La bióloga supo que algo andaba mal cuando reconoció al jaguar encerrado en una de las jaulas de Little French Key, un parque turístico y zoológico ubicado en Roatán, una de las Islas de la Bahía en el Caribe hondureño. El jaguar se llama Zimba y la bióloga lo había visto poco más de un año antes, cuando ordenó su decomiso por primera vez porque el lugar no tenía los permisos necesarios ni cumplía con todos los requisitos para funcionar. Zimba no tenía que estar ahí.
La bióloga añadió una más a su lista de sospechas sobre este zoológico que ha funcionado en Roatán desde 2011.
A Little French Key (LFK) empezaron a llegar animales traficados desde aquel año. Parte de su infraestructura está montada sobre el arrecife coralino de Roatán, uno de los más ricos del planeta, sin los permisos correspondientes. Algunos de sus animales llegaron desde un zoológico del que fueron dueños los narcotraficantes más poderosos del país.
“Zimba tiene las orejas cortas y redondas. Cada jaguar tiene su propio patrón de manchas… Desde que Zimba era bebé, cuando lo decomisamos en 2015, tenía manchas (en forma de mariposa) en la cara”, me dijo en mayo de 2019 una de las profesionales que participaron en varios decomisos realizados en LFK entre 2015, 2016 y 2018 porque el zoológico no cumplía con las condiciones mínimas para albergar animales, y quien aceptó hablar conmigo desde el anonimato para resguardar su seguridad.
En 2016, de nuevo por incumplimiento de disposiciones administrativas en el cuido y manejo de los animales, las autoridades hondureñas intervinieron LFK una vez más. Ahí estaba Zimba con sus manchas en forma de mariposa, que la bióloga reconoció de inmediato, aunque se suponía que en 2015 el jaguar había sido enviado a otro lugar.
Zimba sí salió de LFK en 2015. Desde ese primer decomiso hasta su regreso al zoológico de Roatán, el jaguar siguió una ruta que une su historia con la de Los Cachiros, uno de los grupos de narcotráfico más importantes que ha habido en Honduras.
Tras el primer decomiso en LFK, el Instituto de Conservación Forestal de Honduras (ICF) gestionó que otro zoológico de Roatán, en el pequeño cayo de Barbereta, en el extremo oriente de la isla, recibiera a Zimba, pero los dueños se negaron por falta de espacio. El jaguar viajó entonces a Joya Grande, un lugar que ya es mítico en el imaginario hondureño del narcotráfico.
Joya Grande es el zoológico que fundó a inicios de la década pasada Devis Leonel Rivera Maradiaga, uno de los cabecillas de la banda Los Cachiros, que controló el tráfico de cocaína en el norte hondureño hasta 2013, cuando la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) desmanteló la banda.
Aquel año, el Estado hondureño decomisó Joya Grande tras la captura de Rivera Maradiaga. El zoológico pasó a ser administrado primero por el Estado y luego por biólogos que habían trabajado ahí desde la época de Los Cachiros. Desde entonces, según testimonios de tres funcionarios del ICF, y de procesos judiciales y administrativos revisados, Joya Grande ha recibido animales procedentes del tráfico ilegal y que han recalado antes en otros zoológicos como Little French Key. Zimba fue uno de ellos.
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La historia de LFK, en Roatán, no solo narra los vínculos con un zoológico fundado por narcos. Es, sobre todo, una historia ligada a la depredación del medio ambiente hondureño. En este lugar, que aparece a los ojos de los turistas como un destino exótico para convivir con animales salvajes, nadar con ellos en las prístinas aguas del Caribe o para disfrutar un buen cóctel junto al mar, se esconde una saga de abusos levantada sobre decenas de ilegalidades.
El 7 de junio de 2018, el ICF realizó una nueva inspección, la tercera en tres años. Encontró 25 jaulas con 59 animales de 17 especies distintas, según el dictamen ICF-035-DVS-2018, levantado ese día y del que InSight Crime tiene copia.
