La desarticulación de una red de narcotráfico y lavado de dinero en la que participaban varios funcionarios de gobierno en República Dominicana ha planteado un serio desafío para la campaña anticorrupción que adelanta el presidente Luis Abinader.
La procuradora Yeni Berenice Reynoso anunció el 8 de septiembre que las fuerzas de seguridad realizaron más de 80 allanamientos en todo el país, como parte de la Operación Falcón, según un comunicado oficial.
Entre los más de 20 detenidos se encontraba Juan Maldonado Castro, jefe de Comunidad Digna, una organización gubernamental que lucha contra la pobreza. También se investiga a Héctor Darío Féliz Féliz, diputado del opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD), según la procuradora Reynoso. Las autoridades señalaron que este fue sorprendido ayudando a escapar a uno de los sospechosos, pero no fue detenido por su inmunidad parlamentaria.
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Usando ganancias del narcotráfico, la procuradora adjunta Reynoso señaló que la red criminal acumuló cientos de propiedades, estaciones de gasolina, haciendas, vehículos de alta gama, armas de grueso calibre y clubes nocturnos, entre otras. El grupo también presuntamente “respaldaba directamente” a ciertos legisladores no identificados mediante financiación de sus campañas.
Desde que fue sorprendido, Maldonado Castro fue suspendido de su cargo en el gobierno, y los fiscales han solicitado 18 meses de detención preventiva para 21 de los detenidos, en el marco de la operación.
“Yo le prometí a este país que no iba a haber impunidad, le prometí a este país que iba a haber un Ministerio Público que iba a actuar, [...] y eso es lo que se está ejerciendo”, proclamó el presidente Abinader el 8 de septiembre.
Análisis de InSight Crime
Desde su llegada al poder hace un año, el presidente Abinader se fijó como prioridad uno la erradicación de la corrupción en su gobierno. En diciembre de 2020, presentó un plan integral para hacerlo y para recuperar recursos públicos perdidos.
Desde entonces, esta promesa se ha puesto a prueba una y otra vez.
Gran parte de los esfuerzos de este gobierno se ha dirigido a judicializar a funcionarios de la administración del expresidente Danilo Medina (2016-2020) y sus familias. Algos funcionarios de gobierno y parientes de Medina han sido investigados por diversos cargos de corrupción.
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Pero la misma administración de Abinader no se ha librado de la corrupción en el gobierno. Un exministro de salud pública fue destituido por la aprobación de un contrato para la compra de agujas a sobreprecios notables, mientras que un oficial de alto rango de la policía fue dado de baja de la institución por irregularidades en la entrega de salvoconductos para armas, según información de El Nacional.
“El aumento de los casos de corrupción en República Dominicana no significa que esos casos hayan aumentado, sino el interés de la presidencia por atacar la corrupción en este país”, comentó Félix Damián Olivares, un reconocido abogado criminalista en República Dominicana, entrevistado por InSight Crime.
Sin embargo, existe el riesgo de que estos avances contra la corrupción se vengan abajo fácilmente. El éxito de la lucha contra la corrupción en República Dominicana depende totalmente de la buena voluntad del gobierno en el poder, señaló Claudia Álvarez, abogada y experta en la lucha contra el lavado de dinero.
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