El cierre de una prisión estatal en México es una respuesta poco convencional del gobierno frente a las precarias condiciones de los reclusos, pero no será una solución definitiva a los problemas de fondo que aquejan a los centros penitenciarios del país.
La instalación de Temascaltepec, estado de México, fue cerrada permanentemente esta semana por fallas de seguridad y falta de recursos básicos, según un comunicado de la secretaría de seguridad del estado.
La prisión, al parecer, no tenía servicios adecuados de salud y educación ni suficientes zonas de esparcimiento para los internos. Sin dichos servicios, el gobierno estatal consideró que los presos no gozaban de condiciones de vida adecuadas y además tenían vedado el acceso a los servicios necesarios que favorecieran su transición para la reinserción a la sociedad.
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Los representantes del gobierno también afirmaron que no podían ofrecer seguridad adecuada para mantener el orden en la prisión. Aunque no se explicó hasta qué punto había llegado la violencia en el penal, un buen indicador puede ser que la prisión carecía de “áreas disciplinarias”, donde se suponía que estarían retenidos los internos cuando transgredieran las normas, según un informe de 2019, de la Comisión de Derechos Humanos del estado de México.
El informe también incluyó este centro carcelario en su lista de instalaciones estatales con sobrepoblación.
Los 164 privados de la libertad están siendo trasladados a otras instalaciones dentro del estado de México, incluidas algunas de Valle de Bravo y Almoloya de Juárez. La prisión de Tenancingo del Sur —abierta recientemente y que se promociona por su énfasis en programas sociales, en línea con las directrices de las Naciones Unidas— también recibirá a algunos reclusos.
Análisis de InSight Crime
Aunque reconocer que la prisión de Temascaltepec no ofrecía las condiciones adecuadas es un paso en la dirección correcta, clausurarla puede ir en contravía con un avance a largo plazo. En lugar de eso, agrava la situación para otras prisiones y no ayuda mucho en la resolución de las fallas estructurales a nivel nacional.
El sistema penitenciario mexicano se ha caracterizado por su escasez de personal, las malas condiciones de higiene y la falta de “oportunidades de desarrollo de las habilidades sociales para la reinserción entre los presos”, según señala un reporte de Estados Unidos sobre los derechos humanos en algunos países, incluido México.
Casi la mitad de las prisiones del país padecen hacinamiento —donde cinco o más personas deben compartir una celda— y en el trece por ciento, más de quince personas comparten el espacio de un calabozo, apunta el informe.
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El estado de México no es la excepción. La prisión de Temascaltepec fue identificada por la Comisión de Derechos Humanos de México como una de varias instalaciones con problemas de sobrepoblación, seguridad y recursos básicos. Esto pese al hecho de que muchas de las cárceles de la lista fueron cerradas temporalmente para hacer reformas a comienzos de la década de 2010.
“No sirve de nada tener menos centros penitenciarios pero igual o mayor población privada de libertad. Este escenario abre paso a más violaciones a derechos humanos”, escribió ASILEGAL, grupo de defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad en México, en un comunicado de octubre de 2020.
Finalmente, una investigación realizada por Milenio en 2020 halló que en un lapso de 14 años el gobierno invirtió más de US$2 millones en la infraestructura y la seguridad de seis prisiones en todo el país, solo para que de todos modos se cerraran o quedaran inactivas.
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