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Clanes, corrupción y delincuencia transfronteriza en Argentina

ARGENTINA / 18 MAR 2021 POR INSIGHT CRIME ES

Los clanes criminales en Argentina se fortalecen con el aumento del consumo interno de estupefacientes, mientras que las redes de tráfico proliferan en sus regiones fronterizas.

InSight Crime pasó dos años mapeando la evolución del crimen organizado en Argentina, como parte de una investigación en profundidad sobre el crimen transfronterizo en 39 departamentos del Triángulo Norte en Centroamérica y la Triple Frontera en el Cono Sur.

Con el ánimo de comparar las dinámicas criminales en estos departamentos, InSight Crime realizó un trabajo de campo exhaustivo y usó cinco series de datos con base en el Índice de Crimen Organizado Transnacional en Latinoamérica (LATOCI).

A continuación, se presentan los tres principales hallazgos de la investigación de InSight Crime sobre las provincias fronterizas en Argentina:

Clanes locales se fortalecen e intensifican la violencia

El hampa argentina ha estado dominada históricamente por clanes familiares dedicados al narcotráfico. En los últimos años, el aumento acelerado del consumo de cocaína y marihuana ha favorecido el crecimiento de dichos grupos.

En 2019, la Organización de Estados Americanos (OEA) informó que Argentina ocupaba el segundo lugar en consumo per cápita de cocaína en el hemisferio occidental, superado solo por Estados Unidos. Casi el dos por ciento de la población habían consumido cocaína en el último año, según la OEA. El aumento del consumo se había intensificado, en parte, por la mayor participación del país como punto de tránsito de cocaína.

El incremento en el consumo de drogas ha "cambiado la dinámica criminal del país", lo que incluyó unas condiciones propicias para el crecimiento de los clanes familiares —muchas veces con conexiones políticas— que vieron una oportunidad en el tráfico de narcóticos en las regiones fronterizas argentinas, como afirmó Jeremy McDermott, codirector de InSight Crime.

El Clan Castedo, por ejemplo, domina el tráfico de cocaína en la provincia de Salta, que comparte una frontera terrestre con Bolivia. El grupo ha usado su control sobre las tierras que se encuentran a ambos lados de la ciudad fronteriza de Salvador Mazza para garantizar el almacenamiento y transporte de la cocaína sin contratiempos.

VEA TAMBIÉN: Crimen fronterizo: El Triángulo Norte y la Triple Frontera del Cono Sur

El clan narco Los Monos —con sede en la ciudad portuaria de Rosario, Argentina— ganó poder con el control del movimiento de cocaína. Pero los recientes arrestos de importantes miembros del clan, incluido el veterano patriarca de la familia Ariel Cantero, alias "El Viejo", llevó a una lucha de poder con otras pandillas y a brotes de violencia por el narcomenudeo en las calles.

Misiones: principal punto de entrada para el crimen organizado

La provincia de Misiones sigue siendo un punto de ingreso importante para la marihuana y el contrabando procedentes de Brasil y Paraguay.

Misiones es una de las provincias más importantes de Argentina para el tráfico de marihuana y el paso de contrabando.

InSight Crime halló que Misiones es una de las dos provincias más importantes para el tráfico de marihuana, junto con Corrientes

La marihuana se introduce a Misiones principalmente por el río Paraná, donde los controles son escasos. Cerca del 60 por ciento de los decomisos de marihuana del país se hacen en esta provincia del noroeste argentino. La marihuana también se lleva a Corrientes, otra provincia fronteriza, luego de lo cual se mueve más al interior.

Las docenas de rutas usadas para transportar marihuana a Misiones son muy transitadas por los contrabandistas que llevan cigarrillos, textiles y productos de higiene básicos, como desodorante.

Con las medidas drásticas contra el narcotráfico tomadas por las autoridades en Salta, se teme que se abra una puerta para que los grupos criminales transporten cocaína por las porosas fronteras alrededor de Misiones.

Simbiosis de crimen organizado y corrupción

La corrupción ocurre tanto en los niveles nacionales como departamentales en Argentina, pero de maneras distintas. Aunque los grupos del crimen organizado han sido incapaces de infiltrar el estado nacional en Argentina, las redes de élites políticas se han visto implicadas en esquemas de lavado de dinero y aceptación de sobornos.

La expresidenta y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha sido acusada de liderar una red de lavado de dinero. Las autoridades judiciales también sostienen que Kirchner recibió sobornos a cambio de contratos de obras públicas, licencias para juegos de azar y permisos relacionados con la industria petrolera.

Entretanto, en las zonas fronterizas de Argentina, redes locales conformadas por policías, jueces y políticos corruptos facilitan el tráfico de marihuana.

"El crimen organizado está permeando el Estado en casi todas las esferas, aunque las actividades criminales parecen ser distintas cuando se habla de élites políticas en el ámbito federal, y políticos y fuerzas del orden a nivel local", señaló McDermott.

Un ejemplo de esto son los funcionarios y autoridades locales en el municipio ribereño de Itatí, ubicado en la provincia de Corrientes, que estaban detrás de una enorme red de tráfico de marihuana.

V EA TAMBIÉN: De santuario argentino a corredor de marihuana: la historia de Itatí

En 2019, un inspector municipal de policía, Luis Saucedo, fue acusado de liderar una organización criminal llamada “Los Gordos”, que traficó grandes cantidades de marihuana desde Paraguay hasta ciudades de toda Argentina pasando por Itatí.

Saucedo dependía de la ayuda de un gran grupo de funcionarios estatales corruptos en Corrientes, incluido el exintendente de Itatí, Natividad "Roger" Terán, para facilitar el almacenamiento y el traslado de la hierba. La participación de Terán en la red combinaba la política y el crimen organizado, al punto de que las autoridades afirman que Saucedo financió la campaña de Terán con dinero del narco.

InSight Crime siguió su caso y descubrió que Los Gordos lograron penetrar las instituciones del Estado, incluida la prefectura naval, la gendarmería nacional, la policía federal y el sistema judicial.

Una dinámica similar parece afectar otras provincias fronterizas, como Formosa.

“El caso de Itatí es sin duda la punta del iceberg”, como declaró un exfiscal del caso a InSight Crime. “La red de conexiones entre políticos, fuerzas de seguridad y narcotraficantes ha existido por muchos años y seguirá existiendo. Pueden cortarse algunas cabezas, pero enseguida surgirán otras".

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