Las autoridades peruanas han extendido el estado de emergencia en el foco de la minería ilegal de carbón en Perú, ya sumido en la delincuencia, después de un fuerte aumento de los asesinatos mientras las pandillas luchan por el control de las operaciones mineras lucrativas
El 10 de mayo, el presidente peruano Pedro Castillo firmó una prórroga de 45 días al decreto de estado de emergencia impuesto desde el 25 de marzo en cinco provincias del departamento de La Libertad, en la costa oeste del país.
La prórroga se declaró después del llamado de auxilio de varios líderes regionales para que el gobierno detenga una ola de violencia, que es la responsable de al menos diez asesinatos en lo que va del año, según declaró Greco Quiroz Díaz, presidente de la Comisión de Energía, Minas e Hidrocarburos de La Libertad, a los medios locales.
Entre las víctimas más recientes se encuentra Cleimer Andrade Bello, de 35 años, muerto a disparos el 17 de abril en la población de Lajón, provincia de Otuzco, La Libertad. Según los residentes locales, Andrade Bello trabajaba en una mina ilegal local, como recogió Diario Correo.
También se atribuyó a la violencia entre bandas los homicidios de Jhony Arqueros Obeso, de 45 años, y de su hijo, de 13, cuyos cuerpos se encontraron el 1 de febrero.
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Además de los asesinatos, Quiroz Díaz señaló que los estudiantes de la zona no pueden ir a la escuela por temor a amenazas de miembros de las bandas de minería ilegal, y en Lajón, se dice que el control del grupo sobre la extracción de carbón es tan tiránico que algunos residentes están confinados en sus casas para no cruzarse con el paso de los camiones de carbón.
El gobernador de La Libertad, Manuel Llempén Coronel fue citado al declarar que el repunte de la violencia se origina con las bandas contratadas en un inicio por los operadores de las minas ilegales para prestar seguridad. Pero ahora las bandas están “asociadas” con la minería ilegal y participan de otras actividades ilícitas, como la trata de personas. El gobernador también señaló que lamentaba que la prórroga del estado de emergencia no se extendiera a todas las zonas afectadas de La Libertad, y que sin mayores recursos para enfrentar las organizaciones criminales, esa prórroga podría ser un gesto vano, como recogió La República.
Según News Trujillo, plataforma peruana de información digital, la minería ilegal opera en Lajón al menos desde 2012.
De acuerdo con información de La República, Eduardo Mas Ganoza, comisionado de policía de Otuzco, tendría identificadas las figuras claves de la minería ilegal en la zona y han solicitado al jefe de la policía de La Libertad un operativo para cerrar las actividades que allí se realizan.
Análisis de InSight Crime
Aunque es probable que los mineros ilegales hayan buscado la ayuda de las bandas para procurarse protección, las comunidades aledañas a las minas muchas veces descubren lo difícil que es librarse de esas organizaciones.
Gran parte de la extracción minera, legal e ilegal, que se realiza en Perú privilegia el oro, como se evidencia en Madre de Dios, pero en La Libertad, el carbón es el protagonista.
Con la planta procesadora de carbón en la ciudad portuaria de Salaverry, en La Libertad, las bandas tienen una locación propicia para la descarga fácil de su materia prima, por lo que cada día entre 80 y 100 volquetas recorren la ruta entre el puerto y las minas.
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Madre de Dios es un ejemplo desolador de lo que sucede cuando las mafias mineras logran hacerse al control sobre una zona. Las bandas mineras de esa región están involucradas redes de explotación sexual y operaciones de expendio de drogas, y están señaladas de explotación laboral a menores de edad. Quienes protestan son blanco de violentas represalias, como el defensor ambiental Juan Julio Fernández Hanco, asesinado el 20 de marzo.
La complicidad entre las autoridades y las bandas criminales puede considerarse un factor crucial en el incremento de la violencia. Aunque el comisionado de policía de Otuzco diga haber identificado a los líderes de la estructura que controla la minería ilegal en la zona, en el pasado la policía ha recibido críticas por su débil respuesta.
En diciembre de 2020, Quiroz Díaz ya había solicitado el cambio de los agentes de la policía nacional asignados al distrito de Huamachuco en Otuzco, criticando su “pasividad” frente a la minería ilegal y señaló que era posible que las autoridades de la región hubieran sido cooptadas, como lo informó Energiminas.
Además, News Trujillo reportó que los residentes ya han denunciado que quienes ocupan cargos de autoridad acatan órdenes de las bandas mineras. Cuando la comunidad formó una comisión para enfrentar el problema, el vicepresidente recién nombrado fue abaleado.
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