Los cargos contra una mujer de Argentina, que transportó tres kilos de cocaína para pagar la cirugía que salvaría la vida de su hijo, han sido retirados —un singular caso en el que los fiscales consideraron las circunstancias que llevan a las mujeres a prestarse como mulas para traficar drogas—.
Esta semana, un juez absolvió a la mujer de 63 años, cuyo nombre se mantiene en reserva, de los cargos de intento agravado de tráfico de narcóticos, después de que el fiscal Miguel Ángel Palazzani dijera ante el tribunal que el Ministerio Público Fiscal ya no pretendía enjuiciarla, como consta en un comunicado de prensa.
La mujer, originaria de Salta, fue detenida en febrero de 2019 en el Paso Internacional Cardenal Antonio Samoré, una carretera fronteriza que conecta a Argentina y Chile. Las autoridades la encontraron en un autobús con 2,7 kilos de cocaína atados con cinta a su cuerpo.
Unas tres semanas antes de su arresto, la mujer había ido a la ciudad fronteriza de Yacuíba, Bolivia, para recoger la cocaína, según afirma el fiscal, quien agrega que los registros telefónicos muestran que, mientras estaba en su trayecto, ella mantuvo comunicación con un ciudadano boliviano, o con alguien que tenía un teléfono de ese país.
Durante la audiencia, Palazzani dijo que el Ministerio Público Fiscal había decidido retirar los cargos contra la mujer porque “pertenece a un sector socialmente desfavorecido” y se encontraba en una situación “desesperante”, pues requería dinero para pagar las necesidades médicas de su hijo.
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Según el medio argentino elDiarioAR, el hijo de la mujer había sufrido un desgarro en el hígado durante un partido de fútbol. Tras varias cirugías fallidas, el joven requirió una operación adicional que no era ofrecida por los hospitales públicos, lo que obligó a la mujer a recurrir a cirujanos en costosos hospitales privados que ella no se podía dar el lujo de pagar.
Antes de que la mujer aceptara trabajar como mula de la droga, había vendido todo lo de valor y había hecho todo lo posible para recaudar fondos para la operación, como afirma Palazzani, quien agrega que ella era “el principal apoyo económico y emocional de su familia”, lo que les permitió a otras personas aprovecharse de su desesperación y vulnerabilidad.
Análisis de InSight Crime
La absolución dada a esta mujer es una pequeña victoria para los defensores de la reforma judicial que durante mucho tiempo han sostenido que los fiscales deben tener en cuenta las circunstancias familiares y financieras al enjuiciar a las mujeres por delitos relacionados con drogas.
De estas mujeres, casi el 90 por ciento dijeron que cometieron el delito por necesidad económica, dado que eran madres solteras o el principal sostén de la familia, según un informe de Cornell University y el Ministerio Público Fiscal de Argentina.
Dado que Argentina ha tomado medidas severas contra el tráfico de drogas, el número de mujeres tras las rejas ha aumentado. De 1990 a 2012, la cantidad de mujeres privadas de libertad en Argentina pasó a ser de casi el doble. Más de la mitad de las mujeres en prisión en 2012 habían sido acusadas de delitos relacionados con drogas.
A pesar de esta información, “los jueces no suelen considerar la situación familiar de las mujeres, particularmente de sus hijos e hijas, al momento de dictaminar la prisión preventiva, así como tampoco durante el proceso judicial”, como se lee en un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) de Argentina.
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Las mujeres mexicanas padecen situaciones similares. Según un informe de la Oficina en Washington para América Latina (Washington Office on Latin America, WOLA), más de la mitad de las mujeres encarceladas permanecieron en prisión preventiva durante largos periodos antes de ir a juicio. A pesar de que el 62% de las acusadas de narcotráfico no tienen antecedentes y el 24% son madres solteras, el sistema judicial no considera los factores que las condujeron al narcotráfico, y las familias deben padecer las consecuencias de los prolongados encarcelamientos.
Falta ver si el caso de la mujer de Salta hace parte de una intención más amplia del Ministerio Público Fiscal de Argentina de tener una perspectiva de género a la hora de enjuiciar.
Durante la audiencia, Palazzani fue enfático en afirmar que cree que el sistema de justicia penal debe considerarlo, y le dijo al juez que “una decisión judicial que carece de la perspectiva de género es inadmisible a la luz de las obligaciones asumidas por el Estado en relación con la protección de las mujeres”. Y agregó que las mujeres utilizadas como mulas no solo están en una situación desesperada, sino que son consideradas criminales por el simple hecho de ser el eslabón más débil de la cadena de tráfico.
“Los hombres están involucrados, pero suelen pasar impunes, beneficiándose del trabajo ilegal de las mujeres”, dijo.
Sin embargo, la mujer de Salta fue un caso relativamente fácil para el fiscal: ella se convirtió en mula de drogas para salvar a su hijo. La mayoría de los casos no serán tan fáciles de resolver.
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