Chile ha dado mayor margen de maniobra a la policía para el uso de fuerza contra sospechosos de delitos, pero es improbable que la acelerada respuesta a una ola de ataques mortales contra las fuerzas de seguridad pueda resolver las causas de los problemas de seguridad en el país.
Varios agentes de la Policía Nacional de Chile, los Carabineros, han sido asesinados o heridos en las últimas semanas. En el último hecho, tres agentes fueron abaleados el 12 de abril durante un operativo de seguridad en La Florida, al sureste de Santiago, la capital del país.
Antes de esto, tres más resultaron muertos en hechos distintos en 23 días, que culminaron con la muerte de Daniel Palma, asesinado el 5 de abril en una parada de tráfico en el centro de Santiago.
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En respuesta, el gobierno aceleró el trámite de una nueva legislación contra el crimen. Conocidas en conjunto como las leyes Naín-Retamal, esta normativa endurece las penas para quienes cometan delitos contra los Carabineros y otorga a la policía derechos de autodefensa especiales. Cuando los Carabineros usan sus armas en defensa propia, la ley asumirá que lo han hecho "siguiendo principios profesionales", declaró la ministra del interior Carolina Tohá. No obstante, se abrirán investigaciones en casos que susciten sospecha.
“Esta [ley] nos permitirá, junto con otras leyes que ya han sido aprobadas en la agenda de seguridad, avanzar con nuevas herramientas para combatir el delito”, declaró el presidente del Senado Juan Antonio Coloma, en un comunicado de prensa.
En 2022, Chile tuvo un sorprendente incremento de 32% en los homicidios, muchos de ellos concentrados en la región del norte con la llegada de la megabanda venezolana el Tren de Aragua.
Análisis de InSight Crime
La medida gozó de buena acogida, como mostró una encuesta reciente, con un respaldo público de 79% para los Carabineros. Esto representa un incremente sobre noviembre de 2021, cuando el índice de aprobación de la institución policial cayó a 45% por las acusaciones de brutalidad policial frente a las protestas sociales en todo el país.
"La opinión del público ha cambiado [...] porque ya no estamos hablando de las causas sociales detrás de las manifestaciones. Hablamos de crímenes muy violentos que no respetan edad, sexo, discapacidades ni vulnerabilidades", señaló Pilar Lizana, investigadora del centro de investigación chileno AthenaLab, en entrevista con InSight Crime.
Ha habido gran inquietud, sin embargo, por las consecuencias que pueda tener dar carta blanca a la policía. Los legisladores que se oponen a esta nueva ley la llamaron la “ley gatillo fácil”, mientras que organizaciones de derechos humanos han manifestado que los cambios dan inmunidad a los carabineros en la comisión de abusos. Incluso el presidente Boric, aunque respaldó la ley, llamó la atención sobre la tradición de brutalidad policial en Chile.
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La historia de Latinoamérica está llena de episodios de advertencia. En Brasil, la policía ha recibido amplio margen de maniobra para combatir la delincuencia, y los operativos en los sectores marginados en las periferias de las ciudades, conocidos como favelas, muchas veces adolecen de exceso de fuerza, abusos por los que contados agentes de policía han tenido que rendir cuenta.
Un triste ejemplo de la brutalidad policial en Brasil se conoció en 2021, cuando la policía allanó la favela Jacarezinho en Río de Janeiro buscando al Comando Rojo (Comando Vermelho, CV) y asesinó a 25 personas. Ese año, las muertes de civiles a manos de la policía brasileña superaron en 9 veces las de sus homólogos estadounidenses, según el LA Times, citando al centro de pensamiento Foro Brasileño de Seguridad Pública.
En 2022, Latinoamérica y el Caribe tuvieron ocho de los diez países con los peores índices de asesinatos por parte de la policía en el mundo, según el World Population Review.
Claudio González Guarda, director del Centro de Estudios sobre Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, dijo a InSight Crime que esta ley podría no marcar una gran diferente en el panorama de la seguridad chilena, pues su formulación se hizo de manera apresurada y se moderó a su paso por el Congreso.
"En términos prácticos, no es mucha la diferencia […] en realidad es simbólica", afirmó.
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