El analista de seguridad mexicano, Alejandro Hope, hace una análisis sobre la violencia criminal en México.
El viernes pasado, el gobierno hizo público un “informe federal de datos preliminares sobre indicadores en materia de seguridad“. Y, entre otros datos, el documento dio cuenta del total de “homicidios dolosos vinculados a la delincuencia organizada” en los meses de enero y diciembre.
Bueno, ¿y no era eso lo que quería? ¿No escribí hace unos días que había que “exigir al gobierno que haga pública la información [sobre homicidios] tan rápido como resulte posible”? Sí, pero no esa información. El ejecutómetro oficial, la base de datos de homicidios vinculados a la delincuencia organizada (alguna vez llamados “fallecimientos por presunta rivalidad delincuencial”), es peor que inútil: es positivamente perjudicial para comprender la evolución de la violencia criminal en el país.
Ya he escrito sobre este tema, pero van de nuevo los problemas con el “ejecutómetro”:
1. No está construído con información dura: la designación de un homicidio como “vinculado a la delincuencia organizada” no resulta de una investigación judicial que permita dilucidar el móvil. Es producto de meras inferencias basadas en algunas características de los incidentes o las víctimas (¿se utilizó un arma de alto poder? ¿el cadáver estaba “encobijado” o “encajuelado”? ¿había señas de tortura? etc.). El método era, tal vez, medio adecuado en 2007, cuando el universo de casos era mucho más pequeño, había un número limitado de grupos criminales identificables y la violencia extrema era básicamente cosa de narcos, pero no en 2013, cuando las costumbres de los narcos se han extendido, el número de grupos ha crecido y hay dos veces más homicidios que hace seis años. Es decir, hoy es mucho más difícil saber que es y que no es obra de una mal definida “delincuencia organizada”. Esa confusión se ve en las cifras: el número de homicidios “no vinculados” a la delincuencia organizada (es decir, el número que se obtiene restando los homicidios “vinculados” del total de homicidios dolosos reportados en la base del SESNSP) disminuyó 27% entre 2007 y 2011. En un entorno de crecimiento generalizado de la violencia, cuando las autoridades estaban rebasadas en buena parte del país, ¿por qué disminuirían otros tipos de homicidio? ¿Por qué se reducirían los pleitos de cantina, los asaltos que acaban en homicidio o las disputas por tierra? No tiene sentido. Es más probable que la definición de “homicidio vinculado a la delincuencia organizada” se haya expandido hasta incorporar múltiples formas de violencia criminal.
2. No da información adicional a la que se obtiene de las otras fuentes oficiales: entre 2007 y 2011, la correlación entre la serie de “fallecimientos por presunta rivalidad delincuencial” y la de homicidios dolosos del SESNSP es casi perfecta (0.95). Las curvas corren casi en paralelo, así que no obtenemos nada nuevo sobre tendencias. Si se quiere información sobre la distribución geográfica de la violencia (a nivel municipal) o sobre las causas detalladas de las muertes, allí está la base de datos del INEGI. Entonces, ¿para qué queremos una tercera base de datos oficial?
3. Genera confusión: ya existen dos fuentes oficiales de información sobre homicidios (SESNSP e INEGI). Las series no coinciden entre sí, porque a) provienen de registros administrativos distintos (la primera de las procuradurías y la segunda de los registros civiles) y b) miden cosas diferentes (averiguaciones previas en un caso, cadáveres en el otro). No es fácil explicar la distinción (nota: en muchos otros países hay diferencias entre los dos tipos de fuentes) y mucha gente acaba confundida y segura de que alguien oculta información. Añadan otra serie y la confusión se vuelve general: la pelotera sobre los “muertos de Calderón” (que si son 60 mil, 100 mil, 120 mil víctimas…) tiene su origen en la multiplicidad de fuentes y algo similar puede suceder en este sexenio.
4. No tiene comparabilidad histórica (antes de 2007) ni internacional (que yo sepa, ningún otro país tiene una serie similar): en esas condiciones, es imposible poner los datos en contexto ¿Mil cien “homicidios vinculados a la delincuencia organizada” por mes son muchos o pocos? Parecerían muchos, pero ¿cómo saber en ausencia de puntos de referencia?
