La violencia perpetrada en Centroamérica por los grupos de narcotraficantes y las pandillas callejeras "maras" socava al Estado y genera altas tasas de homicidios, reclutamiento forzoso y desplazamiento forzado -un impacto comparable al de un conflicto armado.
Un informe (pdf) presentado recientemente por el Proyecto de Evaluación de la Capacidad (ACAPS, por sus siglas en inglés) examina las consecuencias humanitarias de la violencia que aflige a los países del "Triángulo Norte" -El Salvador, Guatemala y Honduras- y observa cómo los actores humanitarios pueden conceptualizar y responder a esa violencia.
Los autores advierten que las consecuencias humanitarias de la inseguridad en estos países –a las que el informe se refiere como "otras situaciones de violencia" (OSV), según la terminología del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)- son muy similares a las de un conflicto armado convencional, incluso si la violencia no tiene las mismas raíces políticas. El Triángulo del Norte es el hogar de pandillas fuertemente armadas que mantienen un estricto control territorial y social, y que plantean a los ya débiles gobiernos un gran desafío. Como señaló a InSight Crime en un correo electrónico Robert Muggah, director del Instituto Igarapé, una organización de investigación brasileña: "puede que [las pandillas] no traten de usurpar al Estado como sucede en las guerras civiles convencionales, pero a menudo lo cooptan con éxito".
Las consecuencias incluyen tasas de homicidios extremadamente altas -la de Honduras es más alta que la de algunos Estados con conflictos armados, como Sudán- y costos para la salud humana y la educación, así como el abandono de los hogares y de los espacios públicos en las zonas invadidas por las pandillas.
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Virginie André, la responsable de la oficina en Centroamérica del Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea (Echo, por sus siglas en inglés), señaló a InSight Crime en correspondencia escrita que la falta de información precisa acerca de los impactos humanitarios de la violencia presenta un desafío para los actores humanitarios.
"Se necesita tiempo para que los actores se ajusten, se adapten y respondan. Tenemos que aprender cómo hacerlo y dar a los actores humanitarios las herramientas y condiciones para hacerlo", escribió André.
El estudio de ACAPS propone un marco para mejorar la medición del impacto de la violencia en el Triángulo del Norte, con el fin de determinar la respuesta humanitaria y las políticas de Estado más adecuadas. Los tres sugerencias principales son: determinar con mayor precisión los efectos de la violencia sobre la población, examinar el acceso que tiene la población afectada a la asistencia humanitaria, y medir la capacidad de respuesta de los actores estatales y no estatales.
Análisis de InSight Crime
Los países del Triángulo Norte de Centroamérica sufren de altos niveles de violencia de pandillas, donde los principales protagonistas son las pandillas callejeras Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18. Estos grupos ejercen control sobre los principales centros urbanos de los países, extorsionando a la población y limitando su movimiento, reclutando niños, y enfrentándose tanto entre sí como con las fuerzas de seguridad. Estas pandillas han mostrado signos de una creciente sofisticación, comenzando a reorganizarse en una estructura más jerárquica en Guatemala, y utilizando armas de uso militar e infiltrando las fuerzas de seguridad en El Salvador. Estados Unidos ha reconocido a la MS13 como una organización criminal transnacional (OCT), aunque esta clasificación sigue siendo discutible.
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Durante los últimos años la seguridad de la región también se ha visto afectada por un aumento en la actividad de tráfico de drogas, con la entrada de algunos carteles mexicanos a estos países y los enfrentamientos subyacentes en términos territoriales, en una lucha por el control del tráfico y almacenamiento de cocaína. Además de representar una amenaza directa para la población, los grupos de droga foráneos y locales han corrompido a los gobiernos regionales.
Para André, la situación en el Triángulo del Norte -con homicidios, reclutamiento forzoso y desplazamiento forzado- presenta las señales claras de una crisis humanitaria. Juan Pedro Schaerer, delegado regional para México, Centroamérica y Cuba del CICR, escribió a InSight Crime que "a pesar de que las causas de estas situaciones de violencia pueden variar en su carácter si se comparan con las de los conflictos armados, las consecuencias humanitarias son ... a menudo las mismas, tanto en forma como en complejidad e intensidad".
