El controvertido exministro de gobierno de Bolivia y su jefe de cartera fueron detenidos en Estados Unidos acusados de haber cerrado un contrato de varios millones de dólares con un grupo de empresarios de la Florida a cambio de cientos de miles de dólares en sobornos.
El exministro de gobierno Arturo Murillo y Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, su jefe de gabinete, fueron puestos en custodia por un caso de soborno y lavado de dinero que implica a un grupo de empresarios de la Florida. Entre noviembre de 2019 y abril de 2020, afirman los fiscales que Murillo y Mendizábal recibieron más de US$500.000 en coimas a cambio de garantizar a los empresarios un contrato con el Ministerio de Defensa de Bolivia para el suministro de gas lacrimógeno y otras armas no letales.
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Los pagos que garantizaban el contrato, por valor de cerca de US$5,6 millones, se legalizaron usando cuentas bancarias en Bolivia y Florida. De ser hallados culpables, los dos exfuncionarios recibirían hasta 20 años de prisión.
Murillo salió de Bolivia a comienzos de este año luego de que la Fiscalía General expidió órdenes de captura para él y otros exfuncionarios —entre quienes se incluye la presidenta interina Jeanine Áñez— por cargos de terrorismo, sedición y conspiración.
Análisis de InSight Crime
La captura de Murillo por corrupción es más irónica si se tienen en cuenta sus ataques vehementes contra presuntos funcionarios corruptos de la administración del expresidente Evo Morales.
Sus cómplices en este caso también son bien conocidos en Bolivia. Luis Berkman, uno de los empresarios bolivianos con domicilio en la Florida, huyó del país andino en 2002 después de que se le abriera una investigación en conexión con un intento de contrabando de armamento pesado robado del Ejército Boliviano a Paraguay. Según Página Siete, citando informes del Ministerio de Gobierno de Bolivia. Se presume que Berkman también era amigo cercano y estuvo implicado en un caso de tráfico de armas con Gary Suárez Levy, hijo de Roberto Suárez, uno de los narcotraficantes más notorios de Bolivia, conocido como el “Rey de la Cocaína”.
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El arresto de Murillo se sumó a otras más. El 28 de mayo, el capitán de la policía Ivar Víctor Gómez fue puesto en custodia por presunta participación en el mismo tinglado de corrupción. El exdirector de migración de Bolivia, Marcel Rivas, también fue acusado de presunta colaboración a Murillo y López para que huyeran de Bolivia y por la expedición de alertas migratorias ilegales contra opositores políticos.
Finalmente, el exministro de defensa Luis Fernando López, también fue implicado en el esquema de sobornos de la Florida, como lo reveló el 27 de mayo el ministro de gobierno Eduardo del Castillo. Se cree que huyó a Brasil.
El gobierno boliviano ha solicitado formalmente la extradición de Murillo de Estados Unidos a la mayor brevedad posible.
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