde tenía dos grandes propiedades llamadas “Laura” y “Alborada” y al parecer se ganaba la simpatía de los habitantes de la región organizando grandes fiestas con música en vivo, obsequiando reses y contratando a los campesinos para que trabajaran para él.

Según el diario colombiano El Tiempo, Carlos Noel y Héctor Fabio Buitrago, primos del narcotraficante colombiano y líder paramilitar Martín Llanos, fueron detenidos en 2011 en Santa Cruz de la Sierra, donde Carlos Noel era considerado como un “próspero ganadero y un extraordinario empresario colombiano”.

Y Maximiliano Dorado, uno de los narcotraficantes más buscados en Brasil, obtuvo la ciudadanía boliviana y poseía una hacienda ganadera en Santa Cruz hasta que fue expulsado de Bolivia en 2010. Su hermano, Ozzy Dorado, quien también era ganadero y agricultor, fue detenido en Bolivia en 2013, acusado de concierto para delinquir y legitimación de ganancias ilícitas.

Según Joadel Bravo, exfiscal antinarcóticos de Bolivia, Santa Cruz es un destino especialmente atractivo para los traficantes porque su economía está creciendo rápidamente y se ubica cerca de El Chapare, una región con muchas plantaciones de coca. Además, limita con Brasil y Paraguay, que son destinos comunes del narcotráfico.

El narcotráfico en Bolivia

Históricamente, Bolivia ha tenido los niveles más bajos de cultivo de coca en la región Andina, incluso por debajo de Colombia y Perú. Pero desde 2015, en el país ha experimentado un aumento constante en la cantidad de coca cultivada, según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), y su producción potencial de cocaína pura se ha más que duplicado en la última década, según estimaciones de Estados Unidos.

En 2017, el presidente Evo Morales aprobó una ley mediante la cual se aumenta la superficie en la que se permite la producción de coca, que pasó de 12.000 a 22.000 hectáreas, lo cual está por encima de las 15.000 hectáreas necesarias para satisfacer la demanda interna con fines tradicionales.

Bolivia es además un país donde se efectúa el procesamiento de coca y cocaína, así como un importante punto de tránsito de la cocaína peruana, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

La expulsión de la DEA del país por parte del presidente Evo Morales, en el año 2008, y la falta de equipos, como radares y helicópteros, también han hecho que Bolivia sea más vulnerable a los narcotraficantes, según el exfiscal antinarcóticos Joadel Bravo.

La corrupción en el poder judicial y en la policía, la falta de recursos judiciales y la injerencia en la política también dificultan la lucha contra el tráfico de drogas, según el Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos, del Departamento de Estado de Estados Unidos.

En una entrevista con El Deber, el ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero, reconoció que los sectores agrícola y ganadero del país se habían convertido en refugios útiles para los traficantes.

“Estas personas se han refugiado, entre comillas, en Bolivia y han fingido dedicarse a la actividad empresarial”, señaló. “O, de hecho, han llevado a cabo actividades comerciales, probablemente con los recursos obtenidos de manera ilícita mediante la actividad del narcotráfico y con la esperanza de poder blanquear el dinero obtenido mediante actividades aparentemente de emprendimiento productivo, en especial la agricultura y la ganadería”.

Pero afirmó además que el gobierno estaba buscando que el país fuera menos acogedor con los criminales.

El Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos (CERIAN), una plataforma internacional de intercambio de inteligencia fundada en Santa Cruz de la Sierra el pasado mes de mayo con el apoyo de la ONU, está desarrollando una base de datos de los flujos de dinero y las organizaciones criminales; además, el gobierno está utilizando un nuevo sistema automático de identificación de huellas dactilares para establecer las identidades de las personas, agregó Romero.

En la inauguración del centro, el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Bolivia, Thierry Rostan, llamó la atención sobre la “posición estratégica de Bolivia, y especialmente de Santa Cruz de la Sierra, como punto del tránsito de drogas a nivel internacional”.

