El expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia fue declarado culpable en un caso que ilustra cómo los más altos niveles del poder judicial en el país se habían convertido en un sindicato criminal.
Francisco Ricaurte fue condenado el 9 de marzo por formar parte de una red de sobornos conocida como el Cartel de La Toga, en la que magistrados y abogados recibieron grandes sumas de dinero por parte de élites políticas a cambio de asegurarles resultados positivos en la Sala Penal, informó el Tiempo. Ricaurte fue magistrado del máximo tribunal de Colombia de 2004 a 2012 y fungió como presidente de esta entidad en 2008.
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En esta organización también participaron el fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y el abogado Leonardo Pinilla. También están acusados los exmagistrados de la Corte Suprema Camilo Tarquino y Gustavo Malo Fernández. El expresidente de la Corte, José Leonidas Bustos, también está mencionado en el caso pero niega las acusaciones.
Las investigaciones de las autoridades, entre ellas la misma Corte Suprema, determinaron que el Cartel de la Toga estaba dedicado a ofrecerle a élites políticas –como congresistas y gobernadores– manipular las investigaciones en su contra a cambio de sobornos de cientos de miles de dólares.
Durante el juicio de Ricaurte, el exfiscal Moreno, quien fue condenado en 2018 por hechos de corrupción ligados al Cartel, testificó que el grupo era “una organización criminal”.
Análisis de InSight Crime
El Cartel de la Toga, cuyo líder era Ricaurte, tiene todas las características de una estructura de crimen organizado.
El juez que condenó a Ricaurte afirmó que era él quien "buscaba los clientes, definía los cobros que se hacían y los pasos por seguir", informó El Tiempo. Ademas, el juez afirmó que el exmagistrado había corrompido a otros funcionarios para su beneficio personal.
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Entre los casos más notables destaca el del exgobernador del departamento de Córdoba, Alejandro Lyons, quien fue sentenciado en 2018 a 5 años de cárcel luego del desfalco de alrededor de 100 mil millones de pesos de las arcas del departamento (alrededor de US$2.7 millones).
Sin embargo, hoy en día permanece en libertad en Estados Unidos después de colaborar con la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus iniciales en inglés) contra el Cartel. En 2017, los agentes de esta institución observaron a Lyons reunirse con Pinilla en un centro comercial de Miami, donde el exgobernador le entregó un sobre con US$10.000. Posteriormente, Pinilla se reunió con Moreno para entregarle este sobre.
Otros casos que salpican a la rama legislativa son los de los exsenadores Musa Besaile y Álvaro Ashton. Besaile, quien testificó en contra de Ricaurte, pagó 2 mil millones de pesos (alrededor de US$560.000) al exfiscal Moreno para asegurar que la investigación que tenía abierta en la Corte Suprema por sus vínculos con paramilitares saliera a su favor. Por su parte, Ashton le entregó a la red 300 millones de pesos (aproximadamente US$84.000) para archivar el proceso en su contra, también por el escándalo de la llamada "parapolítica".
"No era corrupción sofisticada", dijo el juez que sentenció a Ricaurte. "Esto es vil corrupción simple".
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