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Bienes del narco en Costa Rica son una carga para los contribuyentes

COSTA RICA / 13 SEP 2021 POR ASHLEY PECHINSKI ES

En Costa Rica, el decomiso de bienes de narcotraficantes resulta ser más un pasivo que un activo para las autoridades.

Un gran número de procesos administrativos deben darse antes de que los vehículos de alta gama, las mansiones extravagantes y otros bienes costosos incautados a criminales puedan ser vendidos. Los problemas legales van desde bienes que están a nombre de personas que aún se encuentran en juicio, hasta bienes de narcos fallecidos cuyos herederos deben competir por los títulos de propiedad. Se estima que el Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD) gasta alrededor de $3.4 millones anuales en el mantenimiento de estos bienes.

Esto también incluye el mantenimiento de portafolios enteros de propiedades incautadas en grandes operativos. En mayo de 2021, en medio de una operación contra un grupo narco, las autoridades incautaron alrededor de 80 propiedades que posteriormente quedaron bajo el cuidado del ICD.

A medida que el flujo de cocaína a través de Costa Rica aumenta, y los actores criminales en el país se sofistican, la carga para el ICD puede aumentar rápidamente.

En una entrevista con el diario costarricence La Nación, el director del ICD, Sergio Rodríguez Rodríguez, explicó el alcance de los obstáculos que enfrenta el Instituto.

Mansiones vacías queman recursos

Hasta que se rematen los bienes, el ICD tiene la obligación de mantenerlos en buenas condiciones. Así pues, se espera que el ICD preste servicios de seguridad, limpieza y mantenimiento básico para los inmuebles. El Instituto tiene actualmente 44 propiedades bajo su cargo, situación que está desangrando su exiguo presupuesto. Para julio de 2021, 22 de estos inmuebles estaban en proceso de subasta, mientras que los 22 restantes se encontraban aún a la espera de decisiones judiciales.

Para exacerbar el problema está también la falta de compradores dispuestos a adquirir esas propiedades, pues la perspectiva de adquirir un inmueble expropiado a narcotraficantes produce recelo en muchos costarricenses, por temor a ser blanco de retaliaciones por parte de sus antiguos dueños.

VEA TAMBIÉN: Reacciones encontradas en Argentina por decreto de extinción de dominio

La lujosa mansión de Alejandro Jiménez González, alias El Palidejo, lleva siete años en custodia del ICD. Cada vez que se ofrece en subasta, los posibles compradores eluden la casa por los nexos con su antiguo dueño.

Otro predio en San Luis de Santo Domingo de Heredia está al cuidado del ICD desde 2006, y no ha podido subastarse porque los familiares siguen en litigio por la posesión de la residencia del convicto narco ya fallecido.

Un proceso largo y tortuoso

Al cerrarse el caso de un traficante, el juez que dicta el veredicto determina si los bienes deben ser devueltos o no a su propietario. Si el juez decide conceder la propiedad al ICD, el Instituto podrá disponer de ellos, explicó Rodríguez Rodríguez.

Todos los bienes son avaluados por la Unidad de Recuperación de Activos del ICD, donde son evaluados. Carros, muebles, y ocasonalmente un predio, pueden quedarse en el ICD o distribuirse a otros departamentos.

Otros objetos se rematan en subastas cerradas masivas, donde se venden los activos por un valor muy inferior a su costo de mercado. Para impedir que los traficantes o sus familias vuelvan a adquirir esos bienes, quienes deseen participar deben registrarse con el ICD, quien deberá aprobar con anterioridad a los participantes.

Luego de su venta, según la ley en Costa Rica, para maximizar las ganancias, los bienes monetarios pueden invertirse, usualmente en bonos, para capitalizar el interés que pueda adquirirse.

Sin embargo, el ICD está obligado a dividir los ingresos generados entre diferentes departamentos. El 30% de las ganancias generadas con los bonos debe destinarse a programas de prevención, tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas, desarrollados por el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA). Otro 30% se deja al IAFA como pago total para su uso en las necesidades de esa división. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Policía reciben 30% de esos ingresos para uso discrecional. El 10% restante se destina al ICD y se reserva para continuar el mantenimiento requerido para otros bienes en posesión del instituto.

VEA TAMBIÉN: ¿Pérdida de propiedad? Nuevos desafíos para narcobienes expropiados en México

Soluciones temporales

Con el gran número de inmuebles que siguen agobiando al ICD, el instituto ha recurrido a soluciones provisionales para mitigar el desangre de sus recursos.

La Nación informó que el ICD tomó posesión del Hotel de Paso Infinity, en Alajuela. Por primera vez en su historia, el instituto desea conservar el predio y mantenerlo como hotel. De acuerdo con Rodríguez Rodríguez, las tarifas por habitación oscilaban entre ₡15.000 (US$24) y ₡30.000 (US$48). Si el sistema judicial aprueba que el ICD usufructúe el hotel, generaría el dinero que tanto necesita para mantener otras propiedades y continuar la lucha contra el narcotráfico.

La institución también mantiene una flotilla de aproximadamente 1.300 vehículos incautados en varias operaciones. Como el ICD no necesita tantos carros para cumplir con sus deberes, parte de estos han sido prestados a oficiales del OIJ y la policía.

Otros vehículos han sido estacionados en propiedades incautadas, para hacer uso del espacio y reducir costos de mantenimiento. Sin embargo, oficiales de ICD han admitido que muchos de estos son vendidos por partes puesto que no valdrían mucho en una subasta.

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