Ese informe repetía todas las observaciones que ya la autoridad forestal había hecho al zoológico desde 2015. Las más importantes: las jaulas para los felinos grandes no cumplían con los estándares mínimos de tamaño, ningún recinto contaba con elementos que ayudaran a reducir el estrés de los animales (neumáticos, vegetación), presencia de monos bebés que ICF presume fueron traficados desde las selvas de La Mosquitia. En 2017, el Ministerio Público en Roatán también acusó a un hombre relacionado con el zoológico de “captura de fauna ilegal”.
Hay otras dos observaciones, que hablan del alcance de la operación de tráfico animal y la impunidad con la que funcionó. La primera es que ya desde 2015, cuando se realizó la primera inspección y el ICF encontró 117 animales en cautiverio, el zoológico tenía prohibido adquirir más especímenes, y aun así lo siguió haciendo. La segunda es que los grandes felinos y guaras, que son especies protegidas en Honduras, no contaban con los permisos necesarios.
En LFK, los biólogos estatales también decomisaron osos perezosos, aves exóticas de colores, y gavilanes, todos procedentes de las reservas naturales protegidas en la Honduras continental.
Entre 2015 y 2018, la policía hondureña también hizo decomisos en el resto de Roatán, en los hogares de personas que trabajaban en LFK. Las sospechas, según dijo un agente del Ministerio Público, es que los particulares guardaban los animales para que se reprodujeran en cautiverio.
Cuando en 2016 la bióloga descubrió que Zimba permanecía en LFK de forma ilegal, tomó fotografías, las comparó con las que había obtenido en el decomiso del año anterior, levantó un informe y lo envió todo al Ministerio Público en Tegucigalpa. No pasó nada.
“Hay denuncias desde 2011… Les dieron tiempo para legalizar a sus animales y no lo hicieron, y el lugar se empezó a llenar de jaguares”, cuenta la bióloga.
Cuatro de los primeros pumas que llegaron a LFK fueron vendidos por el personal de Joya Grande, el zoológico narco, a US$4.000 por espécimen. Esos pumas primero llegaron al zoológico de Barbereta. El ICF levantó informes de todo, que llegaron hasta Tegucigalpa. Tampoco pasó nada, más allá de los decomisos temporales.
La bióloga lo tiene claro. “Lo que aquí hubo fue mucha influencia. Aquí no hay permisos. No hay nada”, me dijo.
No hay ley en el cayo francés
Little French Key es un pequeño cayo ubicado a unos 20 minutos en lancha del puerto francés, en la parte central de Roatán. Los libros de historia dicen que ahí se establecieron los bucaneros franceses que disputaron el control de la isla a los imperios británico y español en los siglos XVIII y XIX. De aquellos tiempos quedan las referencias a los piratas para atraer a los turistas.
En la línea litoral que circunda el puerto francés hay un pequeño muelle de madera, flanqueado por dos corsarios de madera y un bar. De ahí se toma una lancha para llegar al zoológico de Little French Key. InSight Crime estuvo ahí en mayo de 2019.
Es un lugar surrealista, a medio camino entre un lujoso complejo turístico caribeño de postal, con sus aguas cristalinas, sus búngalos y sus juegos acuáticos, y un estrambótico zoológico lleno de animales que, como el jaguar Zimba, no deberían estar aquí porque fueron obtenidos, traficados o resguardados en forma ilegal.
El zoológico, su infraestructura y su dueño, un ciudadano iraní-estadounidense con carné de residencia hondureña número 01-2306-2011-00002 de nombre Kaveh Lahijani, están circundados por historias de problemas con la justicia en Estados Unidos y en Honduras.
Lahijani llegó a Honduras huyendo de una demanda millonaria en Estados Unidos por US$2.5 millones, relacionada con negocios de bienes raíces en Orange County, California.
De acuerdo con documentos judiciales anexos al proceso número 00161-JLS abierto en Santa Ana, California, Lahijani se declaró en bancarrota en 1998 para evadir deudas con acreedores. Este proceso duró hasta 2009, cuando tras múltiples apelaciones, Lahijani acordó pagar parte de sus deudas. Para hacerlo, pidió prestados los US$2.5 millones a un familiar de su esposa, Larissa Krupp Lahijani.
