Un paquete de controvertidas reformas legislativas se convirtió en ley en Honduras esta semana, y de paso hundió cualquier esfuerzo que aún quedaba por combatir la corrupción en el país.
Aprobadas a comienzos de octubre, las enmiendas al código penal, al código procesal penal y a la ley de lavado de activos entraron en vigor oficialmente el 1 de noviembre. El cambio más controvertido se encuentra en el Artículo 439 del Código Penal. En su nueva versión, establece que, como parte de cualquier acción emprendida contra el lavado de activos el Ministerio Público debe probar que los activos cuestionados tienen conexión directa con delitos específicos. En contraste, los acusados están exentos de demostrar el origen lícito del patrimonio investigado.
Desde la presentación de este paquete de reformas, hubo una fuerte condena internacional, de organismos como las Naciones Unidas y advertencias de que las reformas debilitarían gravemente la lucha anticorrupción en Honduras.
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Al dirigirse a los medios el 1 de noviembre, el director de la Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, reiteró que las reformas “consolidan [la impunidad] y debilitan la lucha contra las corrupciones [...] veremos las consecuencias en pocos días. Es grave”.
Las reformas tuvieron el apoyo incondicional de muchos diputados del gobernante Partido Nacional. Una de ellas, Waleska Zelaya, tenía una investigación abierta por la sospechosa venta de mascarillas por varios millones de dólares durante la pandemia.
Análisis de InSight Crime
Estas reformas no sorprenden, si se tiene en cuenta que Honduras, siguiendo el ejemplo de sus contrapartes del Triángulo Norte, ha ido consistentemente en contravía del fortalecimiento del estado de derecho.
El golpe más fuerte se dio en enero de 2020 con la desbandada de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), organismo anticorrupción respaldado por la Organización de Estados Americanos (OEA).
En junio de 2020, el Congreso hondureño aprobó un nuevo código penal que reducía las sentencias en casos de corrupción y narcotráfico, entre otras medidas que causaron polémica. Aunque en un principio se suspendieron a raíz de denuncias de los partidos de oposición y la sociedad civil, la Corte Suprema reaprobó el código penal a pesar de los críticos que alegaban que esto abría la puerta para sentencias reducidas o evasión de la cárcel para políticos corruptos y sus secuaces al margen de la ley.
Luego, en agosto de 2020, una corte de apelaciones exoneró de sus cargos a 22 de los 26 acusados en el sonado caso Pandora. Este caso fue uno de los estandartes de la MACCIH, que implicó a cientos de diputados y exdiputados y reveló el profundo arraigo de las redes de corrupción en el sistema político nacional.
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Todos estos cambios legales han ocurrido bajo el mandato del Partido Nacional, que gobierna Honduras desde 2010. Varios miembros de este partido han resultado implicados en actividades ilícitas que van desde narcotráfico transnacional hasta tráfico de madera y malversación de recursos públicos. En Estados Unidos, fiscales han acusado al presidente Juan Orlando Hernández de proteger a narcotraficantes a cambio de sobornos.
Como lo advirtió el jefe de la Unidad de Investigaciones y Seguimiento de Casos del Consejo Nacional Anticorrupción, (CNA), Odir Fernández, al discutir los últimos cambios legales, Honduras “está llegando a un punto de no retorno si no sabe escoger bien el próximo Congreso Nacional”.
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