El control del contrabando de vehículos por parte de las fuerzas de seguridad de Bolivia parece estar fracasando este año, debido a un aumento en el contrabando del país en general.

El pasado 18 de julio, una investigación de medios bolivianos reveló que la venta de vehículos ilegales y sin ninguna documentación, conocidos como chutos, estaba proliferando en línea, y que había al menos 20 sitios web dedicados a estas ventas. InSight Crime encontró varios grupos que ofrecen estos vehículos en Facebook e Instagram. Esta práctica incluso ha generado un baile popular en la red social TikTok.

El presidente de la Cámara Automotor Boliviana (CAB), Luis Encinas, dijo a Página Siete que “en el país hay al menos 350.000 autos chutos”. Los chuteros, como se les conoce a los contrabandistas de vehículos, llevan los autos desde Chile, Argentina, Perú, Paraguay y Brasil hasta Bolivia, donde se suelen vender por menos de la mitad del precio de lo que valdrían en el mercado legal.

En junio, el gobierno se comprometió a aumentar la seguridad en las fronteras para poner fin a todas las formas de contrabando. Pero el 9 de junio, según un comunicado de prensa del Ministerio de Defensa de Bolivia, varios chuteros emboscaron un vehículo militar de una patrulla anticontrabando en el municipio de Patacamaya, departamento de La Paz, al occidente del país. Cuatro soldados quedaron atrapados durante cierto tiempo y necesitaron ser rescatados por otras patrullas; las ventanas del vehículo fueron destrozadas y, según el diario El Deber, las armas y teléfonos celulares fueron robados.

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Esta confrontación no es el único reto al que se ha debido enfrentar recientemente el Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEOLCC). A mediados de julio, el ministro de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo Aguilar, anunció que el personal de la entidad había sido despedido y reemplazado, debido a denuncias de corrupción.

Como lo señala un informe de InSight Crime, Bolivia ha estado experimentando un aumento en el contrabando durante la pandemia.

Las aduanas bolivianas informaron que, de enero a junio de 2021, el gobierno había incautado autos de contrabando por un valor de más de US$19 millones. Pero en febrero, el entonces viceministro de lucha contra el contrabando, Gonzalo Rodríguez, afirmó que el número de vehículos de contrabando en Bolivia se había duplicado entre 2019 y 2020.

Análisis de InSight Crime

Bolivia ha tendido a militarizar la lucha contra el contrabando de vehículos y otros bienes durante muchos años, pero con pocos resultados.

Hace una década, en un sonado incidente, una patrulla de 15 soldados tuvo que huir tras ser repelida por un grupo mayor de chuteros cerca de la ciudad de Oruro.

Pero la reciente emboscada indica que los contrabandistas están ahora más activos. Durante la pandemia, las necesidades económicas han llevado a un aumento en los bienes de contrabando en Bolivia. Además, los bolivianos también han estado recurriendo al mercado negro como una fuente de empleo temporal.

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Sin embargo, las solicitudes de militarización han seguido creciendo, tanto dentro como fuera del país andino.

A principios de 2019, Bolivia anunció que instalaría 19 puestos de control militares a lo largo de su frontera con Chile, y otros seis en la frontera con Perú.

Más adelante ese mismo año, el gobierno de Chile envió tropas a sus fronteras con Bolivia, Perú y Argentina, con el fin de combatir a las bandas criminales dedicadas a la delincuencia transfronteriza.

Los organismos comerciales también han reclamado una acción militar. A finales de junio, el presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) de Bolivia, Agustín Mamani Mayta, pidió al gobierno que estacionara tropas en las fronteras y volara los caminos utilizados para el contrabando.

Los representantes de la industria estiman que Bolivia pierde entre US$2,5 y 3 mil millones cada año debido al contrabando.