Según un testimonio de la mujer, anexo al mismo proceso en Santa Ana, Lahijani ocupó parte del dinero para abrir y aprovisionar el zoológico en Little French Key.
En marzo de 2011, Lahijani “dejó California y se fue a Honduras a empezar una nueva vida, y usó US$2 millones de los préstamos que había asegurado en Santa Ana, para construir el lugar conocido como Little French Key, que en 2016 era la atracción turística número 1 de Honduras, recibiendo entre 200 y 300 personas al día, la mayoría de los cruceros y generando ganancias de unos US$200,000 al mes”, dice el testimonio de Larissa Krupp.
En Roatán, Kaveh Lahijani se convirtió en una especie de celebridad local por sus animales exóticos y su capacidad de evadir a la justicia. Aun hoy, quienes hablan de él lo hacen en susurros, por temor.
La primera vez que la autoridad hondureña inspeccionó LFK, en 2015, ahí había más de un centenar de animales. Según cálculos de los agentes del ICF, darles de comer costaba entonces unos US$28.000 mensuales. Si las ganancias de las que habla Larissa Krupp son ciertas, está claro que el zoológico de Lahijani era un negocio redondo.
Desde el principio, además, el iraní-estadounidense intentó a toda costa aminorar los gastos que el resort exigía para amortizar el daño medioambiental y cumplir con todas las obligaciones legales contraídas con sus trabajadores.
Lahijani construyó parte de sus amenidades, como una piscina circundada por tapiales de madera y adornada con enormes réplicas en concreto de caballos de mar, más allá de la línea del arrecife coralino y después de talar el mangle original, y nunca invirtió para reparar el daño, según consta en al menos tres causas judiciales abiertas entre 2016 y 2017 que InSight Crime revisó en Roatán en 2019. Entre 2017 y 2018, trabajadores de LFK también abrieron causas criminales en los juzgados de la isla por incumplimiento de pagos.
En 2016, Larissa Krupp Lahijani demandó a su marido por violencia intrafamiliar en Honduras y Estados Unidos y solicitó el divorcio en una corte de California, donde la mujer también pidió una compensación mensual por US$45.911. InSight Crime intentó contactar a los abogados de Lahijani, pero no hubo respuesta.
Kaveh Lahijani siguió refugiado de todos sus líos legales en su zoológico de Roatán, donde los animales traficados de Little French Key seguían asegurándole un ingreso importante. La suerte le alcanzó para un par de años más.
El incendio
El mangle y los búngalos aledaños al zoológico empezaron a arder la mañana del domingo 26 de agosto de 2018. Los trabajadores que estaban en LFK llamaron a la policía y los bomberos.
Por la tarde, con el fuego que había arrasado con un tercio del resort aún extinguiéndose, un puñado de biólogos del ICF ubicados en Roatán llegaron a hacer el inventario de los animales. Lo que siguió después, según relatos recogidos por InSight Crime entre algunos de los funcionarios que estuvieron en el zoológico aquel día, fue el caos.
Los biólogos volvieron a decir, como lo habían hecho en 2015 y 2016, que la mayoría de los animales no tenían los permisos para estar ahí. Empezaron los procedimientos para decomisarlos. Empleados del zoológico, incluidos dos supuestos veterinarios —un mexicano y un español, según actas del gobierno hondureño levantadas en el lugar—, intentaron detener al personal del ICF.
Una de las biólogas anunció que se llevarían a los felinos grandes a un resguardo autorizado, pero los empleados de Kaveh Lahijani intentaron impedirlo. “La empujaron, le jalaron el pelo, le dijeron ladrona…”, recuerda uno de los agentes estatales que estuvieron en LFK el día del incendio.
Lahijani, cuyos problemas legales habían ido creciendo antes del fuego, no llegó al zoológico hasta que alguien le habló para decirle que la policía estaba por llevarse sus jaguares.
Ya antes del incendio, todas las denuncias en los tribunales de Roatán y los pleitos en los que Kaveh Lahijani se había metido con las autoridades locales lo habían sacado del anonimato. El caso del iraní-estadounidense residente en Roatán y su zoológico de animales traficados había llegado hasta Tegucigalpa, no solo al Ministerio Público central, sino además a la embajada de Estados Unidos en Honduras, según una jefa fiscal que conversó con InSight Crime bajo condición de anonimato por no estar autorizada para comentar casos abiertos.
