Los ataques que ha sufrido la mayor mina de oro de Colombia por parte de los Gaitanistas, una de las organizaciones criminales más fuertes del país, dejan ver que el grupo tiene cada vez menos reparos en atacar los intereses de empresas privadas.
Una serie de ataques entre el 17 y el 30 de mayo en la mina, ubicada en el municipio de Buriticá, Antioquia, dejaron por lo menos dos trabajadores muertos y 15 personas heridas.
Las informaciones de los medios nacionales han señalado a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) como los responsables de los ataques. Sin embargo, en un panfleto difundido en redes sociales y atribuído a las AGC, el grupo negó ser responsable de los hechos y culpó a los mineros ilegales.
Daniel Bonilla Calle, investigador sobre minería ilegal en Buriticá, explicó a InSight Crime que, dado que las AGC son la facción criminal dominante en la región, se presume su participación en los hechos. “No creo que los mineros perpetraran esos ataques por sí solos, sino más bien los Gaitanistas o alguien contratado por ellos”, explicó Bonilla Calle a InSight Crime.
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Desde comienzos de 2021 un gran número de mineros informales ha invadido la mina, cuyo título está a nombre de la multinacional china Zijin Continental Gold. Los mineros ilegales comenzaron a bloquear los túneles para impedir el paso de los mineros de la empresa, y han llegado a controlar aproximadamente el 60% la mina, según declaró un delegado de Zijin a W Radio.
Los mineros informales pagan “vacunas” al grupo, que por lo general asciende al 10% del oro extraído o una cuota fija mensual. Algunos negocian una mayor parte de sus ganancias para el pago de maquinaria, indicó Bonilla Calle. Una nota de la revista Semana reveló que, hasta el momento, los mineros ilegales han extraído unas dos toneladas de oro de la excavación de Zijin.
La situación de inseguridad que viven los trabajadores de Zijin es tal, que hay agentes de policía encargados de cuidar a los empleados cuando se encuentran en la mina y la Asociación Colombiana de Minería (ACM) aconseja a los mineros usar chalecos antibalas.
Tras los ataques, voceros de la empresa instaron al gobierno a adoptar “acciones efectivas e inmediatas” para permitir que las fuerzas de seguridad aseguraran la zona, algo que no han logrado hacer ni la policía ni la seguridad privada. Ya en febrero, la empresa había elevado una petición similar al gobierno nacional, pero en esa ocasión no se enviaron refuerzos.
Análisis de InSight Crime
Los altos precios del oro y la falta de respuestas contundentes por parte de las autoridades estatales parecen haber dado confianza a los Gaitanistas para intensificar los ataques contra las minas de oro privadas.
La explotación de Zijin es la primera mina particular que este grupo ataca, puntualizó Bonilla Calle. “Esto es excepcional", opinó. "Considero que es una ruptura con el pasado, la manera como este grupo ilegal quiere tomar control de los recursos mineros de la región”.
Los grupos criminales llevan años blanqueando oro como fuente de dinero fácil, pero ahora, con los precios del oro en niveles nunca antes vistos, la minería ilegal tiene un mayor atractivo
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Además, con el levantamiento del cese al fuego con el gobierno en marzo, los Gaitanistas tienen poco que perder al atacar la mina privada más grande de Colombia. Una semana antes del ataque del 17 de mayo, el más grande desde el inicio de la invasión a la mina, el presidente Gustavo Petro criticó a las AGC por aprovechar el cese de hostilidades con el gobierno para expandir sus actividades.
Aunque la ministra de minas y energía de Colombia, Irene Vélez, anunció la implementación de nuevas medidas de seguridad, como controles sobre el uso de explosivos en la zona, el gobierno no ha anunciado un nuevo despliegue de personal de seguridad o militar a la zona.
La omisión del estado en expulsar a los mineros ilegales de la explotación de Zijin puede haber empoderado a este grupo, concluyó Bonilla Calle. Los Gaitanistas “anteriormente tenían control sobre los mineros de la región, pero no sobre la empresa, porque esta enorme mina siempre había contado con la protección del estado”, observó. “Pero ahora el estado no es capaz siquiera de proteger los activos de la mina”.
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