Según Muggah, la ayuda humanitaria internacional tradicionalmente se ha centrado en gran medida afuera de los centros urbanos, pero las agencias humanitarias internacionales han comenzado a adaptar sus estrategias para satisfacer las necesidades que genera la violencia urbana a largo plazo. Ciertos actores humanitarios, incluyendo al CICR, Médicos Sin Fronteras (MSF) y ECHO, han comenzado a intervenir en OSV.
Por ejemplo, en 2013, ECHO invirtió cerca de US$2,7 millones para abordar la violencia en México y Centroamérica. Según André, parte de este dinero se utilizó en aumentar la visibilidad del problema y en recopilar evidencia para formular mecanismos de respuesta adecuados.
Sin embargo, intervenir en OSV es complicado porque los marcos legales, conceptuales y prácticos no están tan bien definidos como en el caso de una situación tradicional de conflicto prolongado. Por un lado, puede ser más difícil obtener la aceptación de los actores involucrados en la violencia. Según Schaerer, un reto particular para el CICR ??en el Triángulo del Norte es que la organización no tiene un "diálogo sistemático" con todos los que generan violencia, como probablemente si lo tendría en una situación tradicional de conflicto armado.
El CICR se ha movido con cautela en programas piloto implementados en ciudades como Río de Janeiro en Brasil -que también ha sufrido de una prolongada actividad de pandillas violentas y de tiroteos periódicos con las fuerzas de seguridad- implementando primero servicios básicos de salud, para ganar la aceptación de las pandillas antes de lanzar programas más amplios.
Según André "conocer el campo" ha sido clave para los socios de ECHO en el Triángulo del Norte, incluyendo ONGs, oficinas de la Cruz Roja y programas de las Naciones Unidas. "Cuanto más se aceptan en las comunidades, más fácil es trabajar."
Muggah señala que otro problema es que los propios gobiernos son reacios a etiquetar la violencia en el Triángulo del Norte como una "crisis humanitaria", porque esto sería una admisión tácita de su incapacidad para controlar la situación. En lugar de ello, con frecuencia, los gobiernos recurren a políticas militarizadas y de mano dura que hacen frente a las causas inmediatas de la violencia, sin abordar los factores subyacentes.
Cuando los gobiernos no reconocen la magnitud del problema, los actores humanitarios tienen menos espacio para intervenir, lo que lleva a que muchos se centren en temas menos politizados, en lugar de enfocarse en la violencia de forma directa, afirma Muggah.
Mientras tanto, el hecho de que en la actualidad la violencia de las pandillas urbanas no está catalogada como un conflicto armado, implica que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) no se aplica, algo que para Schaerer puede limitar la labor del CICR, tanto desde "el punto de vista legal como judicial." Y aunque definir estas situaciones como conflictos armados ayudaría a garantizar un flujo de ayuda a los programas de prevención de violencia, también presentaría el inconveniente de proporcionar cierta legitimidad a las pandillas organizadas, al tiempo que potencialmente daría legitimidad a los asesinatos de "combatientes" a manos del gobierno.
Dadas estas dificultades, las recomendaciones del ACAP para medir el impacto de la violencia son clave. Para Muggah el sector internacional humanitario necesita, como mínimo, "reconocer plenamente la gravedad de la situación y establecer instalaciones de monitoreo apropiadas." Se tendría que establecer sistemas de información sobre temas como la verdadera escala del desplazamiento, para que las estrategias adecuadas puedan ser puestas en marcha.
Una información más completa también podría aumentar la capacidad de respuesta de las ONGs locales, e impulsar a los Estados a reconocer la gravedad de la situación. Esto es esencial, ya que como lo señaló André, la ayuda humanitaria únicamente aborda la crisis inmediata. "Por encima de todo hay una necesidad de soluciones a largo plazo, de hacer frente a las causas fundamentales", soluciones que en última instancia sólo pueden ser implementadas por los gobiernos de cada país.
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