Ante el exiguo apoyo de los gobiernos en medio de una deforestación galopante, las comunidades indígenas de Brasil están usando drones para vigilar la Amazonía por su cuenta.
A mediados de julio, se habían entregado 25 kits de monitoreo a cinco comunidades indígenas de varios estados brasileños, gracias al apoyo de organizaciones como el Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wildlife Fund, WWF).
Entre las beneficiadas están la comunidad Uru-Eu-Wau-Wau en el estado de Rondônia, oeste de Brasil, quienes han sido víctimas frecuentes de expolio de tierras y tráfico de madera, y cuyos territorios siguen reduciéndose, como lo denunció Folha de São Paulo.
Este programa se inició en 2019, con capacitación para las comunidades sobre técnicas para el uso de los drones, procedimientos para acceder a las imágenes, video y datos de GPS, y protocolos de denuncia ante las autoridades, según informó CNN.
El proyecto busca brindar una ventaja tecnológica para monitorear un abanico de economías criminales, como la tala, la minería, la pesca ilegales y la expropiación de tierras, ante la inacción sostenida del gobierno brasileño. Entre agosto de 2020 y julio de 2021, hubo un incremento de 28 por ciento en la deforestación ilegal en la Amazonía brasileña, según Science Magazine.
"Hay poca acción de los responsables de combatir la deforestación en la Amazonia [...] es incluso más importante que los mismos grupos indígenas tengan mecanismos para monitorear [posibles delitos ambientales cometidos en sus territorios] y que traten de defender sus territorios por sí mismos", declaró a Folha Felipe Spina, del WWF.
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Los drones amplían de manera significativa la extensión de tierra monitoreable por parte de las comunidades, y les permiten registrar y denunciar delitos ambientales sin el riesgo de confrontar a los actores criminales, quienes en muchas ocasiones asesinan a los defensores de tierras. En 2021, hubo por lo menos 19 defensores de tierras asesinados en Brasil, de acuerdo con datos de Mongabay.
Pese a la amenaza de deforestación sobre las comunidades locales y los ecosistemas, a los gobiernos estatales de la cuenca amazónica les han faltado los recursos o la voluntad para combatir las amenazas de deforestación, informó Folha. Casi la totalidad de la capacitación y los equipos han sido entregados por organizaciones no gubernamentales.
En Perú y Ecuador, se han implementado proyectos similares, que amplían las capacidades de vigilancia de las comunidades indígenas en algunas de las zonas más afectadas de la Amazonía. El departamento de Loreto, al norte de Perú, es foco de deforestación y blanco de invasiones de tierra detrás de las cuales se encuentran grandes conglomerados agrícolas. Allí 36 comunidades indígenas recibieron equipos de monitoreo y acceso a una base de datos centralizada para el registro de delitos ambientales, como lo informó Mongabay en 2020.
Análisis de InSight Crime
Las comunidades indígenas son consideradas unos de los mejores guardianes de la diversidad del Amazonas, pero son blanco recurrente de violencia por parte de mineros, taladores y pescadores ilegales, así como de invasores de tierras, que pretenden expropiar sus recursos.
Cabe anotar, sin embargo, que es difícil pasar de la capacidad de tener un mejor registro de la deforestación ilegal a la acción efectiva.
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En Brasil, la postura negacionista del presidente Jair Bolsonaro hacia la protección de la selva tropical se ha traducido en una inacción casi absoluta contra los invasores de los territorios indígenas. En mayo, Folha de São Paulo informó que, desde la llegada al poder del presidente Bolsonaro, menos del tres por ciento de las alertas sobre deforestación encontraron respuesta de las autoridades.
Y en mayo de 2021, se abrió una investigación contra el ministro de medio ambiente brasileño y el jefe de su instituto de protección ambiental por presunta connivencia con empresas madereras que extrajeron más madera de la permitida.
En Perú y Ecuador, donde los gobiernos han mostrado menos displicencia frente a los delitos ambientales, el caos político, el descontento social y la agudización de la inseguridad han relegado la protección de la selva en la lista de prioridades.
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