Desde prisiones derruidas y sobrepobladas hasta decenas de miles de desapariciones anuales, y millones de armas en circulación, el panorama de la seguridad en Brasil es desolador, según el Balance Anual de Seguridad Pública de Brasil 2023.
Preparado por el Foro Brasileño de Seguridad Pública (Fórum Brasileiro de Segurança Pública), esta guía cargada de estadísticas, por su 17 edición, trae un detallado análisis del panorama criminal y judicial de la mayor economía de Latinoamérica.
A continuación, InSight Crime desglosa los principales hallazgos de la edición de 2023.
Brasil no puede encerrar a más personas
En 2022, Brasil carecía de instalaciones carcelarias para más de 230.000 reclusos, un incremento de casi 50.000 en solo un año, encontró el informe. Las instalaciones más hacinadas se encontraban en Pernambuco (2,7 presos por cupo oficial) y Alagoas (2,6 presos por cupo), en el noreste, seguidos del Distrito Federal de Brasilia (2 presos por cupo). Si bien esas cifras son preocupantes, dadas las implicaciones de la sobrepoblación sobre los índices de violencia al interior de las prisiones, no deberían sorprender, si se considera la extraordinaria velocidad con la que Brasil sigue llenando sus prisiones.
El año pasado, la población carcelaria superó los 832.000 privados de la libertad, un récord histórico. Esta cifra representa 51% más que la década pasada y 250% en dos décadas. Esa tasa de encarcelamiento solo se vio superada por El Salvador, Estados Unidos y Panamá en el continente americano.
Una visita realizada por las autoridades judiciales a Pernambuco en agosto de 2022 con el fin de entender las razones de la falta de espacio en las prisiones encontró condiciones impactantes. “Además del hacinamiento en condiciones infrahumanas en las unidades carcelarias [...] los parientes enfrentan inspecciones degradantes y deben dormir en la puerta de estos establecimientos para llevar alimentos y artículos de higiene a los presos”, según informó el Consejo Nacional de Brasil para la Justicia, y agregó que es muy probable que el sistema judicial de Pernambuco no tuviera la capacidad de afrontar estos problemas, lo que indica la necesidad de una reforma mucho más amplia.
Grupo de presos apiñados en una prisión de Pernambuco. Fuente: Ministerio de Justicia de Brasil.
El estado de Rio Grande do Sul, que se cuenta entre los menos violentos de Brasil, también ha llevado su parte. Una de las soluciones para aliviar la sobrepoblación en las prisiones, en especial quienes se encontraban en detención preventiva, era mantenerlos en las celdas de las estaciones de policía. Cuando estos lugares de retención se quedaron sin espacio como era de esperarse, se vio a presos esposados al volante y las puertas de las patrullas de policía en 2019. Pese a que una decisión judicial no tardó en prohibir esos métodos, Rio Grande do Sul siguió corta de espacios carcelarios adecuados para cerca de 6.000 presos de una población penitenciaria de 40.000 en el último año.
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El informe anual se enfocó en algunos aspectos positivos. En junio de 2022, Rio Grande do Sul lanzó un nuevo ente de gobierno dedicado a la gestión de la población carcelaria (Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional, Nugesp), con la promesa de resolver el problema de la sobrepoblación.
El impacto de las audiencias de custodia que permiten que un número mucho mayor de indiciados comparezca ante un juez dentro de las 24 horas siguientes a su detención, ha seguido aliviando la carga del sistema penitenciario, aun con la introducción de audiencias a distancia durante la pandemia de la COVID-19. Un informe de la Asociación para la Prevención de la Tortura para 2022 apuntó que en las audiencias de custodia los jueces hacían más preguntas sobre posibles malos tratos que los detenidos hubieran sufrido y que era menos común que los acusados comparecieran a la audiencia acompañados de personal de seguridad. Añadió que la digitalización de las audiencias había mejorado el acceso a la justicia en zonas más remotas del país con “infraestructuras judiciales y de policía precarias”.
Una incremento en las desapariciones
Desde 2019 hasta 2021, Brasil registró más de 200.000 desapariciones, equivalente a 183 personas diarias, según el Foro Brasileño de Seguridad Pública. Aunque alrededor de la mitad terminaron por ser encontrados, “no podemos considerar hoy la cantidad de gente que ha desaparecido en Brasil”, comentó Samira Bruno, directora ejecutiva de Forum a Agencia Brasil.
