Tras un año del inicio del proyecto de Paz Total del presidente colombiano Gustavo Petro, un informe describe el fortalecimiento de los grupos criminales, aunque haya disminuido la violencia contra el Estado colombiano.
El reporte de Fundación Ideas Para la Paz, publicado el 22 de agosto, explica que los principales grupos criminales de Colombia se han visto fortalecidos por su expansión territorial localizada, su poder de reclutamiento y su diversificación de ingresos, lo que ha disparado el número de enfrentamientos entre ellos y ha generado un preocupante clima humanitario.
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A continuación, InSight Crime analiza tres conclusiones del informe, la situación actual de los grupos armados en Colombia y la evolución del panorama criminal después de un año del anuncio de la Paz Total del gobierno de Gustavo Petro en agosto de 2022.
Menos violencia contra el Estado, pero crecen disputas entre grupos
El primer año de gobierno de Petro ha conseguido reducir significativamente los enfrentamientos entre la Fuerza Pública del Estado y los grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las extintas FARC —también conocidas como las ex-FARC Mafia— y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Entre julio de 2022 y agosto de 2023, no se llegó a 100 enfrentamientos, mientas que en 2021 se superaron los 170.
Según el informe, estos grupos ya no enfrentan al Estado “porque no tienen pretensiones ni la capacidad de afectar su estabilidad o la toma del poder a nivel nacional”.
Sin embargo, no todo es positivo. Los datos del informe muestran que las disputas aumentaron entre los principales grupos armados del país por mantener y expandir su control en diferentes territorios. En concreto, estos enfrentamientos han crecido en un 85% durante el primer año de mandato de Petro, convirtiéndose en la cifra más alta de la última década.
En este periodo, tanto las ex-FARC Mafia, como ELN y AGC, se han reforzado a través del reclutamiento, llegando a un total de 7.620 integrantes en armas, y una red de apoyo de al menos 7.512 personas, números que superan a los reportados en años anteriores, donde se promediaba los 6.000.
Estrategias de Paz Total no frenan la violencia del crimen organizado
Aunque los homicidios se redujeron en un 1,5% a nivel nacional, respecto al último año de gobierno del anterior presidente Iván Duque (2018-2022), lo cierto es que la violencia se ha concentrado en los departamentos donde los grupos armados están más presentes.
Los homicidios aumentaron especialmente en la isla de San Andrés (72%), Sucre (59%) y Vaupés (50%), donde grupos como las AGC y las ex-FARC Mafia tienen mayor presencia. Mientras que otros departamentos como Bolívar y Putumayo mantienen un incremento de entre el 10% y el 20%.
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A nivel nacional, también preocupa el aumento de delitos como el secuestro, en un 77%, y la extorsión, en casi un 15%. En ambos casos, son las cifras más altas de la última década, algo que contrasta rotundamente con el objetivo de Paz Total, que por ahora no ha logrado establecer un acuerdo de cese de hostilidades con las disidencias de las FARC y con las AGC. De hecho, el gobierno rompió conversaciones con este último grupo a principios de este año.
Además, los datos sobre victimas en el informe muestran cómo la población de áreas rurales padece un mayor porcentaje de delitos como amenazas, extorsión y desplazamiento forzado.
Diálogos de paz: ni avanzan ni debilitan a los grupos criminales
Los tableros de negociación que se propusieron para desmovilizar a los múltiples grupos criminales activos en Colombia se estancan.
El informe indica que, tras el impulso inicial que se vivió en 2022, las negociaciones y diálogos avanzan de forma intermitente, con lentitud e individualmente.
Aunque ha sido un camino espinoso, el marco de negociación con el ELN es el que más avanzado se encuentra. El cese al fuego bilateral y la instalación del Comité de Participación Nacional (CNP) le ha otorgado una cierta sostenibilidad al proceso de paz que permitirá seguir avanzando.
Pero no todas las negociaciones se encuentran en este punto. De hecho, los procesos de negociación con grupos como las AGC, los Pachenca y grupos urbanos se encuentran sin rumbo y en el aire por la falta de un marco legal que les pueda ofrecer beneficios jurídicos.
Mientras que, en el caso de las ex-FARC Mafia, las conversaciones avanzan con fuertes cuestionamientos hacia el control y las disputas que tiene el grupo en distintos territorios, como en el Pacífico colombiano, donde se disputan las rutas de narcotráfico hacia los mercados internacionales.
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