Tras recibir varios duros golpes, el grupo criminal Los Gaitanistas, de Colombia, ha anunciado un cese el fuego unilateral, como un último intento de negociar con el Gobierno. Los directores de InSight Crime, Steven Dudley y Jeremy McDermott, discuten las posibles consecuencias que tendría una rendición de Los Gaitanistas en el tráfico de drogas en el país suramericano.
Los Gaitanistas, también conocidos como Clan del Golfo, Urabeños y Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), la principal organización narcotraficante colombiana actualmente, anunció, a través de una declaración del 13 de diciembre, que cesarían las hostilidades durante la época de Navidad.
El documento, que consta de ocho puntos, llama a los otros grupos armados a que también suspendan las hostilidades temporalmente. En particular, llaman al Ejército de Liberación Nacional (ELN), con quienes las AGC han tenido violentos enfrentamientos este año, a que haga un alto el fuego en todo el país.
El presidente Juan Manuel Santos "calificó como positivo el anuncio del Clan del Golfo [como también se conoce a las AGC] de cesar actividades militares, pero advirtió que la Fuerza Pública no dejará de ejercer presión contra esta estructura criminal", como lo señala un comunicado de prensa de la Presidencia.
Esta presión del gobierno ha aumentado en los últimos tres años, y desde principios de 2015 se lanzó la Operación Agamenón, cuyo objetivo es ir tras las AGC en su bastión tradicional, la subregión de Urabá en la costa Caribe colombiana. Las operaciones conjuntas entre la policía y el ejército, los bombardeos aéreos a los campamentos de las AGC, y la creación, en el año 2016, de una unidad especial de la policía contra el crimen organizado, denominada "Bloque de Búsqueda", han tenido impactos visibles sobre la estructura criminal.
Junto con las incautaciones de toneladas de cocaína, que han debilitado al grupo, en pocos meses las fuerzas de seguridad han derribado al segundo y tercer hombre al mando de la agrupación. Inicialmente, a finales de agosto de este año, con la muerte de Roberto Vargas Gutiérrez, alias "Gavilán", a manos de las fuerzas de seguridad, y después, en el mes de noviembre, cuando las autoridades dieron de baja al sucesor de Gavilán como el segundo hombre al frente del grupo, Luis Orlando Padierma, alias "Inglaterra". Según El Tiempo, en los últimos cuatro años el grupo ha perdido la mitad de sus miembros.
Estos golpes han acorralado a Dairo Antonio Úsuga, alias "Otoniel", el cabecilla de las AGC. En septiembre, unos días después de la muerte de Gavilán, Otoniel les propuso a las autoridades negociar su rendición. La reciente declaración reafirma el deseo de las AGC de entrar en negociaciones de paz con el gobierno, como un intento de convertir al grupo en un actor político.
Sin embargo, los comentarios de Santos muestran que la postura oficial es inequívoca: no habrá conversaciones de paz como las que se han llevado a cabo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el ELN. Las únicas dos opciones para las AGC son entregarse a la justicia, o arriesgarse a ser aniquilados.
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Más allá de los parámetros que tendría una posible rendición de las AGC, existe incertidumbre acerca de sus consecuencias para el comercio de las drogas en Colombia y para la criminalidad en el país, que actualmente se compone de redes criminales que interactúan entre sí.
"La salida de Los Urabeños de esta nueva dinámica será significativa, pero no generará cambios importantes en la exportación de cocaína en el país", señaló Jeremy McDermott, director de InSight Crime.
"Sólo eliminará uno de los rostros más visibles de dicho comercio en la actualidad, y tal vez habrá un cambio geográfico […] La red criminal podría cambiar de centro de operaciones, y trasladarse [de Urabá] a otra parte del país. Y apostamos a que será a los Llanos Orientales, cerca de las fronteras con Venezuela y Brasil".
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