La vicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti ha renunciado a su cargo, mientras las repercusiones de un escándalo en la agencia nacional aduanera que involucran a su exsecretario privado continúan agitando el país.
En una conferencia de prensa el 8 de mayo, el presidente Otto Pérez Molina anunció la renuncia de la vicepresidenta Baldetti, afirmando que su decisión "es personal, meditada, difícil y valiente”.
El anuncio se produce en un momento en que Pérez enfrenta la peor crisis política de su administración, dado que el liderazgo del gobierno está siendo objeto de un intenso escrutinio tras el arresto, el 16 de abril, de 20 sospechosos que presuntamente hacían parte de una red de fraude aduanero conocida como "La Línea". Entre los detenidos se encuentra el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) —la autoridad comercial de Guatemala—, Álvaro Omar Franco Chacón, y su predecesor, Carlos Enrique Muñoz Roldán.
Sin embargo, Juan Carlos Monzón Rojas, el exsecretario privado de Baldetti, es a quien la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Fiscalía General identificaron como el principal líder de La Línea, después de una investigación de diez meses. El paradero de Monzón —que había viajado con Baldetti a Corea del Sur el 13 de abril— aún es desconocido.
Durante las últimas semanas se habían producido numerosas presiones para que Baldetti renunciara, y miles de manifestantes en las calles de Ciudad de Guatemala exigían la renuncia tanto de Pérez como de Baldetti tras las revelaciones del escándalo de La Línea. El 6 de mayo, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), una prominente asociación empresarial de Guatemala, también pidió la renuncia de Baldetti y y solicitó que se continúen las investigaciones que actualmente realizan la Fiscalía General y la CICIG.
También el 6 de mayo, la Corte Suprema de Guatemala dictaminó por unanimidad que el Congreso podría revocar la inmunidad judicial de Baldetti, aduciendo que había pruebas suficientes para justificar una investigación sobre su posible participación en el escándalo de La Línea. Como respuesta, el Congreso de Guatemala conformó una comisión para evaluar las pruebas y recomendar un posible retiro formal de la inmunidad de Baldetti, despejando el camino para la imputación de cargos criminales.
El Partido Patriota, al cual pertenece Baldetti, no cuenta con mayoría en el Congreso, y el partido Libertad Democrática Renovada (LIDER) —cuyos miembros ocupan tres de los cinco puestos en la comisión— ya ha expresado su voluntad de retirar la inmunidad de Baldetti.
Si bien las comisiones del Congreso normalmente cuentan con 60 días para realizar una recomendación, al parecer el Congreso ha pedido que el informe de la comisión sobre Baldetti sea entregado el 14 de mayo.
Sin embargo, durante la rueda de prensa, Pérez señaló que ahora que Baldetti ha presentado su dimisión, también ha renunciado a su inmunidad judicial.
Análisis de InSight Crime
A pesar de que Guatemala ha luchado por mucho tiempo contra la corrupción política y el crimen, el descontento generalizado del pueblo con el gobierno —y la vehemente solicitud de la renuncia de Baldetti—, producido por el escándalo de La Línea, es un acontecimiento sin precedentes en la historia reciente del país. Sin embargo, la indignación social parece haber impulsado las investigaciones y ha llevado a que antiguos aliados políticos se distancien de Baldetti (por ejemplo, Alejandro Sinibaldi, candidato presidencial del Partido Patriota, abandonó el partido tres días después de los arrestos de La Línea).
Sin embargo, puede haber sido que la caída de Baldetti era inevitable, dado que los comentarios y las acusaciones de negocios corruptos han sido constantes desde que ella asumió el cargo. En especial, Baldetti ha sido vinculada al caso de Marllory Chacón Rossell, una narcotraficante guatemalteca conocida como la “Reina del Sur,” identificada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como “la más activa lavadora de dinero” de Guatemala.
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Chacón, recientemente condenada en una corte de Estados Unidos, donde se declaró culpable de cargos de narcotráfico, fue puesta bajo custodia de Estados Unidos en 2014; sin embargo, ella presuntamente había estado cooperando desde 2012 con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés) y la Fiscalía de La Florida, y probablemente proporcionó información sobre políticos y empresas con vínculos criminales.
Aunque aún se desconoce a quién ha implicado Chacón, se sabe que ella se codeaba con las élites políticas y económicas de Guatemala. En una entrevista en mayo de 2014, Chacón dijo que había conocido Baldetti, y se ha rumorado que ella y uno de sus socios donaron US$2 millones al Partido Patriota para las campañas de 2011. Sin embargo, Baldetti siempre ha negado tales vínculos.
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Además, el papel de la CICIG en la investigación de la red de fraude aduanero de La Línea, que ahora ha llevado a la dimisión de una vicepresidenta, puede verse como uno de los logros más significativos en la lucha de la comisión contra la impunidad en Guatemala.
Dado que el mandato de dicha comisión se extendió recientemente, es probable que la CICIG seguirá haciendo frente a la corrupción política y al crimen, hasta que algún día los mismos fiscales guatemaltecos puedan acabar con esas sofisticadas redes criminales.
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