Con tasas de homicidio más altas que nunca en 2019 y 2020, Barbados se enfrenta a un dilema: ¿podrá reducir la violencia o se pondrá a la par de sus vecinos en el Caribe?
El 22 de mayo, el agente de policía Newton Lewis respondió a un robo en curso cerca de su casa en la parroquia de Saint Peter, al norte de Barbados. Lo acribillaron al llegar a la escena y se llevaron su arma de servicio, según Barbados Today.
Lewis, que había sido el conductor del comisionado de policía de Barbados, fue el primer agente muerto en casi 20 años en el país.
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Y su muerte ocurrió en un momento en que el país enfrenta una escalada de la tasa de homicidios y un aumento de armas ilegales.
Los números pueden parecer insignificantes en comparación con algunos de sus vecinos caribeños. En 2019, la isla tuvo un récord de 49 homicidios, que cayeron a 42 en 2020. Pero aun así los homicidios se han más que duplicado desde 2012.
El gobierno ha señalado que la afluencia de armas ilegales ayuda a facilitar este incremento de la violencia. Aunque tiene una población mucho menor, el país tiene la mayoría de delitos relacionados con armas entre las naciones caribeñas anglófonas, después de Jamaica y Trinidad y Tobago, según un informe de la Fuerza de Tarea de Acción Financiera en el Caribe (Caribbean Financial Action Task Force, CFATF).
Análisis de InSight Crime
Hasta el momento Barbados ha evitado los principales factores de riesgo que han llevado a la explosión de homicidios en otras naciones caribeñas. Pero estas ventajas vienen con ciertas salvedades importantes.
En primer lugar, tiene poca presencia de crimen organizado internacional. Sus pandillas están muy localizadas y se dedican básicamente al microtráfico, pues la isla no hace parte de ninguna ruta de narcotráfico importante hacia el extranjero, lo que es una causa significativa de violencia en Jamaica o República Dominicana.
Pero estas pandillas están lejos de ser inofensivas. Son las responsables de muchos de los homicidios del país y se dice que sus integrantes se alquilan las armas entre ellos mismos por 10.000 dólares barbadenses (US$5.000), según Cheryl Willoughby, directora de la Fuerza de Tarea Nacional de Barbados para la Prevención del Delito (National Task Force on Crime Prevention).
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En segundo lugar, el país ha sido líder regional por sus bajas tasas de corrupción administrativa, brutalidad policial e impunidad criminal, según un informe publicado en 2020 por el Departamento de Estado estadounidense.
Aun así, su respuesta a la violencia de pandillas ha parecido inconsistente, pues las promesas generalizadas para que se implementen sentencias más severas muchas veces no son aprobadas por el Parlamento o contienen vacíos legales. En 2017, la Fiscalía General propuso una normativa antipandillas, que prometía sentencias de 20 años para pandilleros y de 25 años para líderes de pandillas. En 2018, esta fue anulada por el nuevo gobierno de la primera ministra Mia Mottley. La actual administración entonces comenzó a considerar su propia versión de leyes antipandillas, que tampoco llegó a implementarse. A finales de 2020, uno de los fiscales más prominentes del país pidió cadena perpetua para un pandillero en un juicio por homicidio.
En julio de 2020, Barbados aprobó el proyecto de ley de Integridad en la Vida Pública, que buscaba imponer normas de conducta similares para funcionarios públicos y empresarios particulares. Esto se debió a varias denuncias de que funcionarios públicos estaban facilitando actos criminales. En 2019, varios agentes fronterizos fueron sorprendidos aceptando sobornos para dejar pasar armas ilegales al país, según el comisionado de policía barbadense.
Sin embargo, el proyecto de ley fue objeto de muchas críticas. Una provisión controvertida establecía que no podría abrirse investigaciones por presuntos actos de corrupción si el funcionario involucrado había dejado el servicio público más de dos años atrás.
En tercer lugar, la mayoría de los homicidios no involucran armas de fuego. Estas solo se usan en un 40 por ciento de los homicidios en Barbados, en oposición a más de 70 por ciento en Trinidad y Tobago y en Jamaica, según un informe del Centro de Ginebra para la Gobernanza en el Sector de la Seguridad (Geneva Centre for Security Sector Governance).
Aun así, el problema de las armas de fuego ilegales parece ir en aumento. Para enfrentar el problema, el país ha declarado periodos de amnistía cada cierto tiempo, en los que pueden entregarse las armas no registradas sin consecuencias. Pero dado que solo se han entregado unas cuantas docenas de armas cada vez, es claro que esta no es una solución a largo plazo para recoger las 7.000 armas de fuego ilegales que se estima hay en Barbados, según Small Arms Survey.