El gobierno de Venezuela ha lanzado una nueva campaña contra funcionarios de gobierno municipales y estatales, comandantes de policía y fiscales supuestamente implicados en extorsión y narcotráfico, pero queda el interrogante de cuál será el alcance de estas medidas en un país que fue clasificado recientemente como el cuarto más corrupto en el mundo.
El 31 de enero, cuatro oficiales de alto rango de la policía del estado de Bolívar, Venezuela, fueron detenidos por presunta participación en extorsión, entre otros delitos. El mismo día, el ministro de petróleo Tareck El Aissami anunció en Twitter la captura del fiscal superior de Delta Amacuro, acusándolo de contrabando de combustible.
Ambas capturas se dieron en el marco de la operación Mano de Hierro, que anunció el 28 de enero el superintendente nacional antidrogas Richard López Vargas.
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Según el comunicado oficial de Vargas, fue el mismo presidente Nicolás Maduro quien ordenó la operación, la cual comenzó con miembros del gobierno implicados en narcotráfico. Las detenciones incluyeron a dos diputados de la Asamblea Nacional, los representantes por Zulia, Taína González, y por Táchira, Luis Viloria Chirinos, así como la alcaldesa del municipio de Jesús María Semprún, en Zulia, Keyrineth Fernández. Ellos, y un colombiano, fueron acusados de facilitar el transporte de drogas desde la región fronteriza con Colombia hasta el puerto de La Guaira, puntualizó Vargas.
Desde entonces, se ha publicitado la operación Mano de Hierro como una campaña anticorrupción. Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), declaró en una conferencia de prensa que el partido es “absolutamente intolerante con la corrupción”.
Destacó el hecho de que los políticos acusados de narcotráfico fueron expulsados automáticamente del PSUV y que no habría impunidad.
Análisis de InSight Crime
Ninguno de los políticos privados de la libertad hasta ahora en el marco de la operación Mano de Hierro han tenido influencia real, a pesar de los alegatos creíbles de corrupción en los más altos niveles del gobierno. Por el contrario, esta operación cae en la línea de la manida estrategia de recurrir a operativos con gran despliegue mediático para disimular la ineptitud, o la falta de voluntad del gobierno para combatir el crimen organizado.
El nombre de la operación evoca memorias de la Operación Manos de Metal, desplegada en 2018, que en la superficie perseguía a jefes de bandas violentas en el arco minero de Venezuela. Múltiples fuentes consultadas por InSight Crime están convencidas de que el verdadero objetivo de dicha operación era someter a esas bandas para beneficio del gobierno.
Por otro lado, en Twitter, Tareck El Aissami usó el hashtag "CaigaQuienCaiga", al anunciar los arrestos en el marco de la operación Mano de Hierro. Ese es el lema oficial de la operación, que implica que no se salvará ningún involucrado en actos de corrupción, sin importar qué tan alto esté en la pirámide del poder político.
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El lema es bueno, pero le resta fuerza el hecho de que el mismo El Aissami enfrenta una acusación formal desde 2019 por parte de Estados Unidos, en la que se le acusa de narcotráfico y lavado de dinero. No es el único. En 2020, el departamento de justicia estadounidense imputó al presidente Maduro y a otros 14 miembros del gobierno venezolano activos o retirados por cargos de narcoterrorismo, narcotráfico y corrupción.
En el caso de la operación Mano de Hierro, algunos analistas han planteado que su verdadero objetivo es continuar la rehabilitación de la imagen de Maduro luego de las elecciones del año pasado y en previsión de las elecciones presidenciales programadas para 2024.
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