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Asesinatos de periodistas revelan la mano negra del crimen organizado

BRASIL / 24 MAY 2021 POR SASKIA WRIGHT ES

De los casi 140 periodistas asesinados en México, Colombia, Brasil y Honduras en la última década, cerca de la mitad cubrían temas de crimen organizado.

Entre 2011 y 2020, estos cuatro países representaron el 80 por ciento de los periodistas asesinados en Latinoamérica, lo que pone a dichos países entre los más peligrosos de la región para el periodismo, según un informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicado en mayo. De los 139 periodistas muertos, el 46 por ciento cubría temas de crimen organizado en alguna forma y el 39 por ciento informaban sobre política, según el grupo de defensa de periodistas, que analizó información sobre los asesinatos en la región.

Los principales objetivos de los atacantes “fueron los reporteros de la zona que denuncian y critican la apropiación indebida de recursos, entre otras acciones ilegales”, según escribieron los autores del informe.

VEA TAMBIÉN: Noticias y perfil de Brasil

Muchos de los homicidios exhibieron sellos distintivos de los ejecutados por los grupos criminales. Uno de cada cuatro periodistas fue secuestrado antes de ser asesinado, y posteriormente se hallaron sus cuerpos, muchas veces con señales de tortura.

El ejercicio periodístico resultó especialmente peligroso en ciudades y localidades pequeñas. De los periodistas asesinados, el 56 por ciento vivía en lugares con menos de 100.000 habitantes.

Casi la mitad de los periodistas asesinados había denunciado que habían recibido amenazas, ya fuera mediante publicaciones en redes sociales o informando a sus jefes o a las autoridades. Solo diez de ellos recibieron algún tipo de protección del gobierno.

Si bien el 93 por ciento de los periodistas asesinados fueron hombres, el informe señaló que las periodistas muchas veces son silenciadas mediante campañas de amenazas y abusos dirigidos a ellas y sus familias.

Análisis de InSight Crime

Aunque no es sorpresa que los periodistas que investigan el crimen organizado arriesguen su vida, el informe de RSF pone de relieve que la combinación de mafias criminales arraigadas y élites políticas puede ser especialmente peligrosa para los periodistas.

En 2020, Latinoamérica fue la región más peligrosa para ejercer el periodismo. Durante este periodo, México fue el país más peligroso del mundo para los periodistas. Al menos ocho periodistas terminaron muertos por investigar nexos entre figuras políticas y el crimen organizado.

Según el Artículo 19 de la organización para la libertad de prensa, los estados de Veracruz, Tamaulipas, Oaxaca, Guerrero y Chihuahua son llamadas “zonas de silencio”, porque los asesinatos selectivos de periodistas generan cada vez mayor temor y llevan a la autocensura.

VEA TAMBIÉN: Periodistas de México continúan desprotegidos

En Colombia, los periodistas que cubren el proceso de paz han denunciado un “nuevo ambiente tenebroso y peligroso” en el país, informó The Guardian. Varios periodistas han recibido comunicados de las Águilas Negras, un extinto grupo paramilitar, cuyo nombre acostumbra invocarse para hacer amenazas anónimas.

Y en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro “plantea una seria amenaza” para los periodistas del país, según afirma Reporteros sin Fronteras. Durante el ciclo electoral de 2018, la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, Abraji) registró más de 130 casos de violencia contra periodistas. Particularmente, los reporteros del periódico más grande de Brasil, Folha de São Paulo, fueron amenazados por escribir notas críticas al presidente y su campaña. 

Además, los homicidios de periodistas quedan impunes en muchos casos. En 2018, México, Brasil y Colombia fueron clasificados como los peores países del mundo en la resolución de estos crímenes, según el Comité para la Protección de Periodistas (Committee to Protect Journalists, CPJ). Brasil y México han ostentado esa distinción en los dos últimos años, según los informes del CPJ, en 2019 y 2020.

En esos países, los organismos de orden público no tienen ni la voluntad ni los recursos para investigar dichos casos.

Y, según el CPJ, los sospechosos de esos delitos muchas veces “tienen los medios y la influencia para eludir la justicia mediante la influencia política, la riqueza o la intimidación”.

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