La muerte de decenas de policías en Colombia a manos de Los Gaitanistas parece una demostración, especialmente para el Gobierno entrante, de que el grupo todavía tiene la fuerza para enfrentar al Estado.
En las últimas semanas, 25 integrantes de la Policía Nacional han sido asesinados a lo largo de Colombia, especialmente en los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba y Sucre, donde hacen presencia Los Gaitanistas, también conocidos como Clan del Golfo, Urabeños y Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), quienes parecen estar ejecutando un “plan pistola” para atacar de manera coordinada a los policías en las zonas que controlan, de acuerdo con El País Colombia.
En el marco de esta operación dirigida a atentar contra las fuerza de seguridad, las AGC estarían pagando entre mil y cuatro mil dólares por cada policía asesinado (5 a 20 millones de pesos), según explicó la Revista Cambio.
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Debido al incremento de asesinatos, el director general de la Policía, General Jorge Vargas, explicó que no se doblegarían antes las acciones del grupo y comentó que los ataques habrían sido ordenados por Jobanis de Jesús Ávila alias “Chiquito Malo”, uno de los principales lideres del grupo, a raíz de las incautaciones de cocaína que le han hecho las autoridades.
A mediados de julio se conoció una carta firmada por las AGC junto con otros grupos criminales, en la que se establecía su intención de llegar a conversaciones con el gobierno entrante de Gustavo Petro. Sin embargo, días después, un panfleto firmado por el mismo grupo negaba la veracidad de la carta, y ponía en duda las intenciones de las AGC de negociar con el nuevo gobierno.
Análisis InSight Crime
El plan pistola de las AGC demuestra que a pesar de haber recibido varios golpes en el último año, tienen la capacidad de lanzar una operación coordinada en contra de la fuerza pública.
El 2022 ha sido un mal año para las AGC. La extradición de su máximo líder, Dairo Antonio Úsua, alias “Otoniel”, en mayo, dejó al grupo un sin su líder natural. El paro armado que decretó el grupo tras su extradición afectó 178 municipios en 9 departamentos del norte del país, enviando un mensaje de unidad dentro del grupo en esta zona.
Sin embargo, han seguido en la mira de las autoridades, con decenas de capturas de sus miembros en los últimos meses. Además, han comenzado a correr los rumores de una posible guerra entre los sucesores de Otoniel por el control del grupo. En este contexto, el plan pistola de las AGC podría tratarse de un plan coordinado entre los líderes del grupo para mostrarse fuertes ante el cambio de gobierno.
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Los ataques a la policía se han enfocado en los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba, donde el grupo habría asesinado al menos 22 miembros de la institución. Esa zona es controlada por Jobanis de Jesús Ávila, alias “Chiquito Malo”, quien, de acuerdo con un experto en seguridad que habló con InSight Crime bajo condición de anonimato, quedó a cargo de la subregión del Urabá, la cual se extiende por zonas de Antioquia y Chocó.
Junto a él está Wilmer Antonio Giraldo Quiroz, alias “Siopas”. Según el experto en seguridad, Sipas controla el departamento de Córdoba, donde fue asesinado un patrullero el 21 de julio y las autoridades están en alto riesgo por otros posibles ataques. Si los ataques se expandieran a otras partes de Chocó, especialmente en el occidente sobre la costa Pacífica, al plan pistola se uniría José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias “Gonzalito”, el último de los tres máximos jefes y líder en esa zona del departamento de Chocó.
Estos ataques, los más letales desde 2017, han sacudido todo el estamento de seguridad en Colombia y han puesto en entredicho la posición del gobierno saliente que señaló el fin del grupo unos mes atrás, además de enviar un mensaje al gobierno entrante sobre la capacidad de las AGC.
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