Las autoridades brasileñas están endureciendo las restricciones sobre los mineros ilegales de oro en territorio indígena yanomami, pero ante la migración de esos mineros a otros lugares, no parece que esta actividad ilícita sufra mella hasta que entre en vigor la legislación contra el “lavado” de oro.
La Policía Federal de Brasil (PF) anunció el 2 de marzo que solo se permitiría salir entre 7 a.m. y 5 p.m. (hora local) a los mineros ilegales que estaban desalojando en lancha las regiones Palimiú y Walo Palis, en el estado de Roraima, norte de Brasil. Se instalaron puntos de control en los ríos Mucajaí y Catrimani y se inspeccionaría a las lanchas que pasaran, informó la policía.
La medida hace parte de una operación contra la minería ilegal de oro, iniciada en febrero para desalojar a los mineros ilegales de las tierras pertenecientes a la etnia yanomami. La minería ilegal ha causado extenso daño ambiental en ese estado, y se ha acusado a los mineros de atacar a los yanomami y de incendiar sus casas.
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El 23 de febrero, las autoridades anunciaron que reforzarían la presencia de fuerzas de seguridad en Roraima después de que una flota de lanchas de mineros derribaron una barricada en el río Uraricoera y abrieron fuego contra funcionarios del gobierno, según información de UOL Brasil.
A pesar del ataque, las medidas contra la minería ilegal en Roraima han sido exitosas en su mayoría: para el 23 de febrero, solo permanecían unos 1.000 mineros ilegales de los cerca de 15.000 que se estimaba que operaban en el estado, según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil (Ministério da Justiça e Segurança Pública).
Sin embargo, existe el temor de que los mineros desalojados de Roraima estén simplemente reubicándose en otras zonas vecinas. Una carta publicada a mediados de febrero por la Federación de Organizaciones Indígenas del Río Negro (Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, FOIRN) afirmó que se observaba una presencia en aumento de mineros con maquinaria pesada invadiendo territorios indígenas en Pico da Neblina, estado de Amazonas, en límites con Roraima.
Análisis de InSight Crime
Los operativos del gobierno contra los mineros ilegales son solo una medida paliativa hasta que se pongan barreras al blanqueo de oro extraído ilegalmente, justamente lo que busca una legislación recién aprobada.
Por largo tiempo, la laxitud regulatoria en Brasil ha abierto el espacio para que actores ilegales “blanqueen” el oro extraído ilegalmente para negociarlo en el mercado legal. A mediados de febrero, la policía develó una presunta operación de contrabando de oro ilegal avaluado en US$800 millones. Los implicados fueron acusados de usar documentación falsa para esconder el origen del oro sacado ilegalmente del estado de Pará, al norte del país.
Pero la implementación de la Resolución No. 129 por parte de la Agencia Nacional de Minería de Brasil (Agência Nacional de Mineração, ANM), responsable de la inspección de explotaciones mineras, ha comenzado el proceso de endurecer el comercio de oro en Brasil, lo cual añade una capa de seguridad contra el blanqueo de metales preciosos de procedencia ilegal.
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Anteriormente, los compradores de oro solo necesitaban confiar en la “buena fe” de los vendedores de oro; no había un mecanismo legal que obligara a demostrar el origen lícito del oro en venta, y la facturación en papel facilitaba el fraude.
Con la sanción de la Resolución No. 129, los compradores de oro ahora tienen sistemas para comprobar que el oro que compran no se extrajo ilegalmente. Según Reuters, el gobierno brasileño esta considerando introducir facturas electrónicas sobre las ventas de oro y metales preciosos para hacer mucho más difícil la falsificación de estas.
Las ramificaciones de esta nueva legislación podrían tener gran alcance. Según el Instituto Escolhas, centro de pensamiento brasileño que estudia el desarrollo sostenible, el 98% del oro extraído en territorios indígenas de la Amazonía entre 2018 y 2020 mostró evidencia de ilegalidad, lo que significa que fue extraído por fuera de las zonas mineras designadas o registrado falsamente como procedente de zonas aledañas.
Pero aunque la regulación es una medida en la dirección correcta, tendrán que resolverse los problemas presupuestales de los organismos estatales para que la legislación tenga el impacto buscado. La ANM ha tenido dificultades en el pasado por la falta de financiación. En 2021, empleó a solo 250 inspectores para vigilar cerca de 35.000 explotaciones mineras en todo el país. Hacerle seguimiento a estas medidas adicionales no hará más que aumentar la carga de trabajo.
A pesar de la promesa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de revertir la explosión de actividad criminal en la Amazonía, que tuvo lugar en el mandato de su antecesor Jair Bolsonaro, en un contexto de cotizaciones históricas de los precios del oro, detener la minería ilegal puede demandar un drástico incremento de los recursos del Estado.
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