Los funcionarios estadounidenses están considerando denominar a las organizaciones narcotraficantes mexicanas como grupos terroristas, lo cual llevaría a una errónea caracterización de esta amenaza a la seguridad y llevaría al uso de estrategias incorrectas para hacer frente al problema.
En un testimonio reciente ante comités del Senado de Estados Unidos, tanto el secretario de Estado Antony Blinken como el fiscal general Merrick Garland afirmaron que considerarían denominar a los grupos criminales mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE). Esto ocurrió cuando respondían a las preguntas del senador Lindsey Graham, quien más tarde presentó un proyecto de ley para designar a las principales organizaciones criminales de México como OTE.
Las propuestas para designar a los grupos criminales mexicanos como OTE se presentan en un momento en el que el fentanilo traficado por estas organizaciones está contribuyendo a la crisis de consumo de drogas y muertes por sobredosis en Estados Unidos.
“Es una terrible epidemia, la cual ha sido desatada a propósito por el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Jalisco Nueva Generación”, dijo Garland ante el Comité Judicial del Senado.
Quienes defienden dicha propuesta afirman que ello permitiría reforzar las respuestas de los organismos de seguridad estadounidenses frente al crimen organizado de México, así como aplicar sanciones y penas criminales más duras. Pero la propia Casa Blanca ha cuestionado esa premisa.
“Considerar a estos carteles como organizaciones terroristas extranjeras no nos otorgaría ninguna autoridad adicional a las que ya tenemos”, dijo un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional en comunicación con InSight Crime.
¿Es más efectivo?
El hecho de no considerar a los grupos criminales como OTE no ha impedido que los organismos de seguridad de Estados Unidos lleven a cabo investigaciones en torno a dichos grupos o a que se les enjuicie por cargos relacionados con el terrorismo. Aunque la pandilla centroamericana Mara Salvatrucha (MS13) no ha sido considerada como una OTE por Estados Unidos, los fiscales de dicho país han levantado cargos de terrorismo contra presuntos pandilleros.
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Es posible que designar a dichas organizaciones como OTE no fortalezca las respuestas de los organismos de seguridad estadounidenses frente al crimen organizado mexicano, pero podría tener un impacto mucho mayor, pues permitiría una acción militar de Estados Unidos contra dichos grupos.
El senador Graham propuso atacar con drones los laboratorios de drogas en territorio mexicano, afirmando que “vamos a desatar la furia y el poder de Estados Unidos contra estos carteles”. Esto se asemeja a las posturas de otros legisladores, tanto actuales como anteriores, que han propuesto dar el paso hacia una respuesta más militarista frente al crimen organizado.
Sin embargo, el gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha rechazado el uso de la fuerza militar estadounidense dentro del territorio mexicano y ha calificado las posibles designaciones de OTE como “propaganda”. Si Estados Unidos toma acciones militares en México sin autorización, es casi seguro que violaría el derecho internacional y desataría una fuerte reacción diplomática de México y otros países.
Además, es probable que las estrategias antiterroristas militarizadas sean poco efectivas contra el crimen organizado porque los terroristas y los criminales tienen motivaciones radicalmente diferentes.
Si bien los grupos del crimen organizado y los terroristas usan tácticas similares, como ataques con bombas y secuestros, sus acciones tienen objetivos diferentes. Los terroristas tienen un objetivo político, mientras que los grupos del crimen organizado usan la violencia con ánimos de lucro, no con fines políticos.
Dado que los grupos terroristas tienen motivaciones ideológicas, eliminar a sus mandos puede debilitar o incluso desmantelar sus redes por completo. Pero eliminar a un líder criminal no acaba con la demanda de los bienes y servicios ilícitos que ofrece su grupo. Y mientras esa demanda permanezca, surgirá un nuevo líder o un grupo rival que satisfaga dicha demanda.
“Es como arar en el desierto”, dijo Robert J. Bunker, experto en actores violentos no estatales, adscrito a la Universidad del Sur de California, a InSight Crime. “Muchas de las organizaciones aparecen y desaparecen... o se fragmentan. Pero, finalmente, surgen nuevas organizaciones que ingresan a las economías ilícitas”.
Antecedentes poco prometedores
El senador Graham comparó su propuesta con el Plan Colombia, un proyecto iniciado a comienzos de siglo, en el que los gobiernos de Estados Unidos y Colombia cooperaron para combatir a los grupos guerrilleros involucrados en el tráfico de cocaína, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Pero las FARC y el ELN eran insurgencias políticas, a diferencia de las organizaciones puramente criminales que Graham propone atacar en México. Y la dinámica política del momento era completamente diferente. El gobierno de Colombia consideró terroristas a dichos grupos y aceptó la asistencia de Estados Unidos en materia de seguridad.
Aun así, el Plan Colombia tuvo resultados diversos. Más de dos décadas después del inicio del plan, el ELN continúa activo, al igual que diversas facciones de las FARC, una guerrilla ya desmovilizada. Y la producción y el tráfico de cocaína se mantienen en máximos históricos.
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Al parecer, la discusión sobre la denominación de los grupos criminales mexicanos como terroristas tiene que ver con conveniencias políticas más que con el interés de formular políticas de seguridad sólidas.
“La etiqueta de 'terrorista' tiene un gran atractivo no porque amplíe la autoridad legal, sino porque envía un mensaje fuerte”, dice Brian Michael Jenkins, experto en terrorismo de la Corporación RAND, en un informe de The Hill, sitio web de noticias políticas estadounidense.
Los funcionarios estadounidenses no han logrado conceptualizar con precisión la amenaza a la seguridad que representan los grupos criminales mexicanos; por el contrario, han recurrido a una retórica política que complica la formulación concienzuda de políticas.
En una reciente audiencia en el Senado sobre el tráfico de fentanilo, tanto legisladores como funcionarios anticrimen culparon a los “carteles” de México del problema de las drogas en Estados Unidos, lo que simplifica la naturaleza de estas complejas redes criminales y lleva a caracterizarlas de manera errónea.
Denominar a estos grupos como terroristas sesgaría de manera similar el debate sobre cómo responder de manera más efectiva a la amenaza que plantean.
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