Bajo la veeduría de observadores internacionales, las elecciones de este fin de semana en Venezuela mostraron bajos índices de interferencia por parte de grupos armados o el crimen organizado, pero se mantuvieron hechos de violencia aislados por parte de colectivos progobierno en zonas en las que se veía amenazada la convergencia entre poder político y economías criminales.
La violencia electoral fue localizada, y el estado de Zulia, al noroeste del país, se llevó la peor parte. En el ataque más impactante, hombres armados a quienes varios testigos describieron como “colectivos”, un término que designa a los grupos armados afines al régimen, llegaron a un centro de votación en el municipio de San Francisco y dispararon contra la gente, dejando muerto a un hombre de 38 años y heridas a otras dos personas.
Esto ocurrió después de que en un centro de votación en el vecino barrio de El Callao en el que se denunció que llegaron colectivos en motocicletas y disparando al aire para intimidar a los votantes.
Los candidatos también fueron víctimas de ataques. En un video que tuvo amplia circulación en las redes sociales venezolanas, el candidato al concejo de San Francisco Eduardo Labrador, del partido opositor Mesa de la Unidad Democrática (MUD), mostró heridas luego de una presunta golpiza a manos de un grupo afín al gobierno.
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También en Táchira, hubo denuncias de interferencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en las elecciones. El candidato de la MUD, Fernando Andrade, declaró al Diario de Los Andes que se impidió el ingreso de los testigos electorales a los centros de votación por la presencia del grupo armado.
La periodista venezolana de Infobae, Sebastiana Barráez, denunció en Twitter que hombres fuertemente armados del ELN amenazaron a los votantes de las ciudades de Palmarito y Los Ríos, en Táchira, diciéndoles que se fueran a sus casas si no iban a votar por el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Freddy Bernal.
También hubo denuncias aisladas de ataques violentos en otros lugares aparte de Zulia y Táchira, como las presuntas golpizas contra los activistas de derechos humanos Nelson Freites y Yonaide Sánchez cuando intentaban hacer monitoreo de las elecciones en Lara.
Antes de las elecciones, hubo otros actos de interferencia por parte del grupos armados, como a mediados de noviembre cuando el candidato a la alcaldía por la MUD en Mérida fue atacado con disparos mientras hacía campaña.
Análisis de InSight Crime
Aunque estas elecciones buscaban presentar una cara positiva a los observadores internacionales invitados por el gobierno al país, los hechos violentos aislados se presentaron en regiones en las que no solo se veían amenazados los intereses políticos, sino también los criminales con la posibilidad de que el PSUV perdiera esas plazas.
Al contrario de años anteriores, la violencia electoral se limitó a zonas geográficas específicas. Cuando los reporteros de InSight Crime visitaron los centros de votación en Caracas, observaron muy pocos votantes, la presencia palpable de colectivos progobierno, y varias tácticas que parecían diseñadas para confundir e intimidar a los votantes. Sin embargo, se presentaron pocos hechos de violencia y pocas señales de interferencia directa por parte de la delincuencia o de grupos armados en la capital.
En lugar de eso, se presentaron ataques en estados donde hay una alineación de los intereses criminales y los políticos y donde la oposición tenía opciones reales de ganar las elecciones. En Zulia, los medios de comunicación venezolanos han sugerido que el gobernador Omar Prieto ha ayudado a facciones armadas locales, específicamente a Los Leal.
Bajo su mandato, el estado ha descargado toda la fuerza contra los integrantes del Clan Meleán, rivales de Los Leal, y Prieto fue sancionado en 2019 por el Departamento del Tesoro estadounidense por permitir que continúe el lucrativo tráfico de drogas transfronterizo con una interferencia muy limitada de las fuerzas de seguridad del Estado.
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De la misma manera, el mandato del PSUV beneficia a los grupos criminales en Táchira. El candidato a la gobernación y acérrimo chavista Freddy Bernal es descrito como un vínculo clave entre el ELN y el régimen de Maduro. Después de ser nombrado como "Protector de Táchira". Este es señalado de haber organizado un encuentro en 2019 con la presencia de la cúpula del ELN y otros grupos armados colombianos y fue acusado de tener vínculos criminales por el entonces ministro de relaciones exteriores Carlos Holmes Trujillo.
En ambos estados, el tráfico transfronterizo de narcóticos, personas y contrabando es una fuente de ingresos importante para grupos criminales y políticos corruptos. Según un investigador en estudios políticos entrevistado por InSight Crime poco después de las elecciones, y quien solicitó que se reservara su identidad por razones de seguridad, el control del PSUV en estados de frontera como Táchira y Zulia crea oportunidades de ingresos ilícitos para soldados y policías, al facilitar las economías criminales, de manera que el régimen puede evitar pagarles directamente.
El otro factor común en ambos puntos álgidos de la violencia electoral es que la oposición mostró una amenaza creíble de derrota a los candidatos del PSUV. Un candidato opositor, Manuel Rosales, fue uno de los grandes favoritos y quedó elegido en Zulia a pesar de la supresión violenta de la votación, dijo en una conferencia de prensa que “se le puso fin a la destrucción de Zulia”.
Aunque el candidato a la gobernación del Táchira por el PSUV Freddy Bernal se las arregló para ganar, su margen de victoria fue minúsculo. El PSUV obtuvo el 41,03 por ciento de la votación, en comparación con el 40,17 por ciento obtenido por el principal rival, y durante las votaciones la pérdida parecía una posibilidad real para el partido de gobierno.
En un mensaje de audio de WhatsApp filtrado que circuló en las redes sociales durante la votación, Bernal condenó la baja participación e instó a los funcionarios a "movilizar" a la población, preguntando "¿dónde está el compromiso de las instituciones?". La interferencia del ELN en las mesas de votación comenzó poco después.
El marcado contraste entre la tendencia nacional de unas elecciones relativamente pacíficas y los estallidos de violencia concentrados en zonas con una importante integración de las economías delictivas y el poder político sugiere que estos ataques fueron impulsados por intereses locales temerosos de perder controlar.
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