El desmantelamiento de una comisión anticorrupción por parte del expresidente de Guatemala, Jimmy Morales, ha vuelto a irse contra él, pues la fiscalía está pidiendo que se le despoje de inmunidad con el fin de decidir si cometió un acto ilegal al destituir al director de la comisión.
El 21 de abril, el Ministerio Público de Guatemala presentó una petición para revocar la inmunidad de Morales, afirmando que violó las normas constitucionales en 2017 al destituir a Iván Velásquez, quien era el director de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Morales declaró a Velásquez persona non grata y le prohibió ingresar al país.
Durante su mandato (2016-2020), Morales se convirtió en un vehemente opositor de la CICIG —órgano judicial respaldado por las Naciones Unidas que lideró una de las campañas anticorrupción más exitosas de la región— dado que emprendió investigaciones en torno a él y a su partido político por presunto financiamiento ilícito de campañas.
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La petición se produjo días después de que el fiscal anticorrupción, Stuardo Campo, declarara que iba a presentar una solicitud para despojar de inmunidad a Morales; sin embargo, fue trasladado antes de que pudiera hacerlo. Morales posee inmunidad como miembro del Parlamento Centroamericano (Parlacen), cargo que ocupa desde que terminó su periodo presidencial en 2020.
Según Campo, Morales violó el acuerdo de Guatemala con la CICIG al expulsar a Velásquez, a pesar de que la Corte de Constitucionalidad del país había dictaminado que no podía hacerlo. En comunicación con InSight Crime, Campo explicó que el Ministerio Público adelanta varias investigaciones en torno a Morales, entre ellas una por su posible papel en la asignación, presuntamente fraudulenta, de un importante proyecto de construcción de carreteras.
En 2019, Morales llevó a Guatemala al borde de una crisis constitucional, cuando unilateralmente canceló el mandato de la CICIG y expulsó a la comisión del país.
Análisis de InSight Crime
La pérdida de inmunidad de Morales a causa de sus esfuerzos por acabar con la CICIG sería bien merecida, dado que él orquestó el desmantelamiento de la comisión una vez que esta comenzó a investigarlo.
Creada en diciembre de 2006, la CICIG fortaleció las capacidades de investigación de los fiscales locales y ayudó al Ministerio Público a enviar a la cárcel a un expresidente y una ex vicepresidenta guatemaltecos. Enjuició además a casi 700 personas, entre las que se encuentran ministros, legisladores, jueces y empresarios.
Pero la CICIG empezó a ser blanco de aquellos a quienes estaba investigando, especialmente de Morales. La comisión inició una investigación en torno a las finanzas de su partido, además de investigar al hermano y al hijo de Morales por presuntos actos de corrupción. Ambos fueron arrestados en enero de 2017 acusados de fraude, pero luego fueron absueltos.
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Morales llevó su cruzada contra la CICIG hasta la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. En un discurso de agosto de 2018, calificó a la comisión como una "amenaza para la paz" y la acusó de sembrar "terror judicial" en Guatemala.
Morales ya había anunciado que no renovaría el mandato de la CICIG, y finalmente la suprimió en septiembre de 2019.
"Gracias a Dios nos deshicimos de ellos", les dijo Morales a sus partidarios.
Si bien la expulsión de Velásquez por parte de Morales todavía podría causarle problemas, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ) ha impedido los intentos anteriores de despojarlo de su inmunidad, tanto durante su presidencia como después de ella.
Este tira y afloja en torno a Morales hace parte de una pugna mayor entre los que atacan la impunidad en Guatemala y las élites que pretenden menoscabar su labor.
Por ejemplo, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) emitió recientemente órdenes de captura contra operadores políticos acusados de tráfico de influencias en el proceso de selección de puestos judiciales importantes.
Pero, al mismo tiempo, el Congreso de Guatemala ha intentado nombrar en las altas cortes a jueces que en el pasado han tratado de blindar a las élites políticas frente a las investigaciones, y que, incluso, han sido acusados de corrupción.
Además, el Congreso se ha negado a investir a Gloria Porras, magistrada reelegida para la Corte de Constitucionalidad del país, pero cuyos fallos han causado conmoción en el gobierno. Ella ha dicho que está siendo atacada debido a su lucha por el Estado de derecho y por combatir la corrupción. Si bien la CICIG ha desaparecido, el espíritu de sus batallas contra la corrupción continúa vivo.
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