La proporción más amplia de desaparecidos son niños entre 12 y 14 años, entre quienes se cuentan “adolescentes que son víctimas de algún tipo de delito y terminan secuestrados, víctimas de esclavitud laboral o explotación sexual”. La mayor parte de los desaparecidos son también hombres negros. Para Bruno, “este es otro factor que nos lleva a priorizar estos casos, pues pueden incluir casos penales como homicidios, secuestros y tentativas de homicidio. Y con mucha frecuencia [...] estas personas aparecen más adelante en zanjas o cementerios clandestinos”.
De 2021 a 2022, las desapariciones aumentaron casi 15% a nivel nacional y aumentaron en casi todos los estados brasileños de nivel dos. Parece probable que muchos de estos tuvieran relación con delitos violentos. Las desapariciones aumentaron 78,4% al año en el estado de Amapá, noreste de Brasil, donde también se presentó la tasa de homicidios más alta del país.
Amapá se ha visto asolado por dos grandes economías criminales. Dos bandas locales, la Família Terror do Amapá y la União Criminosa do Amapá, se han visto involucradas en cruentas disputas por el tráfico de drogas, que contribuyó a un incremento de 87% año a año en los homicidios a comienzos de 2023. La minería ilegal ha sido otro factor, pues los mineros informales se han enfrentado con las fuerzas de seguridad que intentan expulsarlos de los lugares de explotación.
Esta combinación explosiva de altas tasas de homicidios, minería ilegal y bandas narcotraficantes incidieron en el aumento de las desapariciones en otros estados alejados del norte, como Roraima y Acre.
Roraima, un punto álgido de conflicto inveterado entre mineros ilegales, comunidades indígenas y fuerzas del Estado, motivaron un aumento de 50% en las desapariciones.
Con el esfuerzo concertado del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para librar de minería ilegal los territorios indígenas y mejorar las garantías de seguridad para las comunidades en los estados del Amazonas y circundantes, existe la esperanza de que los homicidios y las desapariciones disminuyan en estas regiones en un futuro próximo.
El legado de la eliminación de controles sobre la posesión de armas
En julio, el presidente Lula firmó un decreto que derogaba gran parte de lo dictado por su predecesor, Jair Bolsonaro, con leyes que permitían a los brasileños la adquisición legal de armas de fuego. Lula cortó drásticamente el número de armas que puede poseer un ciudadano de 30 a 6, aprobó nuevos límites estrictos sobre las compras de municiones y decretó que los cazadores deben contar con autorización del organismo de protección ambiental del país.
Pero con seguridad se quedará corto y será muy tarde para deshacer el daño que ya se ha hecho.
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Las estadísticas recopiladas por el Informe Anual sobre Seguridad Pública en Brasil para 2023 son alarmantes. De unos 117.000 dueños de armas registrados en 2018 antes de que Bolsonaro suavizara las leyes sobre la posesión de armas, Brasil tiene ahora cerca de 800.000. La lista de armas de fuego registradas pasó de 630.000 a 1,5 millones, y 1,5 millones más tienen las licencias vencidas. Las ventas de municiones saltaron a 150%, de las cuales 420 millones de balas fueron vendidas legalmente en Brasil durante 2022.
El informe lamentó el hecho de que el gobierno de Bolsonaro hubiera revisado las regulaciones sobre los calibres, para permitir a la población civil adquirir pistolas de 9mm y 0,357, así como rifles, que antes eran privativos de uso militar.
"Antes no se podía tener cualquier arma. No se podía comprar un rifle. No se podía simplemente llegar [...] y comprar cualquier cosa", declaró Bruno Langeani, director del Instituto Sou da Paz, a Folha de São Paulo. "Todo eso desapareció".
Un arsenal de más de 50 armas halladas en una vivienda de Río de Janeiro en febrero de 2022. Fuente: Policía de Río.
Esta política permitió a los grupos criminales adquirir armas legalmente por intermedio de personas sin antecedentes penales. Las autoridades han detenido a integrantes del Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC) en São Paulo, en posesión de rifles semiautomáticos que se compraron usando una licencia legal conocida como de Coleccionistas, Tiradores y Cazadores (Colecionadores, Atiradores e Caçadores, CAC).
El impacto de estas armas seguramente se sentirá por décadas. “Las armas de fuego duran bastante y, si se les da buen mantenimiento, pueden seguir usándose por décadas. El país sigue padeciendo violencia cometida con armas fabricadas en los años 70, 80 y 90”, señaló el informe.
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