Un magnate empresarial, presunto líder del Cartel Texis de El Salvador, se libra una vez más de la justicia, luego de que un juez lo sobreseyera de cargos por lavado de dinero.
Un tribunal de apelaciones en El Salvador falló el 21 de mayo a favor de José Adán Salazar Umaña, alias “Chepe Diablo”, al concluir que no debe ser juzgado por el lavado de cerca de US$100 millones, por ser “cosa juzgada”, según informó El Diario de Hoy. Los abogados de Salazar Umaña ya habían alegado que el proceso judicial lo sometía a doble juzgamiento, el principio legal que establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.
En abril, los abogados de Salazar Umaña declararon en el tribunal que este ya había sido juzgado por lavado de dinero, cuando concilió un caso anterior de evasión de impuestos. Al exalcalde de Metapán Juan Umaña Samayoa, cómplice de Salazar Umaña, también se le retiraron los cargos en el veredicto del 21 de mayo, emitido por la Cámara Segunda de lo Penal.
Esta cámara estaba lista para fallar en el caso contra Chepe Diablo y Umaña Samayoa cuando sus abogados presentaron la apelación para que se desestimaran los cargos. Ambos enfrentaban penas de 15 a 20 años de cárcel, de ser condenados.
Tanto Salazar Umaña como Umaña Samayoa se han declarado inocentes.
El juicio contra Chepe Diablo y Umaña Samayoa comenzó en octubre de 2020. Los fiscales los acusaron a ellos y a otras siete personas de transacciones por más de US$500 millones en ingresos no justificados por medio de una firma agroindustrial y un consorcio hotelero entre 2003 y 2015. La no declaración de esos ingresos, alegaban los fiscales, llevó a una pérdida de cerca de US$132 millones en impuestos, lo que configuraba la base para los cargos de lavado de dinero, informó el Diario El Salvador.
En el cierre del juicio en febrero, el fiscal David Leiva hizo énfasis en la gran cantidad de evidencia presentada por la Fiscalía General para el caso, incluidos 2.600 documentos probatorios, 100 testigos y 3.000 páginas de testimonios de peritos.
Análisis de InSight Crime
El proceso de Salazar Umaña había sido un caso histórico en el terreno del crimen organizado en El Salvador, y es muy probable que el sobreseimiento tenga repercusiones en los círculos del poder en Estados Unidos, un gobierno que considera el país cada vez más favorable a los intereses corruptos.
Por largo tiempo, Salazar Umaña ha mantenido una fama de intocable, gracias a sus considerables conexiones en círculos empresariales y políticos. Durante décadas, había logrado evadir investigaciones serias hasta su detención hace cuatro años y su reciente juicio.
Aunque nunca se le ha acusado de narcotráfico, a Salazar Umaña se le ha señalado por largo tiempo de ser el líder del Cartel Texis, el clan mafioso más poderoso de El Salvador. Estados Unidos lo incluyó en la “Lista de Capos” de la droga en 2014. Tres años después, fue retirado de dicha lista, cuando el Departamento del Tesoro estadounidense determinó que la evidencia era insuficiente para demostrar que seguía desempeñando “un rol importante en el tráfico internacional de narcóticos”.
Un informe de El Faro en 2011 relató por primera vez la fundación del Cartel Texis por parte de tres actores, incluido Salazar Umaña. Según la investigación, en 2001 la Administración para el Control de Drogas (DEA) estadounidense entregó un expediente que demostraba los vínculos de Salazar Umaña con intereses del narcotráfico y el lavado de activos.
Salazar siempre ha alegado que su cuantiosa fortuna se derivó de sus negocios legítimos, que incluyen producción de granos, transporte de carga y hotelería.
Esa fortuna, sin embargo, le ha acarreado problemas. En abril de 2014, los fiscales acusaron a Salazar Umaña de evasión de impuestos en 2010 y 2011. La auditoría financiera llevó a una investigación por lavado de activos después de que se estableciera que no logró justificar más de US$1,4 millones en ganancias solo en 2010.
Para conciliar en la investigación por evasión fiscal, Salazar Umaña pagó más de US$1 millón en efectivo al Ministerio de Hacienda de El Salvador. La investigación por lavado de activos fue dilatada y archivada por el entonces fiscal general Luis Martínez, quien ordenó a sus fiscales que destruyeran la evidencia y devolvieran los documentos incriminatorios. Martínez ahora debe responder por cargos de corrupción en un caso ajeno al de Salazar Umaña.
El fiscal general Douglas Meléndez, sucesor de Martínez, reabrió la investigación. En abril de 2017, las autoridades detuvieron a Salazar Umaña y allanaron más de dos docenas de propiedades y negocios conectados con él.
Ahora, después de cuatro años en los juzgados y de un juicio de cuatro meses, el caso contra Salazar Umaña se ha desestimado por lo que parece ser un tecnicismo jurídico.
El cuestionable fallo se presenta en un momento en que El Salvador y otros países, como Guatemala, parece desafiar abiertamente la presión estadounidense para que tomen medidas enérgicas contra la corrupción.
A comienzos de este mes, los legisladores alineados con el presidente salvadoreño Nayib Bukele destituyeron al fiscal general del país y a cinco magistrados de la corte constitucional. Los legisladores también aprobaron una ley que otorga inmunidad a funcionarios públicos acusados de obtener beneficios indebidos durante la pandemia de COVID-19.
Es probable que los recientes descargos aumenten las tensiones entre El Salvador y Estados Unidos, particularmente dado que el congresista estadounidense James McGovern, demócrata de Massachusetts, había impulsado la investigación sobre el Cartel de Texis poco antes de que Chepe Diablo fuera arrestado.
La decisión de "retirar los cargos y anular los resultados del juicio, a pesar de las abundantes pruebas de múltiples crímenes, es un duro golpe para el debilitado sistema de justicia de El Salvador", dijo McGovern mediante un correo electrónico enviado a InSight Crime.
*Este artículo ha sido actualizado con el comentario del congresista McGovern
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