5. Facilita a los gobiernos estatales evadir sus responsabilidades: si los homicidios están “vinculados a delincuencia organizada”, pues caerían en el fuero federal y serían responsabilidad de las autoridades federales ¿no? Al menos eso han argumentado y seguirán argumentando los gobiernos de los estados. Al publicar un dato como el del viernes, el gobierno federal les da la razón ¿De veras puede y quiere la PGR hacerse cargo del 70% de los homicidios del país?
6. Criminaliza a las víctimas: el gobierno de Felipe Calderón fue severa y justamente criticado por sugerir sin muchas bases que la gran mayoría de las víctimas de homicidio eran “miembros de la delincuencia organizada” y que los delitos eran “ajustes de cuentas entre bandas criminales”. Pues el gobierno de Enrique Peña Nieto acaba de hacer lo mismo o peor: en el comunicado del viernes, aseguró que 1068 de 1104 víctimas (97%) de los “homicidios dolosos vinculados a la delincuencia organizada” registrados en enero eran “presuntos delincuentes” ¿Y en que basan esa presunción? ¿El nombre de cada una de esas personas aparece en una denuncia penal? ¿Revisaron los antecedentes penales de cada una de las víctimas? ¿O no será que simplemente se les ocurrió que, si aparecieron muertos, fue “por andar metidos en algo”? Dos a uno a que es lo último (esto me recuerda a un general en Chihuahua que, en 2008, le sugirió a los medios que “en vez de decir un muerto más, deberían decir un delincuente menos“).
Por esos motivos (y otros), el gobierno anterior decidió en 2012 cancelar la difusión (no la producción, por lo visto) de los datos sobre “fallecimientos por presunta rivalidad delincuencial” (la publicación de datos sobre homicidios dolosos siguió ininterrumpida). En palabras de Oscar Vega, hasta diciembre pasado secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “la catalogación o la calificación de un homicidio doloso en su relación con algún tipo de delincuencia organizada…es facultad exclusiva del Ministerio Público y del Poder Judicial que califica, investiga y sanciona cada uno de los delitos…La postura actual es que sólo estaremos informando lo que deriva ya de las investigaciones y los procesos judiciales”.
Fue un cambio tardío, pero en la dirección correcta: no es buena práctica presentar como dato oficial algo que no pasa de corazonada. Ahora el nuevo gobierno, por razones desconocidas, ha dado marcha atrás. Lamento profundamente la decisión y estoy convencido que los responsables de la misma harán lo propio más temprano que tarde. Tal como sucedió en el sexenio de Calderón, el ejecutómetro va a sembrar confusión entre la opinión pública y envenenar la discusión sobre el estado de la violencia en el país, además de dotar de un excepcional garrote a los opositores y críticos del gobierno.
Agárrense entonces: desde el viernes pasado, Enrique Peña Nieto tiene su guerra y tiene sus muertos.
PD: si los datos del informe fueron malos, la manera de presentarlos fue peor. Hacer una comparación mes a mes (enero contra diciembre), sin ajuste alguno por efectos estacionales o de calendario, es absurdo: no dice absolutamente nada sobre cómo vamos. Además, como está cancelado el acceso a la base de datos de “fallecimientos por presunta rivalidad delincuencial”, construída en el sexenio anterior, no hay puntos de referencia (así provengan estos de una mala fuente).
PD2: si van a presentar datos de decomisos de drogas, ¿sería mucha molestia presentar el desglose por sustancia? Considerando que en Estados Unidos la marihuana tiene un precio al mayoreo de menos de 1000 dólares por kilo, la cocaína, 25 mil dólares y la heroína, 60 mil dólares, como que sí importa saber de qué droga se trata.
Publicado con el permiso de *Alejandro Hope, de Plata o Plomo, un blog sobre la política y la economía del crimen publicado por Animal Político. Lea el original aquí. Hope es también miembro de la Junta Directiva de InSight Crime.
SUSCRIBIRME