La corrupción en Santa Cruz

Un llamativo caso reciente muestra cómo el narcotráfico ya ha corrompido a las fuerzas policiales bolivianas. En marzo, dos altos funcionarios de la policía de Santa Cruz fueron suspendidos y detenidos por su presunta participación en narcotráfico.

En enero, Rostan volvió a advertir sobre un aumento en la cantidad de extranjeros que ingresaron al país para participar en el tráfico de drogas. Entre 2017 y 2018, un total de 469 extranjeros fueron detenidos en Bolivia por tráfico de drogas; entre ellos se encontraban 142 colombianos, 121 peruanos, 83 argentinos y 58 brasileños.

Rostan recomienda además tener una mayor coordinación entre las agencias gubernamentales para identificar a los traficantes antes de que ingresen a Bolivia.

El coronel Maximiliano Dávila, director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) de Bolivia, no respondió a una solicitud para comentar al respecto.

Atrapado

González Valencia fue finalmente detenido en diciembre de 2017, no en Bolivia, sino en Brasil. Había llegado allí por aire con un amigo boliviano, Mario Genaro Soljancic Fernández, un vendedor de productos veterinarios para la ganadería.

González Valencia planeaba encontrarse con su esposa e hijos, que viven en Estados Unidos, para unas vacaciones en el centro turístico de Taíba, en la costa noreste de Brasil. A nombre de Soljancic alquilaron un auto y una residencia junto al mar, con una cancha de basquetbol y una pequeña piscina, durante 15 días.

Como respuesta a una solicitud de arresto de Estados Unidos transmitida por funcionarios de Brasilia, la policía de la ciudad de Fortaleza identificó el vehículo alquilado y durante varios días monitoreó el video de la cámara de seguridad hasta que lo encontraron, según dijo Aldair da Rocha, el agente encargado de la operación. González Valencia fue detenido en las tiendas al frente de Beach Park, un complejo turístico cercano, el 27 de diciembre de 2017. Llevaba consigo su cédula de identificación boliviana.

Las revelaciones de que un narcotraficante que era buscado por las autoridades había vivido en Bolivia sin ser detectado durante casi dos años causaron revuelo.

El funcionario responsable de inmigración en Santa Cruz, Henry Baldelomar, acusa a México de “debilidad en el control de su documento de identidad”.

Los funcionarios mexicanos no han respondido a las constantes solicitudes de comentario.

La Dirección General de Inmigración de Bolivia ha dicho que Interpol nunca emitió ninguna alerta en torno a Jafett Arias Becerra. Dicha dirección tampoco respondió a varias solicitudes de entrevista. Después del arresto de González Valencia, la entidad dijo en una declaración escrita que a él se le había concedido una “estancia temporal por un año por motivos familiares” en razón de su “dependencia económica” y la “relación sentimental con una ciudadana boliviana”.

Sin embargo, no se sabe que González Valencia haya tenido una relación con alguna mujer boliviana, y a su llegada les dijo a las autoridades que no conocía a nadie allí. Después de su arresto, solamente admitió haber utilizado un pasaporte falso.

“Nunca participé en el narcotráfico en ninguna parte”, le dijo González Valencia a un juez brasileño en un mal portugués.

Actualmente se encuentra cumpliendo una condena por utilización de documento falso y está a la espera de su extradición a Estados Unidos en la Penitenciaría Federal de Mossoró, Brasil, una cárcel de máxima seguridad para reclusos particularmente peligrosos.

En febrero de 2018, la DEA entrevistó a González Valencia. Su abogado, Otoniel Maia de Oliveira Júnior, dijo que su cliente negaba ser la persona que ellos buscaban. La DEA se rehusó a hacer comentarios.

La Corte Suprema Federal de Brasil extendió recientemente la pena de prisión de González Valencia, aduciendo la extradición pendiente, el “riesgo extremadamente alto que representa el individuo” y sus vínculos con el CJNG.

Según documentos inmobiliarios obtenidos por El Deber, socio de OCCRP, en el mes de marzo González Valencia todavía poseía su propiedad en Bolivia.

* Este artículo fue publicado originalmente por Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Fue traducido, editado para mayor claridad y reproducido con autorización, pero no refleja necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.

SHARETweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedIn