Una reciente acción judicial y diplomática tomada por Estados Unidos contra funcionarios paraguayos podría marcar el inicio de un periodo un tanto más tenso en las relaciones bilaterales.
A comienzos de abril, el Departamento de Estado estadounidense anunció que vetó al diputado paraguayo Ulises Rolando Quintana Maldonado el ingreso a ese país por su implicación en “actos de corrupción importantes”.
El secretario de estado estadounidense Antony Blinken declaró en un comunicado que Quintana, como legislador, había participado en actos que “facilitaron el crimen transnacional organizado, socavaron el estado de derecho y obstruyeron la fe de la opinión pública de Paraguay en los procesos públicos”.
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Hace un mes aproximadamente, InSight Crime publicó una investigación que develó cómo el diputado había conspirado con un presunto narcotraficante conocido como Reynaldo Cabaña, alias “Cucho”, para proteger cargamentos de cocaína a cambio de dineros ilícitos.
Otros políticos paraguayos también han quedado en confrontación con Estados Unidos en los últimos meses. En septiembre, el Departamento de Justicia estadounidense anunció que la exlegisladora paraguaya Cynthia Elizabeth Tarragó Díaz se declaró culpable de conspiración para lavado de dinero. Tarragó viajó en varias oportunidades a Estados Unidos, donde recibió cerca de US$800.000 de presuntos narcos antes de blanquear el dinero por medio de una red de cuentas, según un comunicado oficial del Departamento de Justicia estadounidense.
Análisis de InSight Crime
El gobierno estadounidense lleva años interviniendo activamente en casos de corrupción y crimen organizado en otros lugares de la región, especialmente en Centroamérica, pero ha sido visiblemente reservado en lo que respecta a Paraguay.
Esa postura podría estar a punto de cambiar. Aunque no tiene repercusiones legales directas, el anuncio de despojar a Quintana de su visa puede ser una señal de que Estados Unidos puede adoptar al menos un rol de mayor oposición de ahora en adelante.
El exembajador de Estados Unidos en Guatemala Donald Planty dijo a InSight Crime que esa medida muestra que Estados Unidos está preparado para dar pasos concretos para penalizar la corrupción pública de manera individual. Añadió que eso también representa “un refuerzo de las políticas anticorrupción en Paraguay”.
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La mayoría de las veces se pasa por alto a Paraguay, pero ese se ha convertido en un importante centro de narcotráfico. El país produjo un estimado de 40.000 toneladas de cannabis en 2019. Los grupos criminales también mueven cantidades de cocaína mayores que nunca y es posible que estén diversificando con la producción de cocaína.
Las redes de narcotráfico que operan en el país dependen del apoyo de funcionarios corruptos para ayudar a proteger e incluso a asegurar los cargamentos ilícitos.
Ese fue el caso del diputado Quintana. Como lo reveló una investigación del gobierno paraguayo, cuando el agente que conducía para pagar a Quintana por un cargamento de cocaína de 53 kilos fue detenido por la policía en una inspección sorpresa, el jefe de la red traficante, Cucho, llamó a Quintana por teléfono. Después de pagar un soborno, liberaron al conductor.
Las autoridades creen que el político también aseguró protección judicial para Cucho, quien, a cambio, presuntamente le ayudó a financiar su campaña política.
Gran parte de los funcionarios corruptos como Quintana se han mantenido en la sombra. Y cuando son capturados, muchas veces evaden la justicia, lo que da más peso a las acciones tomadas recientemente por Estados Unidos.
Después de una temporada en la prisión militar de Viñas Cué en Paraguay, a Quintana se le revocó la detención preventiva en octubre de 2020, cuando la Cámara de Apelaciones suspendió el fallo que lo tenía en esa condición.
Posteriormente, el político anunció su intención de lanzarse a la alcaldía de Ciudad del Este, la misma ciudad desde la que cruzaron la frontera los 53 kilos de cocaína en dirección a Brasil antes de que el mismo Cucho fuera detenido y Quintana pasara a ser prófugo de la justicia.
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