Los disparos de hombres armados contra las cámaras de vigilancia policial en la ciudad de Culiacán, México no solo deja ciegas a las autoridades, sino que además vuelve a poner de presente el control de los carteles.
Los ataques contra las cámaras de vigilancia se han convertido en una gran preocupación para las autoridades, tanto que los agentes de la Fiscalía General de Sinaloa recogieron casquillos de escopeta después del último incidente, que ocurrió el 9 de octubre, según informó el medio Debate. Dichos disparos, en un puente afuera del centro de la ciudad, les siguieron a otros que se presentaron el 28 de septiembre, en el que 84 cámaras fueron destruidas.
De acuerdo con los habitantes de la zona, alrededor de las 5 de la mañana de ese día se escucharon disparos en las calles. Poco después, en las redes sociales se publicaron videos de los disparos, que algunos confundieron con tiroteos. Las autoridades afirman que los hombres armados se movilizaron por la ciudad en al menos ocho camionetas. Además, según un informe de la Revista Espejo, los criminales esparcieron alambres de púas en las calles para pinchar las llantas de los vehículos de la policía.
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Tras el ataque, unas 150 personas empleadas en negocios alrededor del centro de la ciudad renunciarion a sus trabajos por temor a desplazarse hacia la zona.
Según funcionarios de seguridad de la ciudad y el estado, es probable que la policía municipal haya colaborado en esta ola de ataques contra las cámaras de vigilancia. El secretario de Seguridad de Culiacán, Mauricio García Ramírez, dijo a la Revista Espejo que al menos cuatro elementos de la unidad de prevención de la policía están siendo investigados por posibles vínculos con grupos criminales.
Análisis de InSight Crime
Aunque existe un debate sobre la efectividad de las cámaras de vigilancia para disuadir el crimen, no hay duda de que destruirlas ayuda a los grupos criminales a intimidar a los negocios, obstaculizar el trabajo de la policía y reafirmar su control sobre los residentes de Culiacán.
Las cámaras son “los ojos de la policía”, como expresó el subsecretario de Seguridad, Carlos Alberto Hernández Leyva, en 2019, cuando se reportó que 400 cámaras ya no estaban en funcionamiento luego de una serie de disparos y robos contra estos implementos.
Adicionalmente, aparte de dificultar los patrullajes, la destrucción de estas cámaras drena el presupuesto de seguridad del estado.
Desde 2013, el gobierno de Sinaloa ha comprado más de 2.600 cámaras, lo que representa una inversión de unos 236 millones de pesos (unos US$11.5 millones) en el sistema de vigilancia policial, según la Revista Espejo.
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Para principios de octubre, solo 45 de las 300 cámaras de vigilancia de la ciudad continuaban en operación. Desde que comenzaron a ser implementadas en 2017, más de 1.000 cámaras han sido destruidas por grupos criminales, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública publicados por la Revista Espejo.
Sin embargo, a pesar del número de cámaras destruidas, solo una persona ha sido arrestada por los ataques al sistema de vigilancia de la ciudad.
La destrucción de las cámaras de seguridad de Culiacán parece ser un acto sistemático. Por esta razón, lo más probable es que sea obra del Cartel de Sinaloa, o de bandas contratadas por dicho grupo criminal.
La comunidad de Culiacán no es ajena a este tipo de muestras de poder por parte de los carteles. En octubre de 2019, la ciudad fue sitiada por hombres armados que obligaron a la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. Así pues, la reciente destrucción de las cámaras de vigilancia en la ciudad pone de presente la omnipresencia del grupo una vez más.
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