Lo cierto es que, según dos de los agentes que estuvieron en LFK el día del incendio, tras las primeras horas de confusión llegó al zoológico un contingente del Estado hondureño pocas veces visto en Roatán: unas 90 personas, entre veterinarios y biólogos del ICF, miembros de fuerzas especiales del ejército embarcadas desde los puertos vecinos de Ceiba y Cortés y policías llegados desde Tegucigalpa, además de dos helicópteros de fabricación estadounidense. Los biólogos se quedaron una semana inventariando todo y supervisando el traslado de los animales, incluso de un par de panteras negras. Little French Key cerró. Solo por un tiempo.
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“Las cosas se aceleraron cuando Estados Unidos dijo que había interés, no solo por el pasado del dueño, sino porque había sospechas de lavado de dinero y de tráfico de animales”, me dijo en Tegucigalpa la jefa fiscal que estuvo al tanto de la investigación.
Para mayo de 2019, LFK había vuelto a funcionar. El día que InSight Crime visitó el lugar, no había rastros del jaguar Zimba, pero otros tres felinos grandes adornaban dos jaulas del zoológico. Había también un mono bebé y varias guaras, que el ICF sospecha fueron traficados desde La Mosquitia, además de pavos reales y caballos. En el límite del arrecife coralino, en la piscina con caballos de mar de concreto, media docena de obreros continuaban trabajos de construcción.
Varias inspecciones de conservacionistas estatales, demandas laborales y ambientales no resueltas, un incendio y un inmenso operativo con helicópteros y soldados —nada detuvo la depredación en Little French Key durante una década—. Hasta que a Kaveh Lahijani se le acabó la suerte.
El 15 de mayo de 2019, la policía hondureña rodeó la casa del iraní-estadounidense en el puerto francés de Roatán y lo capturó por lavado de activos. Los policías decomisaron unos US$130.000 durante el arresto. Poco después, sin embargo, Lahijani quedó libre por falta de pruebas y viajó Panamá. Ahí lo esperaba otra orden de captura por sus asuntos pendientes en Estados Unidos.
En octubre, Lahijani fue extraditado a California para responder por un asunto migratorio: en 2017, el dueño de LFK había renovado su pasaporte estadounidense en el consulado en San Pedro Sula. Cuando le preguntaron si tenía pendientes asuntos con la justicia en Estados Unidos, Lahijani dijo que no. Se le olvidó mencionar que, ese mismo año, Larissa Krupp, su exesposa, lo había demandado por US$1.5 millones pendientes en ayudas familiares. En septiembre de 2019, un juez californiano había pedido el arresto de Lahijani, la que se hizo efectiva en Panamá.
En enero de este año, la fiscalía de California pidió desestimar el caso contra Kaveh Lahijani por mentir en la aplicación para obtener su nuevo pasaporte, pero los otros cargos por deudas siguen pendientes. Krupp, en una carta que hizo llegar al juez del caso, pidió que, como compensación por el dinero que alega le debe su exmarido, le permita a ella quedarse con la explotación de Little French Key, el zoológico hondureño que creció al amparo de la ilegalidad, y en donde, según han conocido las autoridades del país centroamericano, se traficó con animales como el jaguar Zimba, se depredó uno de los arrecifes coralinos más grandes del mundo y ha habido sospechas de lavado de dinero.
Fue uno de los jueces estadounidenses el que, al referirse a Kaveh Lahijani, también describió la ilegalidad en la que funcionó LFK durante una década. “No hay nada en la historia de este caballero que me indique que tiene respeto alguno por la ley”, dijo el magistrado en una audiencia de fianza realizada en California el 8 de octubre de 2019.
Little French Key estuvo cerrado durante la emergencia sanitaria por el coronavirus, pero, según me confirmó uno de los agentes hondureños destacados en Roatán, los animales siguen ahí. A pesar de todo.
*Fotos: Héctor Silva Ávalos
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