Grupos criminales, que hicieron parte de las desmovilizadas FARC, buscan retomar las propiedades entregadas, lo que ha desencadenado una ola de violencia en el sur y centro de Colombia.
Desde enero hasta junio de 2021, se denunciaron al menos cinco masacres en los departamentos de Caquetá y Meta, según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Aunque las autoridades no han revelado todos los detalles de esos hechos, parecen tener relación con intentos de una serie de facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de reclamar tierras, propiedades y corredores de narcotráfico que alguna vez controló el desmovilizado ejército guerrillero.
El 6 de julio, cuatro cuerpos se descubrieron en el municipio de Mesetas, en Meta. Dos de las víctimas eran funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), organismo encargado de la devolución de tierras de las disueltas FARC a familias de la región. Los otros dos eran residentes que participaban en este proceso, después de ser desplazados de sus tierras por las FARC en 1999, según El Espectador. En Mesetas, hay activos tres antiguos frentes de las FARC, según informó la Defensoría del Pueblo en 2020.
Una semana antes, cinco personas fueron asesinadas en la población de La Sierra, en el límite entre los departamentos de Meta y Caquetá. El Frente Edison Cinco Mil del disuelto Bloque Oriental de las antiguas FARC se atribuyó la responsabilidad de la masacre.
Ataques anteriores presentan características similares. En abril, fueron asesinadas tres personas en Cartagena del Chairá, Caquetá, entre ellos dos excombatientes de las FARC. En abril, otras tres personas murieron violentamente en la misma población de Cartagena del Chairá. En ese caso, también dos de las víctimas eran excombatientes de las antiguas FARC. Uno de ellos, identificado como Wilmer Enrique Álvarez Medina, hacía parte del proceso de reinserción.
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El mismo patrón se repitió a lo largo de 2020, con ataques a excombatientes de las FARC, activistas locales y familias participantes de los proyectos de restitución de tierras.
Análisis de InSight Crime
Los intentos de las disidencias de las FARC por recuperar territorios que estuvieron bajo el control de la guerrilla ha sido una causa importante de violencia en los últimos años.
Gran parte de esa violencia es instigada por estos grupos para oponer resistencia a las condiciones definidas en el acuerdo de paz firmado en 2016 entre las FARC y el gobierno. Por ejemplo, las FARC se sometieron a entregar una lista de sus propiedades para reparar a sus víctimas. Pero varios comandantes disidentes, en especial Miguel Botache Santillana, alias “Gentil Duarte”, cuyo grupo mantiene presencia en Meta y Caquetá, han reclamado esas tierras y propiedades.
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Un investigador de un organismo internacional, que ha trabajado en el terreno y prefirió omitir su nombre por razones de seguridad, le explicó a InSight Crime que, en efecto, la violencia en los departamentos de Caquetá y Meta responde a la disputa que tienen las dos grandes disidencias al mando de Gentil Duarte y la Segunda Marquetalia por los bienes de las extintas FARC.
La lista de bienes a entregar de las FARC incluía 247 propiedades en Meta y 65 en Caquetá.
“El año pasado era el año en que tenían que entregar [Comunes, partido político de las desmovilizadas FARC] la lista a la SAE [Sociedad de Activos Especiales] de los bienes y dejar finiquitado el tema. En ese momento hubo muchas tensiones en los territorios, porque las disidencias decían que esos bienes eran de ellos.
La tensión se ha ido agudizando. El último informe publicado en marzo de 2021 por la Misión de Verificación de la ONU en Colombia advierte que, en los últimos años, la frontera entre Caquetá, Guaviare y Meta ha vivido un recrudecimiento del conflicto por cuenta de “la proliferación de grupos armados ilegales y organizaciones criminales que se enfrentan por las economías ilícitas”.
Otro problema ha sido la presencia de excombatientes desmovilizados de las FARC en estos departamentos. Han sido atacados repetidamente por sus antiguos camaradas, quienes los ven como traidores por deponer las armas. Después del acuerdo de paz de 2016, uno de los campamentos más grandes de reintegración a la sociedad para los excombatientes de las FARC fue el campamento de Mariana Páez en Meta. En 2017, tenía 565 residentes. Para 2020, las amenazas y asesinatos de excombatientes habían reducido su población a 155. En otro campamento en Meta, bautizado como La Guajira, al menos dos combatientes desmovilizados han muerto dentro del propio campamento.
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