Zonas de concentración de las FARC pueden ayudar a evitar el reciclaje de violencia

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El reciente anuncio de zonas de concentración en las que se agruparan los guerrilleros de las FARC luego de la firma del acuerdo de paz con el gobierno colombiano, da a ambos bandos una oportunidad de evitar que continúe la violencia y la actividad ilegal en esas zonas.

Las 23 zonas de concentración, acordadas por las FARC y el gobierno colombiano la semana anterior con la firma de un cese al fuego bilateral, se encuentran ubicadas en 12 departamentos en todo el territorio colombiano. Además de las zonas de concentración, conocidas oficialmente como “zonas veredales transitorias de normalización”, habrá ocho campamentos de las FARC.

Cuatro de las zonas de concentración se localizarán en el departamento de Meta, mientras que habrá tres en los departamentos de Antioquia y Caquetá. Los demás departamentos que albergarán zonas de concentración son: Cesar, Norte de Santander, Tolima, Cauca, Nariño, Putumayo, Arauca, Vichada y Guaviare. (Vea el mapa abajo) 

Meta también tendrá dos de los campamentos de las FARC, de menor tamaño que las zonas de concentración.

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Según un comunicado de prensa del 24 de junio, se eligieron las zonas porque se encuentran en áreas rurales, están lo suficientemente “distantes” de áreas de frontera, y fuera de zonas con presencia de cultivos de coca o minería ilegal, entre otros criterios. Cada zona estará rodeada por un cordón de seguridad de un kilómetro, adonde no se permitirá el ingreso ni de la guerrilla ni de la fuerza pública.

Las FARC solo se establecerán en las zonas de concentración una vez se haya firmado el acuerdo final de paz. Los insurgentes pasarán hasta 180 días en las zonas, tiempo en el cual entregarán sus armas a la misión de verificación de la ONU y recibirán capacitación para hacer la transición a la vida civil.

zonas concentracion

Análisis de InSight Crime

La mayor parte de las zonas de concentración se localizan en municipios que InSight Crime ha identificado como de alto riesgo para el reciclaje de la violencia y las economías criminales luego de un acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Además del grupo guerrillero, otros actores criminales como el grupo insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la organización neoparamilitar Los Urabeños tienen presencia en muchas de esas zonas. Esos grupos podrían tomar control de las economías ilícitas de las FARC, como las vacunas (impuestos) al cultivo de coca, en caso de una desmovilización guerrillera.

Por ejemplo, una de las zonas de concentración será Tibú, situada en la región del Catatumbo, último fortín del Ejército Popular de Liberación (EPL) y una de las zonas más rentables del mundo para la producción de cocaína. Numerosos grupos armados distintos también tienen presencia en Catatumbo, todos los cuales tendrían interés en tomar el control de las fuentes de ingresos ilícitos de las FARC. 

Hay señales de que ya está en marcha dicho proceso. En los últimos meses ha habido informes de enfrentamientos entre las FARC, el ELN y Los Urabeños en varios lugares del país, incluyendo a Nariño, Antioquia y Chocó. Los enfrentamientos han causado el desplazamiento de cientos de habitantes.

El establecimiento de zonas de concentración, sin embargo, podría reducir la posibilidad de que se dé una realineación violenta, por lo menos dentro y alrededor de las zonas. Las fuerzas de seguridad tendrán fuerte presencia en dichas áreas, muchas de las cuales llevan décadas olvidadas por el estado. Con el trabajo con las FARC, el gobierno puede contribuir a que esas comunidades se vinculen a la sociedad colombiana y evitar el traslado de las economías criminales a otros grupos armados ilegales.

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Al hacer esto, el gobierno colombiano tratará de evitar repetir la historia. El fracaso estatal en tomar control del territorio luego de la desmovilización de la organización paramilitar de derecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006, permitió el surgimiento de los grupos criminales conocidos como Bacrim (acrónimo de “bandas criminales”). Estos grupos representan actualmente una de las mayores amenazas a la seguridad en Colombia.

En cualquier caso, las zonas de concentración solo cubren una fracción de las comunidades que se encuentran en riesgo de padecer la continuación de la violencia y las actividades ilegales en caso de un acuerdo de paz; InSight Crime ha identificado casi 80 de esos municipios en todo el país como parte de una investigación de campo realizada durante el último año. El gobierno deberá fortalecer su presencia también en dichas áreas, pero es improbable que reciban la misma atención que las zonas de concentración.

De seguir ausente el estado, estas zonas de alto riesgo ubicadas lejos de las zonas de concentración tienen muchas probabilidades de convertirse en importantes campos de batalla para el control de las economías criminales de las FARC al firmarse un acuerdo de paz.

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